Señor Director:

Consuelo Contreras responde mi carta anterior insistiendo en un punto con el que nadie podría discrepar. Por supuesto que el maltrato a los niños es un problema gravísimo que debemos enfrentar de forma prioritaria. Con todo, este gravísimo asunto se aleja no solo de la polémica que originó estas cartas, sino que también del contenido y motivaciones del proyecto de garantías de la niñez (si este fuese su propósito, de seguro tendría un apoyo transversal).

Volviendo al aspecto central de este intercambio, Consuelo se refiere al supuesto deber garante del Estado respecto de los derechos de los niños. La manera en que el proyecto de ley concibe esta idea presenta enormes dificultades. En rigor, ella apunta a que el Estado intervenga en la familia para juzgar el modo en que los padres educan a sus hijos en base a criterios como la “autonomía progresiva”. Así, se busca emancipar al niño de la autoridad de sus padres, a fin de que pueda ejercer libremente ciertos derechos individuales (a manifestarse, a la intimidad, etcétera). En este esquema, el Estado debe garantizar que el niño —considerado ya como individuo completamente autónomo y no como hijo y miembro de una familia— sea protegido frente a sus padres en el pleno despliegue de su autonomía.

Sin embargo, los padres son los primeros educadores de sus hijos y al Estado solo le compete —en este plano— colaborar con esa labor, no debilitarla ni menos usurparla. Este es, sin embargo, el riesgo que hoy corren las familias con proyectos como el de garantías de la niñez. Ni más ni menos.

Cristóbal Aguilera M.
Profesor de Derecho Universidad Finis Terrae
Director Corporación Comunidad y Justicia