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Responsabilidad civil por adulterio: una mirada al otro lado de la cordillera

"... Varios académicos en los últimos años han ido promoviendo las ideas liberales sobre el matrimonio y la familia, que, en síntesis, sostienen que en estos ámbitos el Derecho debe retirarse y tener la menor intervención posible. Resultado de esta tendencia ha sido la aceptación del matrimonio entre personas del mismo sexo, y también la supresión del divorcio por culpa y su sustitución por un divorcio 'objetivo'..."

Miércoles, 07 de junio de 2017 a las 16:30
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Hernán Corral
Desde hace un tiempo la doctrina civil chilena viene debatiendo si la infracción de los deberes conyugales, y en especial el de fidelidad, puede dar lugar a una demanda de indemnización de perjuicios por parte del cónyuge engañado. Hay posturas para todos los gustos, desde los que señalan que no procede ninguna responsabilidad civil por incumplimiento de deberes maritales, hasta los que piensan que debe indemnizarse cuando se infringen dichos deberes presumiéndose el daño por la sola infracción. La mayoría parece decantarse por tesis intermedias o matizadas que señalan que solo en ciertas condiciones procedería acudir al instrumento de la responsabilidad civil frente a incumplimiento de deberes familiares. Pero es cierto que entre las matizaciones hay algunas opiniones más restrictivas y otras más generosas con el cónyuge burlado. En este mismo sitio pueden confrontarse las opiniones del profesor Íñigo de la Maza, relativamente cautas, y las de la profesora María Sara Rodríguez, más proclives a conceder la reparación civil.

En este panorama puede ser interesante echar una mirada a lo que sucede en el sistema jurídico transandino, donde ya por varias décadas se viene escribiendo sobre el tema y, en general, prima la posición de que procede la indemnización de daños por las culpas maritales. Los tribunales han aceptado esta responsabilidad civil. Esta tendencia, hay que decirlo, es congruente con el entusiasmo de los juristas argentinos por la reparación de todo tipo de daños y por una objetivización creciente de la responsabilidad civil.

Sin embargo, varios académicos en los últimos años han ido promoviendo las ideas liberales sobre el matrimonio y la familia que, en síntesis, sostienen que en estos ámbitos el Derecho debe retirarse y tener la menor intervención posible. Resultado de esta tendencia ha sido la aceptación del matrimonio entre personas del mismo sexo y también la supresión del divorcio por culpa y su sustitución por un divorcio “objetivo”, es decir, fundado solo en la voluntad de ambos o uno de los cónyuges. El primero de estos cambios fue recibido en el nuevo Código Civil y Comercial que comenzó a regir el 1º de agosto de 2015, mientras que el segundo fue realizado por este mismo cuerpo legal (arts. 437 y 438).

La concepción del Derecho de Familia predominó entre los juristas encargados de la redacción del proyecto que se presentó al Congreso por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En un principio solo se reconocía un genérico deber de asistencia entre cónyuges. Finalmente, se consensuó hacer una referencia al deber de fidelidad, pero calificándolo de “moral”: el art. 431, que lleva por título “Asistencia”, dispone que “los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse ayuda mutua” (énfasis añadido). Al calificarse de moral al deber de fidelidad se pretendía excluirlo del ámbito legal, de modo que su incumplimiento no daría lugar a sanciones jurídicas ni tampoco a la reparación del daño causado. En los fundamentos del anteproyecto los integrantes de la comisión redactora así lo señalaron explícitamente.

Sin embargo, a poco andar la jurisprudencia ha contrariado esta intención del legislador y ha dado lugar a una demanda de responsabilidad civil por daños causados ante el incumplimiento del deber de fidelidad. Se trata de la sentencia dictada en segunda instancia por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación de General Pico, La Pampa, de fecha 14 de diciembre de 2016. Los hechos del caso son los siguientes: la mujer demanda a su marido de divorcio culposo por injurias graves (falsa imputación de adulterio), bajo la anterior normativa; el marido reconviene también de divorcio, pero por adulterio de la mujer y reclama, además, indemnización del daño moral. En el proceso se comprueba que la mujer había sido infiel en varias oportunidades, hasta que el marido la sorprendió saliendo con su amante de un hotel, luego de lo cual se produjo un incidente entre ambos, con lo que el hecho se difundió en diarios locales y sitios de Internet. La situación le produjo un estrés postraumático grave y depresión con un intento de suicidio. El tribunal de primera instancia rechazó ambas demandas y declaró el divorcio por causa objetiva, según la normativa anterior al nuevo Código.

Ambas partes apelan y el tribunal de alzada señala que, habiendo entrado en vigor la nueva normativa, corresponde aplicarla aún a casos que se hayan iniciado con anterioridad, como este. Por ello declara el divorcio, pero ahora por la voluntad de ambos cónyuges, ya que tanto la demandante como el demandado solicitaban la disolución de su vínculo matrimonial. Lo interesante es que el fallo se hace cargo de la petición del demandado de que se le indemnice el daño moral causado por el adulterio de su mujer.

Por unanimidad los tres jueces que componen la sala coinciden en acoger la acción y condenar a la mujer al pago de $40.000 (unos US$ 2.500) más intereses, a título de indemnización de daños y perjuicios sufridos por su cónyuge. Se sostiene que el hecho de que se haya suprimido el divorcio por culpa no implica que los cónyuges no deban reparar los daños injustamente causados al otro. Se hace frente al argumento de que siendo el deber de fidelidad un deber meramente moral no puede dar lugar a la ilicitud jurídica que exige la responsabilidad civil. En contra se invoca el art. 1717 del nuevo Código que señala que “hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico...”, así como la norma del art. 1738 que dispone que la indemnización del daño “incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima (...) de sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida”, de guisa que, en conformidad a los principios generales de la responsabilidad civil, “el daño moral ocasionado por la conducta del cónyuge que no respeta los principios básicos en los que se basa el matrimonio debe repararse” (voto del juez Constantino).

Se hace ver igualmente que la norma que se refiere al deber moral de fidelidad debe ser interpretada no según la supuesta intención de los redactores (fundamentos del proyecto), sino conforme a la finalidad de la ley y al reconocimiento constitucional del principio del neminem laedere (art. 19 Constitución Federal). Con sentido común, se razona que “el deber moral de fidelidad ha sido volcado en la norma jurídica, ya que si se interpretara que es una cuestión ajena al ordenamiento jurídico, evidentemente, no se hubiere introducido en un texto legal regulador de conductas...” (voto del juez Rodríguez). Se insiste en que la ilicitud o antijuridicidad exigen solo la lesión de un interés no reprobado y que “la fidelidad, el buen trato, la estabilidad familiar, la vida en común sana y moderada, siguen siendo valores dignos y respetados por toda la sociedad aunque no tengan, en la actualidad o en el futuro, cabida en las normas de un deber jurídico preestablecido” (voto del juez Rodríguez). Los votos difieren en un punto y es que el del juez Constantino parece contentarse con la constatación de la infidelidad para tener por establecido el daño moral, mientras que el del juez Rodríguez (al que se adhiere el juez Ibáñez) entiende que no basta con acreditar la vulneración del deber sino que debe acreditarse que dicha vulneración causó un daño mediante pruebas producidas en el proceso. No obstante, la discrepancia no se traduce en decisiones distintas, ya que Rodríguez considera que existen en el proceso suficientes pruebas para tener por acreditado el daño moral, entre las cuales menciona el informe psicológico sobre el impacto que los hechos causaron a la salud mental del marido. El juez añade que “las repercusiones en el medio periodístico es una prueba más de la aflicción ocasionada, siendo inclusive una consecuencia que expandió más el daño”.

De esta manera, la resolución por la cual se declara el divorcio y a la vez se condena a la indemnización es unánime. La sentencia ha merecido un comentario favorable de la profesora de la Universidad de Buenos Aires y experta en materias de familia Graciela Medina (Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, año XIX, Nº 5, mayo de 2017, pp. 67-77), quien la ha calificado como un “leading case”, esto es, “un caso líder que hace jurisprudencia y resuelve la situación planteada de manera justa y equitativa, teniendo en cuenta los principios generales del derecho, respetando los derechos fundamentales, y transmitiendo a la sociedad un claro mensaje sobre la necesidad de responsabilidad en el cumplimiento de los deberes morales derivados del matrimonio” (p. 77).

El fallo argentino puede contribuir a la reflexión de la doctrina y la judicatura chilenas, ya que si se afirma tan claramente la responsabilidad civil en un ordenamiento jurídico en que no existe el divorcio culposo y el deber de fidelidad es calificado de “moral”, con mayor razón habría que afirmarla en un ordenamiento como el nuestro en que existe el divorcio (y la separación judicial) por falta imputable y el deber de fidelidad no solo está consagrado legalmente como jurídico, sino que su incumplimiento, el adulterio, está declarado como una “grave infracción” a dicho deber (art. 132 del Código Civil).

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"...La Corte Suprema acierta en el primer caso al confirmar la sentencia de primera instancia que da por terminado el arrendamiento y que ordena pagar las rentas de los meses que no estaban cubiertos por las cuarentenas decretadas por resolución administrativa, más las multas moratorias. También acierta en el segundo caso al ordenar que no se paguen las rentas en el período de abril a agosto de 2020..."

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“...La Corte Suprema —dando acabada cuenta de su conocimiento sobre la reciente doctrina sobre el tema— consideró que la cuestión sobre la que se le solicitaba pronunciarse refería al artículo 1932. Entendió que el mal estado o calidad de la cosa que impide hacer uso de ella puede, no solo, deberse a cuestiones materiales, sino también jurídicas...”

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"...La primera (...) es lo que su título denomina 'medida precautoria de restitución anticipada de inmuebles', si bien ella comporta en realidad un supuesto de anticipación de la condena, pues no se busca asegurar el resultado de la acción (art. 290 CPC) sino conceder provisionalmente la tutela que el arrendador está solicitando al tribunal. De ahí que la suerte de esa restitución dependa de si la sentencia es o no favorable al arrendador..."

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