Transversal repudio público se ha generado tras la segunda agresión sufrida por Polette Vega, estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Chile, esta vez mientras asistía a clases, cuando una compañera le exigiera que se retirara de la sala, pues su presencia la “violentaba” debido a sus posturas políticas. Meses antes, la alumna había sido agredida en circunstancias similares a las que sufriera el hijo de la diputada Girardi, quien fuera gravemente golpeado al ser acusado de grabar a encapuchados durante violentos incidentes. Frente al revuelo nacional causado por esas situaciones, el rector Ennio Vivaldi habló entonces de un “punto de inflexión” y creó una mesa de trabajo en la búsqueda de soluciones consensuadas que terminaran con el clima de violencia.

La alumna agredida, que ha anunciado su candidatura a la presidencia de la federación estudiantil en representación de la Centro Derecha Universitaria, ha denunciado el ambiente de intolerancia y la radicalización de las posiciones al interior del plantel. Reveladora de este mismo ambiente ha sido la aprobación de los nuevos estatutos del centro de estudiantes de la Facultad de Derecho, que consagran el compromiso de este con “la construcción de una sociedad anticapitalista, antiespecista y antiimperialista”, y advierten la posibilidad de inhabilitar candidaturas a dirigir el centro estudiantil que se estimen incompatibles con esos principios. Asimismo, se añade una disposición que sostiene que cualquier candidato que enfrente una denuncia de agresión o acoso sexual será inhabilitado inmediatamente, aunque —en palabras de la actual presidenta del centro— ello implique “sacrificar el principio de inocencia”. Pese a que los dirigentes han reconocido que el texto requiere ajustes, preocupa su alcance, no solo por la transgresión de principios democráticos fundamentales como la libertad de pensamiento y el pluralismo, sino también debido a que podrían repetirse situaciones como la que enfrentara en la Universidad Católica un aspirante a la presidencia de la FEUC que el año pasado fuera falsamente acusado.

Es propio del ámbito universitario ofrecer un espacio donde se ejerza libremente el pensamiento divergente en un clima de respeto y tolerancia. No parece una solución a la altura de esos principios el que se le plantee a una alumna cursar las materias sin asistir a clases para evitar ser de nuevo agredida, pues ello denota una incapacidad institucional para asegurar la integridad de los miembros de su comunidad.

Es en las aulas de los planteles de educación superior donde han surgido los principales movimientos políticos de la historia de Chile y sus líderes. Coartar la libertad de pensamiento —sea ejerciendo la violencia física o imponiendo determinadas concepciones ideológicas— es quebrantar los principios básicos que sustentan el quehacer universitario. En particular, el reconocimiento de que goza la Universidad de Chile por su nivel de excelencia académica no puede verse afectado por las manifestaciones de intolerancia de grupos minoritarios que intentan hacer prevalecer sus posturas radicales ante la indiferencia del resto del estudiantado, evidenciada en la baja convocatoria de los procesos de participación. Una respuesta eficaz de autoridades y profesores es lo que espera la ciudadanía de la principal universidad estatal del país.