Señor Director:

Comparto con el señor Corral que mis dichos —objeto de la polémica—, planteados en términos condicionales, en lo absoluto fueron una bravata. Resulta obvio que un análisis riguroso, libre de presiones, sobre un proceso constituyente, deba considerar los distintos aspectos del contexto en que estos se dan y la perspectiva de los mismos. Enfrentamos por vez primera un escenario en el cual Chile no tiene experiencia. Ninguna Constitución anterior ha sido fruto de un proceso constituyente. Vale tener presente que este escenario abierto para cambiar la Constitución ha sido posible gracias a que el pueblo movilizado presionó y tensionó el “orden establecido”. No es una dádiva del poder, pero tampoco es una ganga.

Que el debate sobre el proceso constituyente comience a acapararlo un pequeño sector de la élite, restringiendo su análisis a dimensiones pseudojurídicas permeadas por la ideología de su emisor, es peligroso, pues lo que se requiere con urgencia es una mayor discusión política, de forma que el país pueda confrontar las diferentes alternativas que se proponen. Se necesita confiar más en la democracia, conforme, incluso, a estándares jurídicos (democracia participativa, deliberativa, inclusiva) y no difundir el discurso del miedo de manera oculta, bajo una forma —la jurídica— que si bien goza de mayor “prestigio y credibilidad”, es igualmente falaz.

Lo que se requiere hoy de los intelectuales es valentía, que utilicen la teoría para responder con la verdad y sin evasivas; en este particular caso, por ejemplo, precisar si el “poder constituyente” se encuentra por encima del “poder constituido”. Algunos especialistas en la materia sostienen que en determinados casos un “poder constituyente derivado” puede mutar a un “poder constituyente originario”. Todo esto es teorizar; en lo absoluto puede constituir o configurarse como imprudencia. Además, ¿por qué tanta preocupación si lo que nos ofrecen es una convención constitucional, no constituyente? Uno esperaría de quienes escriben sobre el particular más honestidad intelectual, que reconocieran que se oponen a cualquier proceso constituyente democrático, pues se han beneficiado de la Constitución de Pinochet.

Chile tiene hoy la posibilidad histórica de construir una Constitución más democrática. Los que deseamos una nueva Constitución, por cierto no aspiramos a partir de una “hoja en blanco”, como terroríficamente plantean algunos. Hay ciertos derechos fundamentales que deben permanecer, así como principios esenciales de una verdadera República. Una nueva Constitución debe respetar íntegramente los derechos de las minorías; pero construir y diseñar un país para las mayorías.

Se trata de invertir los papeles de cómo han operado hasta ahora, en que un tercio del país ha dominado e impuesto sus intereses a las mayorías. Nuestro país necesita urgente un nuevo “pacto social”, que dé plenas garantías a todos y todas, en especial a sus trabajadores, de que sus derechos fundamentales adquirirán en esta nueva Carta Fundamental el rango que se merecen.

Luis Mesina