Un grupo de diputados ha solicitado al Ejecutivo, mediante un proyecto de acuerdo, que envíe al Congreso una iniciativa para establecer un impuesto a los activos financieros líquidos y no financieros de personas de patrimonio superior a los US$ 10 millones. Con una tasa de 2,5 por ciento, estiman una recaudación de US$ 6 mil millones. Se financiaría así una renta de emergencia de $420 mil por hogar durante seis meses. Estiman en más de cuatro millones los beneficiados.

Cabe advertir que, en general, este tipo de impuestos se aplica sobre los activos netos, es decir, excluyendo deudas; por ello, el monto de recaudación podría estar sobreestimado; también puede suponerse que se descontarían las sobretasas para los impuestos a los bienes raíces acordados en la última reforma tributaria. Por otra parte, el tributo aparece como alto en la experiencia comparada. Esta no es muy extensa, porque solo cuatro países desarrollados aplican este tipo de impuestos: en Bélgica, alcanza a un 0,15 por ciento de los activos; en Suiza, depende del cantón, pero no supera el 1 por ciento; en Noruega, es un 0,15 por ciento a nivel nacional y un adicional de hasta 0,7 por ciento a nivel local; en España hay una escala que va de 0,2 a 2,5 por ciento, pero las comunidades autonómicas pueden flexibilizarla. Otros dos países tienen algo que se acerca a un impuesto al patrimonio: Italia y Países Bajos. En el primero se aplica a los activos en el exterior y las tasas son bajas (0,2 para los activos financieros y 0,76 para bienes raíces). En el segundo se aplica como parte del impuesto al ingreso y tiene deducciones muy significativas. En todos estos casos, las recaudaciones son más bien menores, la base tributaria se puede erosionar fácilmente y generan distorsiones que los hacen muy costosos.

Respecto de la propuesta chilena, la tasa planteada tiene un carácter semiexpropiatorio: es difícil pensar que esos activos, en su conjunto, renten mucho más que ese 2,5 por ciento. Esto afecta el incentivo a la acumulación de riqueza y con ello el crecimiento económico. También hay evidencia acumulada en cuanto a que estos tributos desincentivan la innovación, que tiende a irse hacia otros lugares. Con todo, existe literatura académica que ha insistido en la posibilidad de cobrar este impuesto, acotar la erosión de su base y evitar las distorsiones. Sin embargo, sus argumentos no han sido convincentes. De hecho, Francia decidió en 2018 abolirlo, reemplazándolo por un tributo similar a nuestras contribuciones.

El Ejecutivo no debería tomar esta recomendación. El ejercicio, en todo caso, es revelador: en el último tiempo se ha hecho un lugar común demandar alzas de impuestos para financiar distintas iniciativas. Esta propuesta en particular, que parece sobreestimar su recaudación, beneficiaría por seis meses a apenas algo más del 20 por ciento de los chilenos. Esto da cuenta del “facilismo” que se ha instalado en el debate y el poco rigor de muchas iniciativas, en momentos en que la política requeriría de especial seriedad.