Licitaciones: déficit institucional

Las dificultades experimentadas por las licitaciones de obras de cuatro hospitales públicos obligan a reflexionar sobre si las herramientas y estructuras con que las reparticiones estatales están abordando estos procesos son las más apropiadas.

El caso más reciente afecta el proceso de cuatro hospitales públicos: Chillán, Linares, Talcahuano y la reposición del Hospital Barros Luco. Estos se suman a los problemas que se han presentado en el proceso del Hospital de Marga Marga, que fue adjudicado a la propuesta más cara, motivando que el órgano técnico a cargo de la evaluación social recomendara una nueva licitación, lo que aún no se ha resuelto.

Los problemas que enfrentan esos cuatro hospitales corresponden a objeciones de la Contraloría por falta de información o respaldo insuficiente de las competencias técnicas de profesionales que estarían involucrados en la ejecución de las obras.

Inicialmente, algunos de estos hospitales se iban a construir a través de concesiones, pero el actual gobierno desechó ese camino y anunció que usaría recursos del presupuesto para pagar su construcción en forma directa. Ello postergó el inicio de las obras y los actuales tropiezos significarán seguramente nuevos atrasos. De hecho, en el caso del hospital de Chillán el Gobierno decidió realizar un nuevo proceso de licitación.

Indudablemente, esta situación reabre el debate sobre la modalidad más conveniente para avanzar en la construcción de obras públicas como los hospitales. Pero quizás más importante que esto es definir una institucionalidad que permita que, ya sea que se elija el financiamiento vía recursos propios o a través de concesiones, los procesos concluyan satisfactoriamente. No solo en salud, sino que en diversos ámbitos del Estado se producen licitaciones que generan muchos problemas y que, a menudo, revelan desprolijidades o capturas difíciles de comprender. Se pierden así recursos públicos y privados valiosos. Además, se daña la imagen del país, porque en muchos de estos procesos participan no solo empresas nacionales, sino que también internacionales.

El volumen de recursos y la relevancia de las obras que están en entredicho no permiten minimizar estos problemas. En muchos casos, las licitaciones están en manos de equipos débiles sin suficiente experiencia. Es curioso que el Estado en distintas reparticiones enfrente procesos de licitación y no haya un mecanismo de aprendizaje para los responsables dentro del mismo sector público.

Una posibilidad es tener una agencia especializada que administre estos procesos con consulta a los distintos ministerios, ya que hay elementos comunes en toda licitación, pero también especificidades. Un modelo de estas características tiene ventajas, pero asimismo desventajas. Su importancia puede llevar a una mayor presión de captura de sus funcionarios. Claro que también tendría más visibilidad, dificultando ese fenómeno.

Una alternativa es tener unidades especializadas en cada repartición pública con apoyo de una agencia coordinadora que verifique que los procesos de licitación satisfagan altos estándares y promuevan los precios más bajos posibles o la mayor calidad técnica posible. Esta es una labor que probablemente debería estar radicada en el Ministerio de Hacienda, en particular en la Dirección de Presupuestos, que es quizás la institución en el Poder Ejecutivo con el mayor interés en cautelar el buen uso de los recursos públicos. No es evidente cuál es la institucionalidad más apropiada para enfrentar este desafío, pero no cabe duda de que es un asunto que requiere una reflexión profunda.