Un grave atentado contra la autonomía de los jueces podría producirse si senadores de oposición persisten en rechazar el nombramiento del ministro Raúl Mera en la Corte Suprema. Desde hace años se advierte en miembros de la Cámara Alta una desnaturalización de su papel en estos nombramientos. Un caso de especial connotación fue el veto liderado por el entonces senador Eduardo Frei contra la designación del ministro Juan Manuel Muñoz en 2013, fundándose en que este habría dictado resoluciones favorables a imputados durante la investigación de la muerte de su padre. Ahora algunos senadores de oposición han planteado que Mera no sería idóneo debido a la valoración de la prueba que hizo en el caso Los Queñes, aspecto en que la ley obliga expresamente al juez a fallar según la convicción que se ha formado. En este caso, además, el fallo absolutorio fue confirmado luego por la Corte de Rancagua y por la Corte Suprema, más allá de la calificación de los hechos. Igualmente critican su decisión de rechazar recursos de protección en materia ambiental, pues consideró que, en los casos relacionados con la bahía de Quintero, la complejidad de la materia hacía imposible el pronunciamiento en un procedimiento cautelar de urgencia.

Igual que la acusación constitucional impulsada en 2018 por el Frente Amplio a causa de diferencias políticas con resoluciones judiciales dictadas conforme a derecho —el episodio de las libertades condicionales—, la insistencia de algunos políticos en convertir esas discrepancias en razones para vetar a un magistrado es, por el solo hecho de formularse, un duro golpe a la independencia judicial. El mensaje es inequívoco: el juez que no se acomoda en sus decisiones a las valoraciones y preferencias de ciertos sectores ideológicos, aunque obre con imparcialidad y apego tanto a su conciencia como al derecho vigente, debe renunciar a cualquier cargo que requiera el voto de políticos ligados a esos sectores; y si ya ejerce tal cargo, debe temer seriamente su destitución. Esto no es otra cosa que la desembozada pretensión de someter a los jueces al poder de la contingencia política, y la forma más eficaz de cerrar el paso a muchos de sus mejores elementos, no dispuestos a exponerse a ordalías ideológicas incompatibles con su carácter y con la dignidad de sus funciones.

Lo anterior queda en evidencia también en las sórdidas tramas de operadores políticos y lobistas que muy parcialmente, y solo gracias a la investigación periodística, salen a la luz apenas se aproxima uno de estos nombramientos. Así se denunció en relación con la candidatura de la ministra Dobra Lusic en 2019, y ha vuelto a insinuarse en estos días, cuando un senador de la República denunció por los medios supuestas amenazas de operadores. La magnitud y recurrencia de este tipo de intrigas es desconocida para la opinión pública, pero no para los políticos involucrados, que sin embargo las cohonestan o se sirven de ellas, y que proliferan gracias a la complicidad de otras autoridades y al silencio de quienes podrían ejercer un liderazgo genuinamente republicano.