Objetivos de la Ley de Inclusión

Señor Director:

En entrevista a este medio, el senador Ignacio Walker manifestó su disconformidad con que hoy, en materia de educación escolar, se esté perdiendo el tiempo en el "absurdo incomprensible" de "una discusión sobre inmuebles, tan al margen de los objetivos de la Ley de Inclusión".

Si bien coincidimos con él en considerar que ello es un absurdo, lo cierto es que la compra de los inmuebles no fue un asunto marginal, sino que fue una de las exigencias centrales con que dicha ley pretendió cumplir con su objetivo de "terminar con el lucro en educación". La desconfianza de este gobierno hacia el sector privado lo llevó a suponer que los arriendos eran una vía exclusivamente para "lucrar", y no un elemento necesario para la continuidad del proceso educativo. Junto con ello, se obligó a los sostenedores escolares a modificar su personalidad jurídica y se introdujeron nuevos y exigentes controles al uso de los recursos, bajo la premisa de que, en ausencia de estos, serían mal gastados en perjuicio de la calidad educativa.

Pues bien, la Ley de Inclusión se tramitó durante casi un año y, gracias a los votos favorables de los parlamentarios oficialistas, la iniciativa se aprobó en forma íntegra, incluidos los asuntos que hoy causan objeción. Por un lado, celebramos que un grupo de senadores envíe un proyecto para enmendar uno de los varios problemas que está provocando la reforma que ellos mismos aprobaron; más vale tarde que nunca. Sin embargo, nos parece que también sería bueno que asumieran su responsabilidad en los defectos que tiene la ley que hoy se está aplicando. Durante su tramitación, esta recibió críticas transversales por los problemas que se visualizó provocaría, y ni el Gobierno ni los legisladores oficialistas estuvieron dispuestos a resolverlos en el momento en que correspondía hacerlo.

María Paz Arzola
Jorge Avilés