Señor Director:

Al proponer dejar en suspenso la elección de gobernadores regionales “hasta cuando se pronuncie el órgano constituyente”, Jaime Quintana ha evidenciado las incongruencias del acuerdo del 15 de noviembre. Dice que hay que esperar que ese órgano defina el régimen político. Si esa es la razón, ¿por qué no dejar en suspenso también la elección de senadores y diputados, ya que el eventual órgano constituyente podría optar por un Parlamento unicameral? ¿Y por qué elegir Presidente de la República si no sabemos qué estatuto tendría dentro del nuevo régimen político? ¿Qué pasa si ese órgano opta por un régimen parlamentario?

El debate constitucional es enteramente legítimo. El problema es el intrincado camino que eligieron los negociadores del 15 de noviembre, que algunos de ellos interpretan en clave refundacional. Ese acuerdo consagró, con la firma de varios parlamentarios, el cercenamiento de las atribuciones del Congreso Nacional en el terreno constitucional.

Quintana dice incluso que “no deberíamos seguir haciendo más reformas constitucionales, salvo las de extrema urgencia por la pandemia”. En otras palabras, el Congreso debería aceptar su automutilación en beneficio de una convención hipotética. Es la pulverización del republicanismo.

Sobre los gobernadores, Quintana dice que “en la definición legal nuestra, no quedó bien resuelta la lógica del mando, y un gobernador y un delegado presidencial se disputarían el manejo”. A confesión de partes, relevo de pruebas en materia de chapucería legislativa. Pero hay algo más: es evidente que la elección de gobernadores choca con la calculadora partidaria.

Quintana afirma que “postergar el plebiscito sería limitar la democracia”, pero no se hace cargo del dato fundamental: todos los cargos de representación que deben elegirse el próximo año (alcaldes, concejales, cores, senadores, diputados y Presidente) lo serán de acuerdo a las normas de la actual Constitución. ¿Qué sugiere al respecto? No se puede poner la realidad en suspenso. O sea, “se puede”, pero ese es un problema de otro tipo.

El acuerdo del 15 de noviembre parecía un puente para poner fin a la violencia y mejorar las instituciones. En realidad, era un túnel.

Sergio Muñoz Riveros