Lo ocurrido en Chile en los últimos meses es difícil de comprender y analizar. Súbitamente, sin una dirección común, ni un emblema partidario, ni una meta prefijada, más de un millón de personas se congregó en una plaza pública para manifestar su descontento y frustración con el actual sistema económico. Desde entonces, la violencia y la agresividad se mantiene a través de todo el territorio nacional y un puñado de extremistas se encarga de alentar la continuidad y persistencia de toda suerte de excesos y estropicios.

Surge aquí la primera y más explicable reacción de los dirigentes políticos tradicionales. Se trata, ni más ni menos, que de tomar el control de esta nueva manifestación colectiva (en especial instigada silenciosamente por caudillos locales), a fin de ampliar el ámbito de la actividad revolucionaria y la influencia de sus respectivas agrupaciones. De esta manera, se les endosa la titularidad de las aspiraciones sociales que, al parecer, cruzan trasversalmente todo el espectro de la comunidad civil. En lo sucesivo, los partidos políticos —quienes detentan un dominio monopólico sobre todas las instituciones del Estado— impondrán su voluntad e intentarán dominar esta masa informe que, con o sin razón, protestan violentamente. Así las cosas, habremos llegado a un punto de quiebre para nuestra todavía joven convivencia institucional. No nos extrañemos, entonces, de las descabelladas proposiciones que se formulen: demagógicas, efectistas, sin otra perspectiva que movilizar al pueblo hacia un ignoto paraíso, una y mil veces prometido. Lo peor que puede ocurrir es que los políticos profesionales, una vez más, dominen esta manifestación ciudadana y la dejen a merced de sus pasiones ideológicas.

Lo que afirmamos en lo precedente queda confirmado plenamente por ciertos atisbos “parlamentaristas”, que algunos dirigentes han deslizado en sus comentarios y observaciones. Desde luego, la comparecencia de los ministros de Estado en las llamadas “interpelaciones”, es una practica propia de los sistemas parlamentarios, y lo propio sucede con las acusaciones constitucionales que no solo pueden remover de su cargo a miembros del Gabinete Presidencial, sino, además, inhabilitarlo durante cinco años para el ejercicio de funciones públicas. En ambas instituciones predominan las facultades del Congreso en desmedro de las potestades del Jefe del Estado. Si llegara a imponerse una nueva Constitución, no tengo duda alguna que adoptaremos un sistema político, más cercano al parlamentarismo y alejado del presidencialismo.

La experiencia histórica es demoledora a este respecto. Uno de los períodos más conflictivos e infecundo de nuestra historia institucional corresponde a la torcida aplicación de la Constitución de 1833 que, por vía interpretativa, introdujo entre nosotros prácticas parlamentaristas. A tal extremo llegó este fracaso que fueron esas ideas las que provocaron la Revolución 1891, que representa uno de los momentos más dramáticos del acontecer político de Chile. ¿Repetiremos la experiencia?

Finalmente, se habla sin ambages de una “hoja en blanco”, aludiendo a la elaboración de una futura Carta Magna. Esta representación corresponde a una de las máximas aspiraciones de “totalitarios” y “anarquistas” que pueden revertir toda suerte de principios establecidos en resguardo de la libertad y de una auténtica democracia instalando entre nosotros el falso y fratricida sueño revolucionario que abrazó en nuestro continente Fidel Castro y Ernesto (Che) Guevara.

Tres consideraciones elementales. No debemos aceptar que el descontento social (que puede ser justificado) sea instrumentalizado por los partidos políticos; ni confundir las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados con un régimen político ajeno a nuestra idiosincrasia; ni abrir paso a la idea que el triunfo de una opción constitucional implique una “hoja en blanco”, en desmedro de una larga historia en defensa de la libertad. Nuestro deber es resistir —como lo hicimos en el pasado—, toda tentativa totalitaria, corregir los errores y vacíos constitucionales, y asegurar y restaurar el orden público, el respeto al derecho y a la paz social.

Pablo Rodríguez Grez