Bajo este título y con el sello intelectual que imprime a sus opiniones sobre el acontecer nacional, Carlos Peña se ha referido en reciente columna de este diario a su preocupación por el incumplimiento de las leyes en nuestro país. Sus lúcidas reflexiones motivan otras que pueden complementarlas, por la importancia que tiene el tema en la estabilidad del Estado de Derecho y del gobierno democrático.

Como es sabido, las leyes son supuestos normativos de realidades futuras a partir de aspiraciones, ideas o experiencias pasadas: promesas que desde tiempos inmemoriales la humanidad se hace a sí misma para organizarse pacíficamente: imponen obligaciones, establecen derechos o prohíben determinadas conductas bajo amenaza del uso de la fuerza en caso de incumplimiento.

De indiscutible importancia, las leyes son escritas por especialistas con palabras y fórmulas lingüísticas de significado variable. Son espejos en los que se observan a sí mismos sus autores, ajenos al proceso de su aplicación y cumplimiento. Suelen considerar que todo está hecho cuando las palabras han sido escritas y el plazo es demasiado largo para asumir responsabilidades. La elaboración de las leyes, que son códigos normativos, difiere de los procesos de aplicación o códigos prácticos.

El exceso de abogados, leyes y olas de reformas con restricciones severas a la libertad de las personas contribuye al desarrollo de culturas legalistas y de judicialización extrema de los conflictos, y sus negativos alcances en la sobrecarga de trabajo e ineficacia del sistema adversarial de justicia. Se contribuye de ese modo a lo que algunos denominan los mitos del orden legal y de la seguridad jurídica. Orden legal que, en vez de consistir en una buena disposición de las leyes entre sí, integra un laberinto confuso y enredado con vacíos, lagunas, descoordinaciones y subordinaciones jerárquicas con que se forman y trabajan los abogados y jueces. Lo anterior justifica la necesidad de interpretarlas mediante los principios generales que se enseñan en los estudios de Derecho. Pero además de las leyes propiamente tales, el orden jurídico lo integran las denominadas fuentes del Derecho, como doctrinas, principios, costumbres, jurisprudencia y equidad, con arraigo variable según los sistemas legales.

El caso Salomón, la muerte de Sócrates en cumplimiento de la ley, y los dos mil días preso que vivió Gandhi por rebelarse contra leyes injustas de gobiernos opresores demuestran, entre otros procesos célebres de la historia del Derecho, la importancia de la equidad para resolver con justicia conflictos humanos que difícilmente pueden ser experiencias iguales.

En el país, las ambigüedades e incertidumbres del citado orden legal han conducido excepcionalmente al denominado activismo de los jueces y a la equidad para resolver determinados conflictos legales. Cabe recordar que, de acuerdo a nuestra Constitución Política, no pueden excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva el asunto sometido a su decisión. El tema no es nuevo, pues ya Aristóteles reconocía la inoperancia de las leyes que atribuía a la turbulencia de la vida y a la velocidad de los hechos, por lo que propiciaba la equidad de los jueces para compensar las imperfecciones del Derecho Positivo.

Un componente social que dificulta el cumplimiento de las leyes es la presunción de su conocimiento que, aunque necesaria y legítima, actualiza la importancia de su adecuada difusión a la población, especialmente cuando se relacionan con la vida cotidiana de las personas, el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones en la democracia del diario vivir. Para que los propósitos de las leyes se conviertan en realidades y estas sean obedecidas, deben ser conocidas mediante medios efectivos equivalentes a las láminas de bronce con la ley de las doce tablas colocadas en la plaza pública en Roma. Es un desafío país avanzar en esta dirección, que se asocia a la calidad de vida de las personas comunes.

Distinto es, por su gravedad, el incumplimiento de las reglas de parte de los parlamentarios, pues por el hecho de aprobarlas, deberían ser los primeros en cumplirlas con el ejemplo y la palabra, y con mayor razón cuando el mismo Congreso, a través de su biblioteca, realiza funciones de difusión de las leyes en lenguaje claro y comprensible por medio del programa denominado Ley Fácil.

Luis Bates