Señor Director:

En medio de las urgencias legislativas en el contexto de la pandemia, otras discusiones fundamentales para nuestra comunidad y nuestra democracia también se han abierto. Ello, sin lugar a dudas, es una buena noticia. Se trata de temas en los que el Estado de Chile tiene una deuda profunda y que dicen relación con la niñez y la adolescencia.

Es de público conocimiento la urgencia que el Ejecutivo tiene por terminar con el Sename, que, a su vez, ha sido también una demanda de la ciudadanía. Sin embargo, la entrada en vigencia del nuevo servicio ha quedado sujeta a la aprobación de la ley de garantías, la cual no ha estado exenta de polémicas.

Desde ciertos sectores hay mucha reticencia respecto del reconocimiento expreso de derechos hacia niños y niñas (pese a que estos ya se encuentran consagrados en normas vigentes) y estiman que es una afrenta a la familia. Lejos de serlo, la ley de garantías no tiene otra pretensión que, por una parte, establecer un catálogo de obligaciones para el Estado, que resultan indispensables para que las familias puedan ejercer adecuadamente su rol de cuidado y protección. Y, por otra, instituir un sistema que articule la protección social de niños y niñas. Sin este, el nuevo Servicio de Protección Especializada simplemente no podrá funcionar.

Es de esperar que la ansiedad por sepultar el Sename no prime sobre la necesidad de contar —de una vez por todas— con un sistema que garantice todos los derechos para todos los niños y las niñas, y que comencemos a saldar la enorme deuda que tenemos con la niñez y la adolescencia.

Camila de la Maza
Coordinadora de Seguimiento Legislativo en Corporación Opción