Como una “farsa electoral” han calificado los opositores el proceso que se inició con la designación de cinco miembros del Consejo Electoral, CE, por parte del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, totalmente adepto a Maduro, violando la Constitución, que señala debe ser la Asamblea Nacional (aún dominada por la oposición) la que los nombre.

La maniobra de Maduro no estaba completa hasta que, en un nuevo zarpazo a la legalidad, el TSJ suspendiera a las directivas de tres partidos opositores, nombrando a la cabeza de ellas a figuras que responden al régimen. Justifica esta intervención en que los dirigentes no habrían sido elegidos de acuerdo con los estatutos de las colectividades.

Este nuevo golpe a la oposición, que virtualmente la deja en la ilegalidad y le impide presentar candidatos bajo el nombre y símbolos partidarios, ha sido motivo de una dura declaración de Human Rights Watch, que plantea que esto “limita de manera injustificable los derechos humanos de los miembros y la libertad de asociación y expresión”. Además, “cercena los derechos básicos a la información y a la participación política, dado el sesgo de información y engaño a los votantes”.

En estas circunstancias es que la oposición, dividida a lo largo de la lucha contra el chavismo, tiene distintos pareceres sobre la conveniencia de participar en las elecciones. Hay algunos que sopesan presentar candidatos. Juan Guaidó y otros se niegan a entrar en un proceso que es una “trampa electoral” que no garantiza mínimas condiciones para “unas elecciones competitivas”.

Y aquí está el dilema, porque no presentarse significa entregarle la oportunidad al régimen de apoderarse de la Asamblea Nacional, repitiendo lo de 2006, cuando se boicoteó la elección y Hugo Chávez tomó el control total de Venezuela. Por otra parte, legitimar un proceso a todas luces viciado también podría traer graves consecuencias.

De ahí la estrategia de insistir en la presión internacional para obligar a Maduro a negociar, no ya su salida inmediata, sino un proceso de transición democrática que incluya las elecciones parlamentarias y unas presidenciales en que ningún candidato opositor esté vetado, con árbitros electorales independientes (no el actual CE), y en que se garanticen los derechos políticos de todos los ciudadanos. Hoy, muchos líderes opositores, o tienen condenas pendientes, o están procesados, presos, en el exilio o, como Leopoldo López, refugiados en una embajada.

Alarmante señal militar

La penosa situación de Venezuela, asolada por una crisis humanitaria derivada de la debacle económica producida por años de mal manejo, derroche y corrupción y agravada por la pandemia del coronavirus, preocupa a la comunidad internacional, que ha tenido episodios muy activos para la búsqueda de soluciones, y otros en que la inacción le ha permitido a Maduro avanzar en la perpetuación de su régimen.

El hecho de que los militares sean el pilar del poder, y que no den señales de aceptar la constitucionalidad democrática, desalienta las iniciativas de mediación. Alarmantes fueron las declaraciones del influyente ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino, quien señaló hace pocos días que “la oposición nunca jamás podrá ejercer el poder político mientras exista una Fuerza Armada como la actual: antiimperialista, revolucionaria y bolivariana”.

El destino de los venezolanos es incierto, y el acompañamiento de la comunidad internacional resulta imprescindible para encauzar un proceso que les devuelva la democracia.

China y su estatus de potencia

El coronavirus sacó de los titulares la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero no eliminó las tensiones, en particular con respecto a la situación en el Mar del Sur de China, donde la marina de Beijing realiza ejercicios militares, y hasta donde Washington envió dos portaaviones para demostrar su hegemonía marítima y disposición a proteger la libre navegación en aguas internacionales y la reclamación de soberanía de países ribereños.

Consciente de su papel clave en la recuperación mundial pospandemia, China se empeña en mostrar y ejercer su poder para anular las críticas a sus políticas, sean militares o de derechos humanos, como la aplicación de la ley de seguridad nacional en Hong Kong. Esta la tiene enfrentada a Gran Bretaña, con la que mantiene otro tema pendiente, el del 5G y Huawei, sobre el cual el embajador chino en Londres sugirió que podrían retirar inversiones si no se resuelve a su favor.

Beijing ha jugado la carta del poderoso, al tomar represalias comerciales contra Australia por proponer una investigación independiente sobre el origen del covid-19. China dejó de importar carne de algunas empresas australianas, subió aranceles a la cebada y recomendó a estudiantes y turistas no ir allá por brotes de racismo. Para Australia, cuyo primer socio comercial es Beijing, cualquier boicot es grave.

Es natural que una potencia emergente como China quiera aprovechar la oportunidad de mostrar el alcance de su poderío, pero puede ser contrario a su propio interés el abusar de este, en momentos de crisis económica mundial y de una pandemia que comenzó precisamente en ese país.