Señor Director:

Hemos visto en la televisión largas colas de personas, en su mayoría mujeres, ante los tribunales de Familia, pidiendo las liquidaciones de las pensiones alimenticias adeudadas. Es la prueba que les permitirá solicitar la retención de una parte del 10 por ciento de sus fondos previsionales, que debiera retirar el alimentante deudor.

Esto hace visible una realidad social penosa, catalizada por la pandemia.

Lo preocupante es que los juicios por aumento o rebaja de pensión continuarán y aumentarán. Habrá demandas por aumento de la pensión alimenticia, porque el padre custodio quedó sin trabajo y necesita un mayor aporte del otro. O serán por rebaja de pensiones, porque el alimentante quedó desempleado o le han reducido el sueldo.

Hasta ahora, los apremios a los deudores contenidos en la Ley de “Abandono de familia y pago de pensiones alimenticias” no han sido eficientes. Ante esta situación, hay alrededor de cinco proyectos de ley que los aumentan, sea incorporando al deudor en el Dicom o creando un Registro Nacional de Deudores de pensiones alimenticias.

Sin embargo, la realidad dice que deberíamos entrar a una cirugía mayor. Asumir, por ejemplo, modelos exitosos, como aquel en que la pensión es pagada por una Agencia Nacional de Seguridad Social, que luego repite contra el deudor alimentario. Con esto nos aseguraríamos un sistema ágil y más digno. Los deudores se lo pensarán dos veces antes de no pagar, pues es una institución del Estado la que cobra.

Maricruz Gómez de la Torre Vargas
Profesora titular
Facultad de Derecho U. de Chile