¿Qué de nuevo tienen los planteamientos sobre gratuidad de la educación superior formulados en nuestro debate político y académico?
Primero, surgen paradójicamente cuando alrededor del mundo se difunden esquemas de costos compartidos entre el Estado, los estudiantes y sus familias. En efecto, la tendencia hacia el cobro de aranceles es clara y contundente: de Australia a Vietnam, de Pakistán a China, de Corea a Gran Bretaña, de Armenia a Nigeria y los Países Bajos. En todas partes la razón de este fenómeno global es la misma: las limitaciones de la caja fiscal.
Segundo, en paralelo, los estados promueven la educación superior privada, financiada directamente por quienes se benefician de ella. De hecho, puede decirse que en Asia y América Latina el explosivo crecimiento de la matrícula ha sido privatizado por los gobiernos.
Tercero, al contrario, los proponentes de la gratuidad van a contracorriente. Exigen que el Estado asuma el costo total de esta enorme empresa educativa; en Chile, más de un millón de estudiantes, cien mil docentes y cuatro mil millones de dólares pagados anualmente por concepto de aranceles. En breve, la gratuidad no es gratuita: impone al Estado un cuantioso desembolso. Y no solo eso. Una parte -estimada en mil millones de dólares- necesitaría destinarse cada año para comprar la mejor educación superior disponible en el mercado a fin de proveerla a los estudiantes provenientes del 20% más rico de la sociedad.
Apelando a San Mateo: a quienes poseen capital cultural y social en abundancia, más les será dado, y a los que poseen poco, incluso ese poco les será disminuido.
Cuarto, la idea de aumentar vía gratuidad el subsidio a la educación superior es particularmente chocante en un país donde la educación escolar está subfinanciada y la educación temprana recién comienza a instalarse y expandirse. Desde ya en Chile el gasto por alumno terciario es incomparablemente más alto que el gasto por estudiante de la educación primaria y secundaria. Aumentar esta brecha añadiría obstinación a la injusticia.
Quinto, ¿cuál es entonces el modelo de gratuidad que se busca implementar en Chile? Implícito en los planteamientos locales de gratuidad se halla el modelo latinoamericano de educación universitaria pública y gratuita, donde las élites se forman a costa de la precaria renta nacional, mientras la mayoría no accede a la educación terciaria o bien la abandona antes de concluir sus estudios o, en el mejor de los casos, debe adquirirla en instituciones privadas (algunas de dudosa seriedad).
Sexto, sin embargo el rendimiento del sistema chileno es superior en varios aspectos clave al del modelo que se quisiera adoptar: la participación en la educación terciaria es casi 20 puntos porcentuales más alta; también lo es la participación de los hijos del quintil de menores ingresos; asimismo la tasa de graduación de jóvenes de menores recursos es mejor en Chile a la del promedio de la región. Igual ocurre con la proporción de personas con educación superior completa en la fuerza de trabajo de 25 a 34 años de edad. En breve: queremos imitar un modelo cuyo desempeño es inferior al nuestro.
Séptimo, por último, la gratuidad llamada universal nos conduciría hacia cuatro escenarios negativos. Uno, igual como sucede en otros países, el gasto por estudiante cae, pues el Estado no logra financiar adecuadamente un volumen de actividades en continuo aumento; por consiguiente, la calidad de las instituciones decae.
Dos, el Estado se ve forzado a abandonar la gratuidad para todos y opta por subsidiar al segmento de alumnos más favorecidos por su origen sociocultural.
Tres, debe reservar la gratuidad únicamente para los jóvenes que ingresan a universidades estatales (selectivas o no), transformando así un pretendido derecho social en privilegio de minorías.
Cuatro, debe empujar la mayor parte de la demanda hacia carreras técnicas y una educación a distancia (ofrecida por proveedores privados, incluso for profit ), segmentando así la demanda a favor de un número menor de universitarios.
Es hora de revisar a fondo este inconducente concepto de gratuidad.