Señor Director:

Apreciamos el intercambio con los profesores Fontaine y Urzúa. Pero persiste la duda sobre sus razones para oponerse a regular la selección, toda vez que eliminarla no pone en riesgo lo que declaran les interesa cautelar: calidad, libertad de elección, múltiples proyectos educativos. Si defienden estos fines, su rechazo a la regulación parece injustificado.

Sobre calidad, la evidencia subraya la relación negativa entre selectividad y calidad. Ya sea privilegiando teorías del capital humano (test o retornos salariales), o bien definida según habilidades cruciales para la sociedad y economía de este siglo.

En la primera, evidencia internacional (Abdulkadiroglu 2012, Burgess 2014) y nacional (Contreras 2010, Carrasco 2014) indica que la selectividad no genera valor agregado. En la segunda, aprender con otros de variado nivel de aprendizaje activa habilidades de metacognición, autorregulación o trabajo colaborativo.

A su vez, cada sistema escolar responde a su evolución histórica. La primera selección en países OCDE ocurre a los 15 años promedio, pero en marcos de una educación primaria de calidad, reducida varianza en desempeño previo y atractivas trayectorias postprimaria para todos. Por eso en Chile la selección en secundaria es mera ilusión meritocrática.

Impedir la selección no toca la esencia de la acción educativa de un sostenedor, pues la regulación permite que prácticas distintas a la selección -definición valórica, contratación de profesores, énfasis curriculares- sigan ejerciéndose conforme a la libertad de enseñanza. Por qué seleccionar haría viable un proyecto educativo si su fin último es educar a quien es titular de ese derecho. Asimismo, la libertad de elección es condicionada por la selección. Ante esa prerrogativa, la escuela seleccionará a quienes mejor empalmen con sus reglas y rutinas. Para evitarlo, predominan en el mundo sistemas de asignación de cupos centralizados localmente.

Así, hay un argumento de principios contra la defensa que Fontaine y Urzúa hacen de la selección. Estas prácticas, agudizadas en esquemas de mercado, permiten que intereses privados constriñan las exigencias de justicia. Si con Rawls aceptamos que esta es la primera virtud de las instituciones sociales, esa limitación que impone el interés privado en el ámbito de la educación deviene ilegítima. La selección desregulada dificulta la justicia porque permite la distribución desigual de un derecho social que debe ser distribuido igualitariamente.

Por supuesto, regular la selección no es condición suficiente ante desafíos de calidad, inclusión o ciudadanía. Quien crea lo contrario desconoce la multicausalidad que origina la inequidad escolar. Sin embargo, en una sociedad desigual, eliminarla es un primer y necesario paso hacia una educación genuinamente democrática y justa.

Alejandro Carrasco
Subdirector Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación UC

Alfonso Donoso
Subdirector Instituto Ciencia Política UC