Ausencia de convicciones

Múltiples son las razones por las que el avance legislativo del proyecto de retiro del 10% de los ahorros previsionales genera inquietud. El resultado no solo arriesga la sustentabilidad del sistema, sino que también compromete la posibilidad de que, durante los próximos años, se efectúen cambios que permitan avanzar de forma responsable en el desafío de incrementar los montos de las pensiones.

En efecto, la propuesta de creación del denominado Fondo Colectivo Solidario implicaría la instauración de un régimen previsional paralelo de cuestionable diseño, inspirado no en el resguardo del bienestar de los afiliados, sino que en el desmantelamiento de la capitalización individual. Así, uno de los mayores anhelos de la izquierda más dura, poner fin al modelo vigente y reemplazarlo por un inviable esquema de reparto, parece haber dado un paso hacia su concreción, recibiendo incluso apoyos del oficialismo. Y si esto explica el regocijo opositor luego de la votación del miércoles, también siembra un manto de dudas sobre las convicciones de una parte de la centroderecha respecto de elementos centrales de la institucionalidad económica.

Un debate decepcionante

El debate en la Cámara reveló un extendido y transversal desconocimiento del sistema previsional chileno. Los vacíos evidenciados en temas como el rol de las administradoras de fondos previsionales y el concepto de regresividad, la confusión respecto de qué se entiende por un sistema mixto o la escasa consideración de las implicancias económicas y sociales de las distintas alternativas caracterizaron buena parte de las intervenciones. El retroceso registrado por la bolsa en la jornada posterior —con su consiguiente efecto, por ejemplo, en los ahorros previsionales de los trabajadores— ilustra los efectos más inmediatos de una decisión de esta naturaleza y del pobre debate que la antecedió.

La combinación de desinformación e ideología explica la escasa receptividad parlamentaria a los argumentos técnicos. A su vez, la desprolijidad mostrada por una parte de los representantes de Chile Vamos —particularmente llamados, como coalición gobernante, a actuar con responsabilidad— sienta un dañino precedente para próximas discusiones complejas, desde los siguientes trámites de esta reforma hasta el futuro del proceso constituyente.

La focalización, otra víctima

Inquietan también algunos de los alcances de la negociación que, antes de la votación, sostuvo el Gobierno con sus bancadas, cuando, buscando impedir la aprobación de la reforma, llegó a proponer desistir de la focalización en beneficios que, a causa de la crisis, se están entregando a los más vulnerables. De esta manera, se planteó, por ejemplo, que, para acceder al Ingreso Familiar de Emergencia Plus, solo se exigiría estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH), eliminándose el Indicador Socioeconómico de Emergencia y el requisito de vulnerabilidad del RSH.

Tal planteamiento representa una renuncia al principio de la focalización, señal especialmente compleja en la delicada situación fiscal actual y que supone apartarse de un pilar estructural de la política social chilena moderna. Y si es cuestionable haber dado ese paso para intentar convencer a parlamentarios de su propio sector, los hechos han dado cuenta además de lo infructuoso que ello resultó. Ha quedado en cambio planteado un riesgo que ya varias voces han advertido: que el shock transitorio asociado a la pandemia tenga efectos permanentes sobre nuestra institucionalidad.

Jóvenes a la deriva

Las amenazas que plantea este panorama de debacle económica y precariedad política son especialmente graves para las generaciones más jóvenes. Una economía tambaleante y un mercado del trabajo deteriorado constituyen desafíos a los que el segmento de menor edad deberá enfrentarse. Pese a la ambiciosa agenda de reactivación, es probable que el empleo y el crecimiento disten de recuperar sus niveles precrisis durante un período largo. En este contexto, mayores dificultades para ingresar al mercado laboral y fricciones salariales son esperables, sobre todo para quienes tienen menor experiencia o comienzan a trabajar.

A ello se agrega el potencial impacto de la libre disposición de parte de los ahorros para la vejez, en una fórmula que resulta particularmente vaga respecto del modo en que los efectos serían compensados por el futuro ente público. Considerando que la propuesta en discusión admite el retiro total de los dineros si estos son inferiores a un mínimo —UF 35, cifra equivalente a $1 millón—, cerca de tres millones de afiliados podrían quedar sin saldo en sus cuentas individuales, teniendo más de la mitad cuarenta años o menos. La difícil trayectoria laboral que se anticipa para este segmento etario, sumada a la abultada pérdida de rentabilidad vinculada con una eventual no restitución de los fondos —entre 2002 y 2020, el fondo C ha tenido una rentabilidad real promedio del 5,15%—, pueden afectar tanto sus condiciones de jubilación futuras como la propia sustentabilidad del sistema en las décadas siguientes.