Pasado el receso veraniego, se abrirá la campaña ciudadana para el plebiscito constituyente del 26 de abril. Y como toda decisión de esta especie, la disyuntiva es inevitable: sí o no. Por lo tanto, la amenaza de la polarización está al acecho.

Hay que desactivar tal eventual escenario

Precisamente porque se trata de una decisión tan importante para todos y todas, este plebiscito debe enfrentarse con lo mejor de nuestra calidad personal y colectiva. Porque al día siguiente del plebiscito, todo el país deberá seguir su diario bregar hacia una mejor vida y lo debe hacer en libertad, paz y optimismo. Y sea cual sea el resultado, hay que adaptarse para que a Chile le vaya bien.

No se trata de expresar buenas intenciones en frases hechas. Se trata de algo bien concreto. Frente al plebiscito de abril, debe practicarse el desacuerdo con unidad. Es lícito y sano tener puntos de vista opuestos sobre el proceso constituyente. Incluso puede ser atendible moverse por impulsos más bien emocionales que racionales. Temor en vez de ganas, por ejemplo. Pero lo correcto sería que las diferencias, aun las más profundas, sean vividas en un marco de respeto y en una atmósfera constructiva.

El fundamento de esta exigencia para nuestro comportamiento cívico no reside en un manual de buenas costumbres, sino en algo mucho más serio: Chile no es solo un Estado y una sociedad. Es, por sobre todo, una comunidad humana, en la que coexiste armónicamente la libertad de las personas con el bien común. Por lo tanto no solo es procedente, sino deseable, que cada persona despliegue su libertad intrínseca. Pero, simultáneamente, el bien común exige solidaridad, desprendimiento de los propios intereses individuales en favor del progreso común, así como participación constructiva en el orden político.

En consecuencia, en el seno de una comunidad como Chile, el desacuerdo al responder en el plebiscito debiera resultar natural, especialmente tratándose de un asunto tan global como el destino constitucional. Pero igualmente debiera ser natural la unidad entre todos los chilenos y chilenas en ese común empeño colectivo. Porque ambas dimensiones se potencian mutuamente. Mientras mayor y más informado sea el despliegue de la libertad de las personas, como expresión de su dignidad inherente, más genuina resultará ser la unidad esencial entre ellas.

Por otra parte, es conveniente tener presente que el plebiscito del 26 de abril tiene un carácter procedimental bien delimitado. Se trata de expresar la conformidad o disconformidad con elaborar una nueva Constitución y establecer el tipo de órgano encargado de tal tarea. Hasta ahí llega el mandato que originará su resultado. Las decisiones sustantivas recién se empezarían a producir si la decisión fuera la aprobación del proceso constituyente, pues la elección de convencionales de octubre traería consigo el que los candidatos para dicha calidad debieran pronunciarse sobre el contenido del futuro texto constitucional.

Por lo tanto, el debate para el plebiscito del 26 de abril reviste un carácter inevitablemente hipotético, con el consecuente ingrediente infundado de sus términos. La expresión “¿y qué pasaría si…?” será (ya es) un inicio reiterado en la exposición de los argumentos desde una y otra posición. Ambas por igual ya pronostican futuros apocalípticos en el evento de que triunfara la opción opuesta. Y no faltan argumentos construidos de forma atractiva, convenientemente acompañados de imágenes situadas en las brumosas profundidades del pasado nacional o en ejemplos externos lejanos tanto en el tiempo como en el espacio.

Estos inevitables estilos del debate, que ya se han iniciado en todos los ámbitos, deben aceptarse como propios de la libertad, pero sí deben ser obligados a situarse en la seriedad argumentativa, elevando los términos de la discusión tanto en las formas como en el fondo. Solo así se podrá evitar la funesta polarización y fomentar el desacuerdo con unidad.

Tomado en serio, un proceso constituyente es un desafío de la mayor envergadura para cualquier país. Es un ejercicio soberano del pueblo, como ciudadanía, para decidir sus propias reglas de convivencia, en un marco de libertad y solidaridad. El pueblo chileno está llamado a pronunciarse democráticamente sobre sí mismo, lo cual ha ocurrido en contadas ocasiones de su historia.

A la envergadura trascendental de este acontecimiento estamos obligados a responder. Hagamos honor a esta ocasión dentro de un marco idóneo: desacuerdo con unidad.

Mario Fernández Baeza
Profesor de Derecho Constitucional
Universidad de Chile