Todos los esfuerzos globales están hoy puestos en frenar el avance del covid-19, especialmente en la medicina, donde se desarrolla una carrera por encontrar la vacuna y tratamiento eficaces, pero también en el ámbito tecnológico, mediante el desarrollo de aplicaciones y otros instrumentos que faciliten el análisis de las causas de contagio, y la prevención y detección temprana de la enfermedad.

En esa área, diversos gobiernos han recurrido a medidas tendientes a recabar información respecto de la movilidad de las personas, para así determinar la expansión de la epidemia y la trazabilidad de los contagios, y también para controlar el cumplimiento de las cuarentenas. Para ello no solo se han usado medios como el reconocimiento facial y dispositivos de vigilancia existentes en recintos públicos y espacios urbanos, como cámaras y drones, sino también ciertas aplicaciones disponibles y otras recientemente creadas para estos fines, convirtiendo al teléfono celular en un instrumento clave para rastrear y controlar el contagio.

Países que muestran resultados más o menos satisfactorios en el combate de la pandemia han empleado estos recursos para identificar tempranamente a los infectados, localizar a sus contactos y asegurar su aislamiento. Incluso, se han aplicado técnicas de ubicación de personas previamente utilizadas en acciones de prevención antiterrorista, adaptándolas a los fines sanitarios. Asimismo, en algunos países se han derogado normas relativas a la restricción de acceso a registros médicos por el Estado, de manera de compartir información útil para el control de la pandemia. Todo ello ha abierto un debate a nivel mundial respecto de la legitimidad de esas intervenciones y la eventual necesidad de hallar nuevos equilibrios entre el derecho de las personas a resguardar sus ámbitos de privacidad y la necesidad del Estado de desarrollar acciones preventivas en materia sanitaria.

En efecto, la propagación del covid-19 ha llevado a las autoridades a desplegar herramientas de prevención y control inéditas en su magnitud y que suponen una restricción importante de los derechos de las personas, quienes por ahora se muestran dispuestas a aceptar esos nuevos límites con miras a un beneficio personal y social superior. Inquieta, sin embargo, que lo que hoy son medidas excepcionales de control se prolonguen en el tiempo y que —superada la crisis sanitaria— sean utilizadas con otros fines y se transformen en peligroso instrumento de vigilancia y represión. Tal como sería intolerable una sociedad en que el Estado restringiera permanentemente la movilidad de las personas o dispusiera su confinamiento, es importante que acciones que cuestionan el derecho a la privacidad tampoco sean normalizadas bajo el argumento de la eficacia.

Conscientes de los riesgos involucrados, los gobiernos europeos han tomado precauciones al utilizar los datos que las compañías de telecomunicaciones pueden proveer en el manejo de la pandemia, evitando cualquier identificación personal. En la misma dirección, empresas tecnológicas han señalado su voluntad de cooperar, siempre que se resguarde la privacidad de sus usuarios. Buscan así cuidar la confianza en su manejo de la información, la que en ocasiones anteriores ha sido defraudada por actuaciones muy discutibles de esas mismas firmas.

En general, las democracias occidentales han demostrado prudencia en el uso de los recursos tecnológicos útiles para frenar el contagio, transparentando los procesos de control utilizados. Sin embargo, la experiencia —por ejemplo, a propósito de la guerra contra el terrorismo luego de los ataques del 11-S— demuestra que aun los Estados democráticos pueden caer en prácticas reñidas con los principios que los sustentan. En un escenario mundial de alarma y donde ciertos regímenes autoritarios pretenden utilizar la crisis sanitaria para demostrar las supuestas ventajas de sus modelos de control social, resulta especialmente necesario resguardar el derecho a la privacidad como uno de los valores fundamentales del sistema democrático.