Es alentador constatar que hay crecientes consensos para avanzar hacia una solución integral en el sector salud, mediante un sistema único en el que se mancomunen los recursos asociados a un plan de salud para toda la población, para luego distribuirlos según las necesidades de salud de las personas (y no de su capacidad de pago).

Se ha señalado que ello es sinónimo de un “Seguro Público Único”; es decir, de un único oferente estatal del seguro o plan de salud universal, lo que equivale a un monopolio estatal en el aseguramiento de dicho plan. No obstante, varios países, como Alemania desde 1883 u Holanda, cuentan con un solo sistema de salud, pero donde participan tanto actores públicos como privados en el aseguramiento del plan universal, llamados seguros sociales. Tanto aseguradores como prestadores de salud en esos esquemas se rigen por los principios de la seguridad social, sin discriminar por condición alguna, asignando recursos por necesidad, de manera sostenible en el largo plazo y con libre movilidad de las personas a su voluntad.

Asimismo, se suelen omitir las desventajas de un “Seguro Público Único” y los costos, plazos y riesgos de una migración hacia este en Chile, como:

(i) Falta de fortaleza institucional para evitar la captura por parte de los grupos de interés (políticos, gremiales) de la entidad a cargo. Tal como en la red asistencial pública en Chile, donde no se ha podido avanzar en reformas profundas y modernización urgente, para resolver los problemas de acceso e insatisfacción que por décadas y, a pesar del aumento permanente del gasto, afectan a sus pacientes.

(ii) El mecanismo utilizado para el control de costos por defecto son las listas de espera, que potencialmente ahora afectarían al 100% de la población (salvo a quienes puedan “saltarlas”).

(iii) Se termina con la posibilidad de las personas de escoger quién les resuelve sus necesidades en salud. Cuesta entender que se consideren válidos los argumentos a favor de la variedad de los prestadores, pero no de los aseguradores (sino solo como “segundo piso”), cuando los habitantes de países con seguros sociales muestran mayor satisfacción.

(iv) Se crea un monopsonio (único comprador de servicios de salud) que, aunque existan prestadores públicos y privados, en el caso de Chile implicaría nivelar hacia estándares menores las exigencias de calidad.

(v) Aumenta el aseguramiento privado al margen para quienes pueden financiarlo (como en Brasil), difícil de regular, transformando los aportes de las personas a la salud en impuestos regresivos a la clase media.

Chile necesita políticas de Estado. Consideramos razonable avanzar donde existe acuerdo, mediante una transición de al menos diez años. Y, luego de ello, ya probados y evaluados los cambios, democráticamente decidir cómo seguir. Esta incluye: (i) plan de salud universal, con beneficios explícitos y exigibles, determinado técnica y transparentemente, incremental y según los recursos disponibles; (ii) fondo compensatorio por riesgo nacional, que mancomune el financiamiento y lo asigne a los seguros sociales, públicos y privados; (iii) Fonasa independiente y fortalecido como seguro público; (iv) instituciones privadas deben cumplir los principios de la seguridad social, lo que implica que las isapres que quieran participar deberán transformarse profundamente; (v) independencia y modernización de la gobernanza y gestión del sistema público prestador, evitando su captura, y (vi) fortalecimiento del rol rector del Minsal y fiscalizador de la Superintendencia de Salud.

Debemos resistir la tentación de maximizar posiciones y encerrarnos en ellas, ya que ello lleva a la inacción, replicando el escenario de estas últimas décadas. Las personas no pueden seguir esperando por una solución de calidad y oportuna. La existencia de consensos transversales nos ofrece una oportunidad, todos debemos contribuir a aprovecharla.

Francisca Florenzano
Fulvio Rossi
Sebastián Izquierdo
Liliana Jadue
Marco Antonio Núñez
Rony Lenz
Sebastián Pavlovic
Héctor Sánchez
Manuel Inostroza
Carolina Velasco