Aunque debió pasar por comisión mixta, finalmente se aprobó el proyecto de ley que posibilita que los trabajadores puedan acceder al seguro de cesantía aun si no se ha roto el vínculo laboral con su empleador. Esta posibilidad quedó acotada a las medidas sanitarias o de seguridad interior para el control del covid-19 que impliquen una paralización de actividades en todo o parte del territorio del país. Dicho acceso se financiará con dineros provenientes inicialmente de la cuenta individual del trabajador y luego, de ser necesario, del Fondo Solidario de Cesantía. Mientras ello ocurra, se suspenderán temporalmente los efectos de los contratos regidos por el Código del Trabajo, salvo la obligación de pagar cotizaciones previsionales y de seguridad social.

La iniciativa también permite acordar una reducción de la jornada que no podrá exceder un 50 por ciento de la pactada, mientras dure la emergencia. Los trabajadores que acuerden esta posibilidad podrán acceder a un pago complementario con cargo al seguro de cesantía de hasta un 25 por ciento de la renta imponible. Hay exigencias mínimas para acceder a estos beneficios y períodos máximos para los cuales estos arreglos pueden estar vigentes. En la comisión mixta se alcanzó un acuerdo para extender el plazo por el que regía la cobertura de 70 por ciento para las rentas inferiores a 500 mil pesos y flexibilizar los requisitos de acceso, para ampliar el número de los trabajadores beneficiados.

Se acordó, además, buscar una solución para los independientes, entendidos estos como las personas que no están cubiertas por el seguro de cesantía. El INE reporta que los ocupados informales en Chile —trabajadores dependientes sin acceso a seguridad social, trabajadores independientes que son dueños de negocios informales o que se desempeñan en actividades consideradas informales y ocupados en negocios familiares sin remuneración— representan un 30 por ciento del total de ocupados. Estos, unos 2,7 millones de personas, no estarían cubiertos por la iniciativa que se acaba de promulgar. Por supuesto, muchos de ellos recibirán los bonos aprobados hace algunos días y el Gobierno ya mostró disposición a entregar este beneficio por más de una vez.

Con todo, quizás se puede refinar el apoyo. Para ello debe tenerse en cuenta que un 45 por ciento de estos ocupados informales trabaja por cuenta propia. Otro 39 por ciento es, en rigor, asalariado. Una proporción importante emite una boleta por sus servicios con alguna periodicidad. Hay ahí un espacio para diseñar una política que los acoja y los proteja de caídas relevantes en sus ingresos. Adicionalmente, muchos de estos trabajadores han cotizado en el seguro de cesantía en el pasado, por lo que se puede indagar en las trayectorias de quienes ahora no están cotizando, pero lo hicieron antes, e intentar evaluar su situación actual. La realidad del mercado laboral es que las personas a veces son informales, pero en otras ocasiones entran a la formalidad. El Registro Social de Hogares es otra fuente de información para apoyar la identificación de informales que estén viviendo una situación compleja sin tener cobertura del seguro de cesantía. A su vez, los negocios informales a menudo tienen vínculos con alguna organización del Estado. Esos registros también podrían aportar luces para detectar personas con necesidad de apoyo.

Respetando razonablemente la privacidad, se pueden utilizar estas bases de datos para acercarse a trabajadores informales en riesgo de sufrir los efectos de la crisis económica que está acompañando la pandemia. Por cierto, en este proceso se pueden cometer errores y asignar recursos equivocadamente a personas que sí están adecuadamente protegidas, pero en las circunstancias actuales la perfección no puede ser la guía de las medidas de protección de ingresos para trabajadores vulnerables.