“No busquemos en las nubes las virtudes sublimes de la democracia —dice Raymond Aron—, sino en la realidad: la esencia de la democracia es la competencia pacífica. Solo hay democracia cuando los individuos, grupos y clases sociales aceptan las reglas de la competición, así como su desarrollo pacífico. Cuando un grupo quiere llegar al poder a través de la violencia para hacer cambios que no pueden ser aceptados pacíficamente por otros grupos, salimos de la democracia para entrar en la guerra civil o en la revolución”.

Allí está dicho lo esencial. Si, bajo condiciones democráticas, la violencia se convierte en método político, se rompe la regla básica de la disputa pacífica del poder, y por ende se socava el Estado de Derecho, lo que alienta el autoritarismo. Por lo tanto, cualquier actitud complaciente o indulgente frente a los actos de violencia, aun cuando se proclamen nobles motivos, implica traicionar el pacto de las libertades. Si eso no está claro, la catástrofe puede estar a la vuelta de la esquina.

La ofensiva de violencia y destrucción desatada el 18 de octubre fue un ataque a las bases de la democracia, que causó inmensos estragos económicos y sociales, pero además un shock emocional en la mayoría de la población que todavía perdura. La crisis reveló sin duda el déficit moral y cultural que arrastramos. Lo ilustra el hecho de que, en las horas más dramáticas vividas por el país en 30 años, los canales de TV abdicaron de su responsabilidad cívica: sus rostros más conocidos procuraron explicar los actos de violencia como una reacción comprensible ante las desigualdades. O sea, el fin justificaba los medios. La prioridad de los canales fue no irritar a los violentos, revestida en todo caso de aires progresistas.

Aturdido por la envergadura de la agresión, el Gobierno no pareció percibir el carácter de la amenaza en las primeras horas, lo que acentuó la confusión y la incertidumbre de mucha gente. Cuando la irracionalidad ya estaba causando enormes daños, el Presidente Piñera se apresuró en decir que había escuchado la voz de los ciudadanos, que reclamaban mayor igualdad, y anunció algunas medidas para atender ciertas necesidades. Eso no frenó la violencia, y probablemente ninguna agenda social la habría frenado. Fue entonces un grueso error dar a entender que la violencia estaba abriendo la billetera fiscal. Sabemos que mucha gente bien intencionada se manifestó pacíficamente, pero lo determinante no fueron los desfiles ni los bailes, sino la barbarie metódica que provocó terribles laceraciones a Chile.

Fue lamentable que el mandatario, por táctica o convencimiento, no denunciara inmediatamente la naturaleza de la asonada, cuyo trasfondo antidemocrático se hizo claro en la primera petición de renuncia, hecha tempranamente por el jefe del PC. El aventurerismo avanzó así por terreno despejado cuando los partidos opositores avalaron en diversos grados el plan para interrumpir el mandato presidencial. En diciembre, solo seis votos de diferencia evitaron que la Cámara pusiera en marcha la acusación constitucional que buscaba destituir a Piñera.

La crisis desnudó la degradación de la política. Es verdad que ninguna institución se salva hoy de la desconfianza y el desprestigio, pero la erosión más corrosiva ha sido la del Congreso, en el que predominó la demagogia en las horas en que el país se deslizaba hacia el despeñadero. Es cierto que no se puede echar a todos los parlamentarios en un mismo saco, pero el saco de la banalidad estuvo casi lleno en estos meses.

El país necesita sanar las heridas de este período. Ello solo será posible si se restablece el orden público y el respeto a la ley en todo el territorio, y al mismo tiempo se renueva el compromiso de todas las fuerzas políticas con los procedimientos democráticos. Es vital hacer retroceder la intolerancia, la agresividad y la compulsión de castigar a los que piensan distinto. Hay que escuchar a los jóvenes, dice alguna gente. Cómo no, pero hay que explicarles también aquello que ignoran sobre la vida en comunidad.

Corresponde que el Gobierno y la oposición unan sus esfuerzos para garantizar que el plebiscito del 26 de abril se realice en condiciones de seguridad para los ciudadanos. Tales condiciones no existen hoy, por lo que será crucial neutralizar los malos augurios y las amenazas respecto de marzo. El plebiscito representa la vía institucional de solución de las diferencias, y sería negativo que no se efectuara. Pero sería mucho peor que se realizara en circunstancias como las del boicot a la PSU, sin garantías para la expresión libre de los votantes. En cuanto a las opciones, es legítimo votar por la opción “Apruebo” o por la opción “Rechazo”, y los resultados deben ser respetados por todos.

Solo saldremos de la crisis si defendemos sin flaquezas la democracia. Solo así podremos bregar por una sociedad más justa, en la que haya efectiva igualdad de derechos e inclusión social. La primera exigencia para conseguirlo es el rechazo y la sanción de la violencia. Solo el régimen democrático puede protegernos de la arbitrariedad y generar condiciones para una vida con menos incertidumbre. Se trata del pacto de civilización que debemos sostener a toda costa.

Sergio Muñoz Riveros