La discreción con la que se manejó el financiamiento de la educación superior en el debate presupuestario, a propósito de la partida de la gratuidad, revela el enorme riesgo que esta política tiene para la autonomía de las instituciones de educación superior. Nótese que este riesgo es inexistente o muy acotado en una situación en la cual las instituciones pueden apelar a financiamiento de las familias o de los estudiantes. En estos casos no hay, entre otros aspectos, un precio definitivo fijado por el Estado. Esta es una de las razones fundamentales por las que no se observan en la experiencia comparada sistemas de educación superior con gratuidad universal.

En la situación chilena, sorprenden las diversas oportunidades que se abrieron para afectar a través de la asignación de los dineros la autonomía de las instituciones de educación superior. Desde luego, la definición de los aranceles regulados, que determinan el aporte por gratuidad, no descansa en ningún esfuerzo serio por adoptar criterios razonables para acordarlos en plazos más prolongados.

Al mismo tiempo, los criterios en esta ocasión para hacer a las instituciones elegibles son totalmente arbitrarios. Pero estos criterios, además, se han aplicado diferenciadamente entre instituciones que no son del CRUCh y las que sí lo son. Adicionalmente, no hay ninguna garantía de que en el futuro no se puedan incorporar otros para satisfacer restricciones presupuestarias o "sancionar" instituciones que no son valoradas por los legisladores de ese momento. Como estos riesgos existen, se deben privilegiar instituciones y reglas que impidan estas situaciones. Su objetivo es, precisamente, proteger a las instituciones de la sociedad civil y a las personas del poder coercitivo del Estado. Al mismo tiempo, se aspira a que estas impidan una negociación caso a caso que convierte a los rectores en verdaderos agentes de lobby más que en gestores de una educación de calidad en sus respectivas unidades académicas.

Que este riesgo también existe quedó demostrado en esta negociación presupuestaria. La reducción en el Aporte Fiscal Indirecto en un 50% tiene como propósito asegurar que algunas instituciones se incorporen a la gratuidad, pero lo hace afectando inesperadamente los presupuestos de otras instituciones. Para hacer esto viable, las autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo se comprometieron con el representante del CRUCh a que ello no va a afectar el financiamiento de estos planteles. Al mismo tiempo, sin mayor deliberación, se crea un aporte de fomento de la investigación por 2 mil 700 millones de pesos en beneficio de las universidades privadas no CRUCh que se sumen a la gratuidad, independientemente de cómo se compara la calidad de su investigación con la de otras instituciones privadas. Por cierto, como estas instituciones (las que se pueden sumar a la gratuidad) pueden ser determinadas por la autoridad de manera discrecional, se produce aquí una situación muy compleja para el diseño de la política pública. Se crean frentes, muchos de ellos difíciles de supervisar, a través de los cuales se puede incentivar no solo el lobby, sino que también acciones que pueden limitar con la corrupción.