Son grandes las dudas por la reforma constitucional que dispone el retiro de recursos desde las cuentas de ahorro para la vejez, por la emergencia covid-19. El virus dura mucho más de lo proyectado en marzo. Este daño cruza niveles socioeconómicos: la fracción que perdió el ingreso laboral es grande en sectores pobres, medios y medio altos. Además, quienes han conservado el ingreso están ahorrando mucho más de lo habitual, cada uno en su nivel, porque no gastan en transporte, salidas, viajes, etcétera.

Este enorme siniestro colectivo es muy diferente de siniestros individuales no coordinados entre sí. Los siniestros individuales son susceptibles de seguros privados, de seguros sociales, de girar ahorros líquidos (cuentas de cesantía) y de girar créditos (desde cajas de compensación, cooperativas, incluso desde fondos de pensiones previa creación de acreedores diversos de los deudores). En cambio, los siniestros colectivos deberían ser tratados mayoritariamente con solidaridad pública.

Ante este siniestro colectivo, el Estado debería realizar transferencias masivas a quienes perdieron el ingreso laboral, reemplazando el 60% del ingreso anterior. No cabe la focalización tradicional hacia los vulnerables permanentes, excepto por topes similares al máximo imponible ($1.800.000 líquido). Después, ¿debiera devolverse esta ayuda al Estado? No. Basta con aceptar el aumento en los tributos y la disminución de subsidios del Estado, ambos necesarios para servir la nueva deuda pública entre todos los conciudadanos, incluyendo a las generaciones futuras, de modo solidario.

La reforma constitucional del 10% es impracticable. Aun de ser aprobada (por dos tercios), llegará muy, muy tarde. Son enormes los obstáculos sanitarios y operativos al recibir millones de solicitudes de retiro sin arriesgar infecciones masivas.

Segundo, es injusta, porque desconoce que la ayuda debería ir solo a quienes han perdido el ingreso laboral (en todos los niveles). Si la trabajadora que perdió el empleo tiene 25 años, tendrá un saldo pequeño, pero necesita un reemplazo de 60% igual. En el otro extremo, permitir retirar 150 UF libres de impuesto a quienes conservan su empleo y están ahorrando más de lo normal es absurdo.

Tercero, el Estado no repondrá el dinero retirado de las cuentas, bajo “criterio de progresividad”, porque se preferirá dejar actuar al Pilar Solidario. Siempre será superior eso a emitir bonos de reconocimiento, que son injustos ex post y pueden elevar el costo de la deuda pública. Con este fin puede proponer una ley impracticable o postergar la emisión de los bonos por décadas. Como el Estado no repondrá, esta reforma constitucional sacrifica la pensión contributiva de vejez, en distintos grados, a personas de distinta edad y densidad.

Cuarto, es discriminatoria porque excluye a los afiliados del sistema antiguo, siendo que también podrían girar el 10% de los derechos a pensión de vejez que poseen.

Quinto, esta reforma dejará de regir apenas venza el estado de excepción a causa del covid-19, lo que ocurrirá antes de la recepción de las solicitudes de retiro.

La salida a esta crisis es que el Gobierno, por su cuenta, fortalezca y prolongue de inmediato las transferencias estatales a quienes perdieron su ingreso. La prioridad es una implementación oportuna de esta ayuda estatal directa. El Gobierno debería reclutar a 10 gerentes de operaciones de alto nivel a dos misiones: quintuplicar la capacidad de la Cuenta RUT y la AFC para entregar beneficios monetarios con rapidez y a preparar la entrega de otros millones de cajas de alimentos en los próximos meses.

Salvador Valdés P.
Economía UC Y Clapes UC