Lo que comenzó como el gran “pacto fiscal”, anunciado por el Ministro de Hacienda en abril de 2022, terminó como un gran impacto político, que ha dado lugar a reacciones que están lejanas a lo que se espera de autoridades de tan alto rango.

El rechazo obtenido por el Gobierno en la Cámara respecto a esta estructural reforma es sorpresivo, pero no tanto. La sorpresa viene por el hecho de que en la tramitación en la Comisión de Hacienda, la actuación se acercó mucho a lo visto en la Reforma de 2014, donde operó —literalmente— como buzón. Entre julio 2022 y enero de este año la Comisión escuchó a autoridades de Hacienda, asesores y representantes de gremios, además de recibir las indicaciones del Ejecutivo. Sin embargo, todo fue finalmente aprobado como lo propuso Hacienda.

Empero, fuera de esa Comisión el proyecto era objeto de profundos análisis y objeciones técnicas. Los encargados de Hacienda desplegaban largas conversaciones con sectores diversos para recibir sus opiniones y mejorarlo, cuestión que en los hechos se dio solo en contados artículos. Por ello, aunque parecía que era seguro que continuaría su trámite legislativo, había voces disidentes que influyeron en que fracasara, por ende, en eso no hay sorpresa.

Las indicaciones ingresadas no lograron que el proyecto mejorara, ya que mantenía errores sustanciales. Primero, su agresivo sesgo recaudador implica en la práctica más litigios y no recursos, afectando de pasada los derechos de los contribuyentes, incrementando la incertidumbre al reducir la protección frente a revisiones del Servicio de Impuestos Internos (SII) ya terminadas. Además, se amplían los plazos de prescripción respecto a determinadas situaciones, tales como no informar oportunamente cambios en las sociedades; calificación administrativa de la elusión y ampliación extrema de los plazos de prescripción y la manera de contarlos; conceptos sesgados de responsabilidad tributaria, ampliación de las normas de relación; atribuir efectos ajenos a la neutralidad de las reorganizaciones societarias; establecer gravámenes al patrimonio, el que buscaba gravar las utilidades no distribuidas. Por último, pero lo más trascendental, la completa desintegración del sistema tributario en impuesto a la renta.

Todo esto hizo que pasemos de un pacto fiscal a un impacto político. Las lecciones que deja el trámite de este proyecto son varias, pero la esencial es que debemos aprender que el sistema tributario no es una herramienta al servicio de un gobierno en particular, cualquiera sea su ideología. Este debe ser estructurado con mirada de largo plazo, para garantizar equilibrio económico y certeza jurídica.

Asimismo, debe incentivar la libertad de emprender, de invertir y que incentive la generación de recursos, estableciendo una carga impositiva con tasas razonables. La oportunidad de colocar los lineamientos esenciales, que permitan evitar que los impuestos sean eslogan de campaña política, pueden ser parte de la Constitución que se está comenzando a escribir.

* Luis Felipe Ocampo Moscoso es socio de Recabarren & Asociados.