Sepultada la acusación constitucional, urge retomar ahora la agenda educacional; desde Maquiavelo, el mundo del ardid político, volver a la sala de clases y a los logros del aprendizaje. No será fácil, sin embargo.

Por lo pronto, persiste un clima de guerrilla verbal y confrontación ideológica. Desde hace rato las y los ministros de esta cartera navegan entre corrientes encontradas. Tres han sido sometidos a juicio político. La mayoría recibe escaso respaldo de la opinión pública encuestada. La educación misma se ha convertido en una zona de disensos. Gobernantes y opositores miden fuerzas allí e imponen sus proyectos, sin atender al imperativo de generar acuerdos. En suma, la gobernabilidad del sector se ha debilitado.

En seguida, el Gobierno y el bloque oficialista, si bien sortearon la ofensiva política en su contra, carecen de una visión educacional y una agenda de prioridades. Su propuesta es difusa. Las preguntas más fundamentales siguen sin respuesta. ¿Qué educación requerimos para el año 2050, cuando los nacidos en este siglo estarán todos estudiando o integrados al mercado laboral? ¿Cómo incorporaremos nuestro sistema escolar al entorno digital? ¿Cuál es el planteamiento de la derecha para reforzar el sistema mixto y elevar su calidad? ¿Qué estrategia usará para garantizar un financiamiento estable de la educación superior? ¿Cuáles valores invita a cultivar, ahora que la libertad de elegir reduce progresivamente la vida en común a un cúmulo de contratos?

A su turno, las medidas adoptadas por el gobierno de Piñera parecen más reactivas que autónomamente determinadas; más sujeta a las solicitaciones del entorno que a la propia voluntad de los agentes oficiales. En la práctica, el Ministerio de Educación ha probado no tener la capacidad de legislar en un Congreso donde debe negociar con sus opositores. Dos ejemplos. En lo relativo a la subvención para la enseñanza de infantes de 2 a 4 años, medida clave (aunque no suficiente) para mejorar la equidad del sistema, recién ha podido avanzar un primer trámite, pero falta todavía llegar a la decisión definitiva. En cuanto a la política de educación superior, esta se halla estancada. Un cúmulo de otras medidas aparecen en, y desaparecen de, la agenda gubernamental, casi sin dejar huella.

Además, la gobernabilidad del sector se resiente por una oposición que en el Parlamento muestra escasa voluntad de colaboración, amén de exhibir, también, un vacío de planteamientos. Más bien, una parte de ella —la ex Nueva Mayoría— se aferra a las reformas que impulsó durante el período 2014 a 2018, a pesar de sus numerosas fallas y los daños colaterales que causan. Junto al Frente Amplio, la oposición actúa unida únicamente para bloquear al Gobierno o, como acaba de intentar, para echar abajo a una ministra.

Sin embargo, no posee una propuesta razonada para el futuro de la educación y sus anhelos son contradictorios. Proclama la educación pública pero no muestra mayor preocupación por los niños y jóvenes inscritos en establecimientos privados que el Estado financia. Dice favorecer la movilidad social estimulada por la educación, pero se opone al mérito y el esfuerzo individuales. Aspira a liceos de alta calidad, pero se resiste a la selección académica y acepta la desaparición de los colegios emblemáticos. Mientras aplaude la libre elección de establecimientos escolares, sin cesar busca cómo limitar la información necesaria para elegir. Luego de instaurar la gratuidad en beneficio de la educación superior privada, ahora se sorprende que esta congregue a la mayoría de los estudiantes provenientes de los quintiles uno, dos y tres (o sea, los de menores recursos).

En breve, de lado y lado —Gobierno y oposición— se observan dinámicas que traban y debilitan la gobernabilidad de nuestro sistema educacional. Al mismo tiempo, persiste un clima de confrontación ideológica que no permite construir consensos para guiar la acción del Estado en este sector.

Requerimos, pues, con urgencia restablecer un clima de diálogo que permita concordar un plan de medidas de política pública con prioridades claras y acotadas para los diferentes niveles de la educación.

A modo de sugerencias concretas, tales medidas deberían incluir: (i) aprobar la ley de equidad vía subvención de calidad para la educación parvularia (2 a 4 años); (ii) hacer un esfuerzo máximo para impulsar eficaz y coherentemente el plan “Chile Aprende Más”, asociando a este esfuerzo la creación de una plataforma de trabajo que permita proyectar un consenso transversal de política pública más allá del 2021; (iii) evaluar el avance real de la Agenda de Modernización de la Formación Técnico Profesional 2018 y concordar con las partes interesadas del Estado y la sociedad civil una definición de metas de corto y mediano plazo para este subsector; (iv) tramitar y aprobar, antes de julio de 2020, la ley del nuevo crédito estudiantil contingente al ingreso, junto con encomendar a la Subsecretaría de Educación Superior que prepare un plan de medidas correctivas de la Ley 20.291, incluyendo el financiamiento sustentable del sistema a mediano plazo.

Una propuesta de esta naturaleza debería destrabar el actual cuadro de embotellamiento y confusión de la agenda educacional y permitiría recuperar una más fuerte y eficaz gobernabilidad del sector.