El Presidente Piñera colecciona defectos: es alérgico al carisma, tiene una simpatía impostada y en vez de hablar enumera. Pero por estos días apareció una virtud: su claridad en lo que respecta al golpe.

Lo que confunde y complica a la UDI, a Carlos Larraín, a Jovino Novoa, a Carlos Cáceres y a la Fundación Jaime Guzmán, Sebastián Piñera lo tiene claro como el agua: hubo complicidad pasiva -esa fue la expresión que el Presidente usó- con las violaciones a los derechos humanos.

¿En qué habría consistido esa complicidad pasiva?

Ella consistió en cerrar los ojos frente a la evidencia de los crímenes, negándose a creer lo que denunciaban los familiares de las víctimas; enmudeciendo frente a la Iglesia que preguntaba: ¿Dónde está tu hermano?, y negando lo que saltaba a la vista. La complicidad pasiva consistió, en otras palabras, en colaborar mediante la omisión, en no haber hecho, a sabiendas, lo que se debía (y podía) para evitar los crímenes.

En eso que el Presidente llamó "complicidad pasiva" incurrieron los jueces que rechazaron los recursos de amparo (sirviéndose, entre otras cosas, de los argumentos que enseñaba por esos mismos días en la Universidad Católica Jaime Guzmán); los académicos de la derecha (que tejían sofismas para exculpar al régimen), y, por supuesto, la prensa (incluido, todo hay que decirlo, este mismo diario, que, con rara porfía, decidió considerar "presuntos" durante demasiado tiempo a los desaparecidos).

Sin embargo -podría preguntarse-, ¿no será un exceso reprochar omisiones de la prensa, de las universidades y de los jueces en medio de una dictadura? ¿Acaso las dictaduras no generalizan el miedo y hacen brotar la cobardía (humana, demasiado humana) de jueces, profesores y periodistas a quienes sería injusto pedirles heroísmo?

Por supuesto nadie tiene el deber de convertirse en héroe y lanzarse al sacrificio. Pero entre el heroísmo que se opone con atrevimiento suicida y la colaboración acrítica, entre el arrojo del valiente y la quietud del cobarde, media un amplio trecho en el que caben un conjunto de actitudes intermedias, y dignas, que pudieron realizarse.

Los jueces pudieron acoger los recursos de amparo, solicitar información y creerles a las víctimas, en vez de, como hicieron, confiar en los victimarios y aceptar sus mentiras formularias como verdades irrefutables. Así lo acaban de reconocer de manera oficial. La Corte Suprema acaba de aceptar que al incumplir sus deberes -en eso consiste omitir- los jueces contribuyeron, en parte, a las muertes, la tortura y los desaparecimientos. Lo que se negó durante tanto tiempo -que la actitud de la Corte Suprema durante la dictadura se rebajó casi al extremo de la connivencia- acaba de ser reconocido de manera oficial. De aquí en adelante todos sabrán que ser juez impone obligaciones públicas que ni siquiera el miedo que infunde una dictadura debiera amagar.

Pero los jueces no fueron los únicos que caen en la categoría de cómplices pasivos.

También están esos académicos y directivos universitarios que (como resultado de temores alimenticios o por adhesión ideológica) poblaban por esos años las Escuelas de Derecho y las universidades intervenidas refugiándose en el cielo de los conceptos, o en una escolástica mal digerida, y se excusaban de considerar críticamente a la dictadura.

Y por supuesto están los medios.

"Los medios de comunicación -dijo el Presidente- podían haber investigado la realidad en materia de derechos humanos con mucho más rigor, con mucha más profundidad y no quedarse con la versión oficial del gobierno militar".

En materia de medios, sin embargo, una distinción se impone. Una cosa fueron los medios intervenidos directamente por la dictadura, como la televisión; otra cosa los diarios que siguieron bajo el dominio que siempre habían tenido. Por eso, en el caso de la televisión, las mentiras, incluso escandalosas, no deben sorprender.

El caso de la prensa escrita es más complicado.

Por supuesto, a la prensa escrita no pudo pedírsele que hiciera oposición abierta o que dijera toda la verdad. La prensa suele ser la primera víctima de las dictaduras, las que, conscientes del poder de la palabra, es lo primero que amenazan o domestican.

Pero hay algo que sí pudo exigírsele a la prensa: que, aun domesticada por el miedo o lo que fuera, al menos no ofendiera el dolor de las víctimas.

Así la prensa debió, por ejemplo, hablar de desaparecidos en vez de emplear la infamante expresión de "presuntos desaparecidos". Algo así no habría detenido al régimen; pero al menos habría evitado que las víctimas sumaran al dolor de la desaparición, la humillación de insinuarles que mentían o eran engañadas por sus propios familiares voluntariamente ocultos (o exterminados entre ellos, como "ratones" según dijo entonces La Segunda en un titular infame que aún hoy día debe avergonzar a sus miembros).

El de juez, el de profesor y el de periodista son oficios que, cuando se ejercen bien, ayudan a mantener una mínima alerta moral en las sociedades: una inquietud ética que si no impide todos los crímenes y todos los abusos, al menos evita que la impunidad total florezca.

Por eso cuando no cumplen su función, se dejan domesticar, o confunden los deberes del oficio con sus intereses, incurren, como bien dijo el Presidente, en una "complicidad pasiva", que es la peor de todas las complicidades porque es tan solapada que, mientras se ejecuta, ni siquiera se atreve a confesarse a sí misma.