En Sofofa, así como muchos otros actores de la sociedad civil, estamos trabajando una nueva hoja de ruta centrada en cómo transformar la crisis por la que atraviesa el país en una oportunidad para recuperarnos. Pero cabe preguntarse si es posible que el país tenga esa posibilidad con las dificultades que observamos para resguardar el orden público, base fundante para la vida en sociedad. Tres hechos ocurridos durante la semana pasada demuestran las falencias del Estado en esta materia acumuladas por largo tiempo.
Primero, la presencia de encapuchados alzando sus armas de fuego en la ruta pública que une Cañete con Tirúa y la quema de tres nuevas escuelas en La Araucanía. Segundo, los saqueos y barricadas, así como las amenazas y amedrentamientos a parlamentarios en los días previos a la votación de la reforma constitucional que autorizó el retiro del 10% del fondo de pensiones. Y tercero, enterarnos de que los presuntos responsables del envío de cartas bomba a un retén de Carabineros y a las oficinas de un consejero de Sofofa circulaban libres por el país, luego de haber sido condenados en España a 12 años de prisión y expulsados de ese país por atentados similares. Cabe recordar que las mismas personas habían sido liberadas e indemnizadas en Chile en el caso de instalación de artefactos explosivos el año 2006.
Los chilenos que viven amenazados por el narcotráfico, los habitantes de La Araucanía que viven atemorizados por la violencia, los carabineros que han sido objeto de atentados, además de tantos trabajadores de empresas que han visto afectada su fuente laboral por los efectos de la violencia, merecen que se haga justicia.
Pero por sobre todo merecen señales decididas de la política, especialmente por parte de aquellos que tantas veces contextualizan o directamente justifican las expresiones violentas, o de quienes, para eludir las propias, generalizan las responsabilidades a la sociedad toda o se limitan a pronunciar palabras de condena, sin acompañarlas de acciones legislativas coherentes con la gravedad de los hechos. En estas materias no caben las medias tintas. El orden público que permita a los chilenos vivir en paz es responsabilidad exclusiva del Estado, principio que fue reafirmado por los firmantes del Acuerdo por la Nueva Constitución y la Paz Social. Las políticas públicas para fortalecer las capacidades del Estado para alcanzar eficazmente este objetivo con el debido resguardo de los derechos humanos son responsabilidad de la política, del Ejecutivo y del Congreso. Y en ese sentido, el Estado en su conjunto y la política han fallado, al punto de que urge enmendar el rumbo. De lo contrario, será muy difícil que podamos volver a poner a Chile de pie, que es lo que todos queremos.
Javier Álvarez
Matías Claro
Matías Concha
José Carreño
Juan Andrés Errázuriz
Susana Jiménez
Bernardo Larraín
Daniel Llorente
Catalina Mertz
Aurora Olave
Jorge Ortúzar
Paz Ovalle
Victoria VásquezMiembros del Comité Ejecutivo de Sofofa