Las dificultades del proceso de admisión a la educación superior 2020 pusieron en la palestra una vez más la demanda por mayor equidad en la educación, relevando la urgencia de abordar este desafío.

Las críticas a la PSU no son nuevas. Ya en 2013 el informe Pearson sugirió una serie de modificaciones para mejorar el instrumento, y algunos académicos y otros actores de la comunidad educativa han manifestado, año a año, que esta prueba reproduce la segregación en nuestro país. En el año 2018, el Congreso Nacional decidió que era necesario elaborar un nuevo sistema de admisión; para esto, el Demre ha comenzado a explorar nuevas pruebas.

Entendiendo que ningún instrumento de medición o sistema de selección es ni será perfecto, el ranking de notas bien puede ser una herramienta complementaria que, en el corto plazo, contribuya a aumentar los niveles de justicia que se requieren en procesos de admisión a la educación superior. Este indicador se establece a partir del rendimiento académico de un estudiante en relación con el promedio de tres generaciones de estudiantes, permitiendo tener una noción de su desempeño general, desmarcándolo de un contexto de competencia directa por las notas; es decir: representa en alguna medida el grado en que el estudiante supo aprovechar las oportunidades de aprendizaje durante su trayectoria escolar.

Resulta particularmente prometedor darle mayor cabida al ranking como mecanismo de selección, dado que, contrario a la PSU, la evidencia muestra que es más equitativo (razón por la cual fue creado) y que un mal resultado en la prueba no es sinónimo de un mal desempeño futuro si se cuenta con adecuado acompañamiento.

Es especialmente importante destacar el ranking en el caso de las carreras de Pedagogía, ya que la Ley de Carrera Docente contempla como una de las alternativas de postulación que los estudiantes que hayan logrado al menos 640 puntos ranking puedan postular a las universidades adscritas al Sistema Único de Admisión (SUA), sin considerar los puntajes en la PSU. Sin embargo, existe poca claridad respecto de cuánto se ha facilitado esta modalidad, lo que es especialmente complejo en un contexto donde se proyecta un déficit de 32 mil docentes hacia el año 2025.

Teniendo en cuenta la difícil situación que atraviesan miles de jóvenes en nuestro país, el ranking parece ser una alternativa de acceso más justa para estos estudiantes. Aún más, cabe explorar este índice como uno que pueda incorporarse con mayor ponderación que pruebas tipo PSU de manera permanente.

Asimismo, se necesitan nuevas medidas de admisión a la universidad que busquen evaluar de manera integral las capacidades de los postulantes. Pruebas convencionales de logros, como la PSU, son limitadas y no miden el rango completo de habilidades (como las socioemocionales y las llamadas del siglo XXI, como pensamiento crítico, colaboración y creatividad) relevantes para el éxito en la universidad y la vida, por lo que es urgente pensar en un sistema más equitativo y representativo de la amplia gama de competencias que los estudiantes pueden aportar a los entornos universitarios.

Avanzar por una educación más justa requiere compromiso y una convicción de que existen estudiantes capaces y motivados en todo tipo de establecimientos del país y debemos hacer lo posible por apoyarlos para que puedan seguir con sus estudios. Las instituciones firmantes invitamos a las autoridades y a los planteles de educación superior a liderar un paso rápido en la reflexión y decisión sobre sistemas de admisión más equitativos para Chile. No hay tiempo, oportunidades ni talento que desperdiciar.

Alejandra Arratia
Fundación Educación 2020

Tomás Recart
Enseña Chile

Marcela Marzolo
Fundación Educacional Oportunidad

Francisco Javier Gil
Centro Internacional de Inclusión y Equidad en Educación Superior Cinesup