La tasa de graduación de la educación secundaria en Chile se ha acercado al 86 por ciento. Es una proporción relativamente alta en el concierto internacional; de hecho, los países con las mayores cifras bordean el 94 por ciento. Sin embargo, si bien en las últimas dos décadas ese guarismo ha ido subiendo, su ritmo se ha desacelerado: alrededor del año 2000, la tasa se acercaba al 77 por ciento y en 2010, a un 83 por ciento. Esto, a pesar de que en 2002 la educación secundaria se decretó como obligatoria. Ahora, la coyuntura por la que está atravesando el país podría significar un retroceso importante en estos logros, aumentando la deserción escolar. Esta es prácticamente inexistente en la educación básica, pero comienza a manifestarse en primero medio y ese riesgo puede incrementarse a propósito de la falta de clases presenciales, pero sobre todo como consecuencia de la crisis asociada a la menor actividad económica producto de las medidas de control de la pandemia. En efecto, si la situación económica de los hogares se deteriora y las perspectivas asociadas a continuar en la educación se oscurecen, la probabilidad de que la deserción ocurra se eleva significativamente.

La permanencia de jóvenes con riesgo de deserción se aborda hoy a través de diversos instrumentos. Tres son los principales: la subvención escolar pro retención, las becas de apoyo a la retención escolar y el programa de apoyo a la retención escolar. Este último brinda asistencia psicosocial, conteniendo a jóvenes que no ven mayor valor en permanecer en los planteles escolares. El segundo es un subsidio monetario a los estudiantes y sus hogares, el que incentiva la permanencia en las aulas, mientras que el primero es un aporte que reciben los colegios por gestionar la continuidad de los alumnos. Todas estas iniciativas han tenido, sin embargo, resultados acotados. Así lo sugieren, al menos, las evaluaciones que se han encargado a lo largo del tiempo, particularmente desde la Dirección de Presupuestos. Es discutible, entonces, que tengan ahora la capacidad para atenuar el impacto de esta crisis, tanto en el desarrollo educativo como en el presupuesto de las familias.

Al respecto, cabe considerar, por ejemplo, que la subvención se paga al año siguiente de supuestamente ocurrida la retención, calculándose en función de los estudiantes en riesgo de deserción que finalmente permanecen en el respectivo plantel. Sin embargo, es difícil verificar si esa permanencia fue efectivamente resultado de la gestión realizada por el colegio o si en realidad hubo previamente una mala clasificación del estudiante como “riesgoso”. Por ello, resultaría más eficaz entregar los recursos en el mismo período, contra un programa de acción concreto y con una posterior rendición de cuentas que podría agregar un reconocimiento especial a los planes que se muestren más eficaces. Un esquema de estas características habría sido muy útil en las actuales circunstancias. En cambio, en el diseño actual, los colegios y liceos recibirán este año una subvención correspondiente a la realidad de 2019 y, eventualmente, recién en 2021 aquella referida a la experiencia de este año; de este modo, es probable que ni siquiera se desarrollen planes que se hagan cargo de la especial situación de riesgo que hoy se vive. En cuanto a los otros instrumentos, quizá tampoco tengan mayor eficacia en la nueva coyuntura, tal como no eran especialmente apropiados en tiempos “normales”.

Así, parece evidente la necesidad de una estrategia renovada para enfrentar los riesgos de deserción que los estudiantes y sus familias enfrentan en las actuales circunstancias. Los programas debieran estar especialmente dedicados a mostrar el valor de permanecer en las aulas y permitirles así a los jóvenes proyectarse más allá de la difícil situación actual. Esto, habida cuenta de que la principal motivación para desertar es a menudo la imposibilidad de imaginar un proyecto de vida ligado al término de la educación, percepción que puede expandirse peligrosamente en el escenario que hoy se vive.