Han pasado algunos días desde que el Pleno de la Corte Suprema desechó la solicitud de remoción presentada contra el fiscal regional de O'Higgins. La decisión, no unánime pero ampliamente mayoritaria, se basa en lo sustancial en que los reproches formulados por el fiscal nacional carecen de la entidad suficiente como para justificar la medida extrema de remoción. Aunque ciertamente refuerza la autonomía de los fiscales regionales, este desenlace parece ambivalente. Por una parte, porque los hechos que servían de base a las acusaciones contra la autoridad regional no pueden considerarse asuntos de escasa entidad. Si efectivamente hubo actos arbitrarios, se faltó al deber de imparcialidad o se filtraron a familiares antecedentes reservados de la fiscalía, la cuestión de si todo ello supera el umbral requerido para la remoción es, en lo que respecta al prestigio y buen funcionamiento de la institución, un asunto de menor interés. Por otro lado, es de esperar que el fiscal referido se dirija ahora contra todos los que, sin mérito suficiente a juicio del máximo tribunal, iniciaron e impulsaron las acusaciones en su contra, lo cual prolongará aún más los conflictos.

Estas luchas intestinas han afectado y podrían seguir afectando el desempeño de la fiscalía en una misión que solo parece crecer en complejidad. Así, por ejemplo, el estallido de violencia de los últimos meses no solo tensiona a la institución por la mayor carga de trabajo que conlleva —o debería conllevar—, sino también porque una parte de la ciudadanía respalda o al menos tolera los actos violentos como si fueran una forma de expresión política. En consecuencia, el Ministerio Público se ha visto arrastrado de un modo más explícito que lo habitual a la arena de las controversias políticas. Todo indica que esta situación tenderá a profundizarse y, paradójicamente, es deseable que ello ocurra, pues en el escenario actual la única forma en que la fiscalía podría ponerse a salvo de esta clase de críticas sería renunciar a hacer su trabajo.

Un ingrediente adicional y no menos problemático es la situación en que se encuentran las policías, y especialmente Carabineros de Chile, institución encargada de llevar adelante una gran cantidad de investigaciones judiciales. El daño que ha sufrido tanto en su imagen como en la propia autocomprensión de sus integrantes es inconmensurable. Por otro lado, los delincuentes más violentos han aprovechado la coyuntura para atacar y presionar a la policía con el fin de contar con vía libre para delinquir. Aunque la situación es una gran oportunidad para modernizar la institución y elevar sus estándares, se trata de un momento complejo, en el cual pueden forjarse alianzas y lealtades capaces de destruir por mucho tiempo las capacidades para combatir el crimen organizado. Mientras tanto, ya es perceptible una afectación del trabajo policial en las tareas de ordinaria administración. La fiscalía, órgano responsable de conducir las investigaciones penales, tiene que adoptar medidas extraordinarias ante este escenario.

Estos y otros muchos desafíos interpelan el liderazgo de la Fiscalía Nacional y de los fiscales regionales. Por eso, hoy, más que nunca, la ciudadanía espera que los responsables sean capaces de dejar de lado las rencillas y divisiones, pero también legítimas ambiciones personales, con miras a que el desempeño institucional del Ministerio Público esté a la altura de las circunstancias.