Se tramita un proyecto de ley que quiere prohibir las notas en los primeros cuatro años de la educación básica. Se estima que sin ellas se podrá fortalecer la autoestima de los niños, expandir su creatividad y reforzar el sentido de comunidad. La existencia de criterios de evaluación, en cambio, elevaría los riesgos de estigmatización, limitaría las expresiones espontáneas de los menores y los incentivaría a ser competitivos. Incluso podría hacerlos más infelices.

Estas afirmaciones se defienden con una convicción que hace pensar que habría abrumadora evidencia en su respaldo. Sin embargo, no es así. Por cierto, hay diversos textos que comparten la idea, pero ninguno descansa en antecedentes que permitan arribar a una conclusión definitiva. Esto no hace menos valiosas dichas alternativas escolares: hay detrás de ellas concepciones educacionales que deben tener su espacio de desarrollo.

Pero tampoco es sensato que esa visión se imponga a otras experiencias. Muchas familias y colegios pueden creer que la ausencia de notas reduce la información que necesitan para apoyar apropiadamente a sus hijos, o que categorías tan amplias como “logrado” y “no logrado”, o retroalimentaciones generales, no son útiles para el proceso educativo. También pueden estimar que la ausencia de notas, junto con la sobreprotección implícita, tornan a los niños poco tolerantes a la frustración, con consecuencias impredecibles para su salud mental. De hecho, ello tiene un sustento mayor —si bien no abrumador— en la literatura. Sin duda, estas experiencias educacionales son también valiosas.

En estas circunstancias, la prohibición de notas en los primeros años de la básica no es más que una forma de autoritarismo escolar. Imponer una única visión sobre la materia y hacerla obligatoria para todos los planteles no solo no tiene respaldo en la evidencia, sino que impele a cientos de miles de familias a abrazar coercitivamente una idea que no comparten.

Tampoco parece apropiada otra propuesta que se intenta aprobar legislativamente y que aspira a prohibir la elaboración de comparaciones públicas de las pruebas Simce de los distintos planteles. Nuevamente la justificación que se da es evitar potenciales estigmas y competencia entre establecimientos. Se olvida, sin embargo, que en estos instrumentos todos los planteles pueden mejorar simultáneamente; es decir, no presentan resultados relativos. De nuevo, no hay evidencia definitiva que muestre efectos particularmente dañinos de estas pruebas. Puede que incentiven el entrenamiento para rendir bien en el test, pero para ello se requiere dedicación y aprendizaje: no parece una consecuencia tan negativa. Así, el efecto más fuerte es una reducción en la información disponible para que los padres puedan tomar mejores decisiones, y un empobrecimiento de sus opciones.