Señor Director:

El exabogado de la Vicaría de la Solidaridad Mario Márquez Maldonado escribió el viernes 10 de julio que la designación del ministro Raúl Mera Muñoz como integrante de la Corte Suprema sería “un aporte” a esta última, por haber sido él presidente de la sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua y redactor de fallo que la misma dictó el 14 de enero de 2013, en el cual se refrendó el desconocimiento de la Ley de Amnistía, ya perpetrado antes al fallarse el caso del homicidio de Luis Almonacid Arellano.

Dicho caso sentó jurisprudencia para que se desconociera esa ley expresa y vigente de nuestro ordenamiento jurídico. Con motivo de eso, el suboficial en retiro de Carabineros Primitivo Castro Campos me escribió un correo electrónico el 31 de mayo de 2007, refiriéndome que en 1974 había detenido, arriesgando su vida, a un sujeto que portaba un maletín con explosivos en la ciudad de Talca, individuo que le arrebató su fusil de servicio y lo percutó fallidamente, lo que dio tiempo al suboficial de extraer su revólver y dar muerte al malhechor (que a su vez también portaba un revólver). Por esa acción fue objeto de felicitación de sus superiores y anotación positiva en su hoja de servicios, habiendo resultado sobreseído en la causa seguida en 1974, de modo que pudo seguir en servicio hasta pasar a retiro.

Pero más de 30 años después, en virtud de la jurisprudencia sentada por el “caso Almonacid”, fue condenado por los mismos hechos, por fallos de la Corte de Apelaciones de Talca y de la segunda sala de la Corte Suprema, que a su vez dejaron sin efecto la sentencia de una ministra en visita sumariante que recién lo había vuelto a absolver en virtud de la cosa juzgada. Debió entonces entrar a Punta Peuco a cumplir cinco años y un día de presidio. En su caso se atropelló no solo la Ley de Amnistía, sino también la cosa juzgada, la prescripción y la verdad de los hechos, para extraer del fisco una indemnización millonaria. Esa nueva y antijurídica “doctrina” fue refrendada en la ahora elogiada sentencia redactada por el ministro Raúl Mera Muñoz.

El suboficial Castro Campos hace poco terminó de cumplir sus cinco años y un día de presidio en Punta Peuco. Fue otro “Dreyfuss” chileno, como hay tantos.

Ahora se pretende que esa atrocidad jurídica y humana, refrendada en un fallo contrario a Derecho redactado por el ministro Raúl Mera Muñoz, sea considerada como un mérito decisivo de este para ser designado miembro de nuestro más alto tribunal.

Pero, a la vez, hay parlamentarios de izquierda que se oponen a su designación porque, en otro fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua que él suscribió, se determinó que no había pruebas de que los más altos jefes del FPMR, Raúl Pelegrín y Cecilia Magni, después de atacar el retén de Los Queñes en 1988 y dar muerte a un suboficial de Carabineros, hubieran sido apresados y torturados por los policías y lanzados a las aguas del río Tinguiririca. El Informe Rettig había acusado a los carabineros de cometer esos “atropellos a los derechos humanos”, pero la Corte de Rancagua dictaminó que no había evidencia que lo acreditara así.

Es toda una paradoja, reveladora de la ausencia en Chile de un real Estado de Derecho (rule of law), el que se considere un mérito el desconocimiento de las leyes expresas y vigentes y, en cambio, un demérito el negarse a condenar sin pruebas a agentes del orden que enfrentaron en su tiempo a un grupo terrorista.

Hermógenes Pérez de Arce Ibieta
Abogado