El proyecto de indulto conmutativo, recientemente rechazado por algunos parlamentarios en el Congreso, pretende atender una situación excepcional y de urgencia: la propagación de coronavirus en recintos penitenciarios y la preservación de la salud de la población penal. Se trata de una medida extraordinaria ante circunstancias excepcionales y que busca hacerse cargo de la posición de garante que tiene el Estado respecto de los privados de libertad. No se trata de una política pública que pretenda establecer una regulación universal y permanente, sino, como ha dicho el mensaje, atender una situación humanitaria y permitir que adultos mayores, mujeres embarazadas y madres con hijos menores de dos años puedan cumplir su pena bajo arresto domiciliario.

En este contexto, lo que ha hecho el ministro de Justicia, Hernán Larraín, es elaborar una ley para conseguir el objetivo planteado, con realismo, eficacia y sin sacrificar ningún estándar constitucional. Con realismo, porque lo que hace es medir el espacio político y legislativo existente y actuar con pragmatismo sobre esa base, a fin de no arriesgar un bien social superior, como es el adecuado resguardo de la vida y salud del grupo de riesgo privado de libertad. Con eficacia, puesto que de nada serviría caer en un largo espiral de búsqueda de satisfacción íntegra de todas las posiciones, máxime cuando el tiempo apremia. Y, por último, respetando la normativa vigente, ya que el presupuesto constitucional de la igualdad de trato y la no discriminación exige tratar igual los casos iguales, pero también establecer diferencias no arbitrarias cuando estos son distintos.

Nos parece que un indulto que excluye a personas condenadas por crímenes altamente graves, como los de lesa humanidad o delitos como la violación, el femicidio o el parricidio, entre otros, ofrece un criterio sólido y razonable, deferente con estándares internacionales y que cumple con el test diferenciador mínimo para despachar la propuesta de indulto conmutativo. Las aspiraciones específicas de los diversos sectores políticos deben ser pospuestas ante estas circunstancias de emergencia. El momento por el que pasa Chile y los riesgos sanitarios a los que está expuesta su población penal más vulnerable, nos impone avanzar en aquellos mínimos en que todos estamos de acuerdo.

Condicionar así este proyecto a requerimientos en el Tribunal Constitucional o a amarres legislativos, muy probablemente nos dejará como único saldo el que ni siquiera ante la urgencia sin precedentes que vive nuestro país, fuimos capaces de reaccionar a tiempo ante la amenaza de salud que enfrentan los más débiles de nuestro sistema carcelario.

Soledad Alvear