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Insolvencia en empresas eléctricas

"...Este procedimiento establecido en la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE), si bien perfectible, puede funcionar como una forma de proteger la seguridad del sistema y el suministro a los consumidores finales de energía eléctrica, aun cuando —en principio— pueda verse como una circunstancia que implique un eventual perjuicio de los acreedores..."

Jueves, 19 de enero de 2023 a las 9:47
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Vicente Tapia
Conforme a información pública, hasta ahora al menos dos empresas generadoras de energías renovables han declarado su insolvencia en los últimos meses. Se trata de María Elena Solar S.A. e Ibereólica Cabo Los Leones II S.A.

En efecto, mediante cartas enviadas al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) en los meses de septiembre y octubre de 2022, María Elena Solar, filial de la empresa española Solarpack Corporación Tecnológica SL, e Ibereólica Cabo Leones II, filial del también español Grupo Ibereólica Renovables y GPG (Grupo Naturgy), han informado, respectivamente, que “se encuentran en la imposibilidad económica de continuar cumpliendo en tiempo y forma su obligación de pago de los montos que emanan de los Balances de Transferencias Económicas” y que “no podrá dar cumplimiento a sus obligaciones de pago de las transferencias económicas determinadas por el Coordinador y derivadas de su posición de empresa generadora deficitaria en el Informe de Valorización de Transferencias Económicas”.

Si bien las causas de estas declaraciones de cesación de pagos o insolvencia pueden ser múltiples y de especial relevancia1, para evitar que se conviertan en una constante y que puedan representar un riesgo para la seguridad del sistema resulta importante conocer qué es lo que dispone la regulación en estos casos.

Recientemente, ya en enero de 2023, se ha presentado la solicitud de inicio de un procedimiento concursal de liquidación forzosa respecto de María Elena Solar S.A2.

En esta columna nos referiremos a la regulación de los procedimientos concursales de las empresas eléctricas y a cómo interactúan la normativa sectorial en materia eléctrica y las reglas generales sobre insolvencia.

El artículo 146 ter de la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE)3 establece un procedimiento concursal especial de liquidación de una empresa generadora, transmisora o distribuidora de electricidad4.

En dicha normativa se establece una excepción a las reglas generales, ya que, de encontrarse comprometidos los objetivos referidos en el artículo 72°-1 o la suficiencia de un sistema eléctrico, la resolución de liquidación ordenará la continuación definitiva de las actividades económicas del deudor, junto con designar al administrador provisional de los bienes comprometidos en la continuación definitiva de actividades económicas del deudor.

La continuidad del giro de las empresas eléctricas no tiene diferencias fundamentales con el procedimiento señalado en la Ley 20.720, de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas. Sin embargo, una diferencia relevante se encontraría en que en la LGSE no se opta por la continuación del giro como una forma de realizar los bienes para pagar a los acreedores5, sino que constituiría una expresión legal del principio de conservación de la empresa6.

Podemos destacar las siguientes manifestaciones de dicho principio:

(i) tanto el liquidador como los acreedores no pueden oponerse a esta orden de continuación del giro, sin perjuicio de la decisión que pudiesen acordar en una Junta de Acreedores posterior;

(ii) se suspende el derecho de los acreedores hipotecarios, prendarios y retencionarios para iniciar o proseguir en forma separada las acciones dirigidas a obtener la realización de los bienes comprendidos en la continuación definitiva;

(iii) el administrador provisional designado tiene mayores facultades que un liquidador o administrador de la continuidad de giro en los términos de la Ley 20.720;

(iv) la administración provisional continuará por el período que fuere necesario, hasta que se perfeccione la enajenación de los activos;

(v) los activos de la continuación definitiva de actividades económicas deberán enajenarse como unidad económica, salvo que los acreedores con la mitad del pasivo con derecho a voto soliciten lo contrario al juez encargado del procedimiento y siempre que no se comprometan los objetivos a los que se refiere el artículo 72°-1 o la suficiencia de un sistema eléctrico.

En este sentido, durante el primer trámite constitucional de la Ley 20.220, que perfecciona el marco legal vigente con el objeto de resguardar la seguridad del suministro a los clientes regulados y la suficiencia de los sistemas eléctricos, que modificó la LGSE, incorporando el artículo 146 ter en el año 2007, se argumentó que su finalidad era, precisamente, “regular situaciones o hipótesis de hecho, que a juicio del poder ejecutivo podrían poner en riesgo tanto el suministro de electricidad a los clientes regulados del sistema como la suficiencia del mismo. En este sentido, el proyecto hace consistir los riesgos que denuncia en: i) la quiebra de una empresa eléctrica y ii) el término anticipado de un contrato de suministro eléctrico que abastezca a clientes regulados, cuando sea declarado por sentencia firme o ejecutoriada”.

En conclusión, este procedimiento establecido en la LGSE, si bien perfectible, puede funcionar como una forma de proteger la seguridad del sistema y el suministro a los consumidores finales de energía eléctrica, aun cuando —en principio— pueda verse como una circunstancia que implique un eventual perjuicio de los acreedores7.

* Vicente Tapia Infante es asociado de Prieto Abogados.


1 La cesación de pagos no es siempre indiciaria de la insolvencia ni es la única manifestación externa de la misma, pero constituye el hecho externo o revelador de insolvencia más notorio y la causa implícita de la aplicación de los procedimientos concursales en el derecho positivo nacional. Cfr.JEQUIER, Eduardo, Curso de Derecho Comercial (Santiago, Legal Publishing - Thomson Reuters, 2019), Tomo III: Derecho Concursal, Volumen 1: Antecedentes, evolución y principios del derecho concursal. Presupuestos y órganos del concurso. Reorganización o cierre de micro y pequeñas empresas en crisis (art. undécimo, ley N° 20.416), p. 110; SANDOVAL, Ricardo, Derecho Concursal: Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas (8va edición, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2020), Tomo XI: Derecho Comercial, p. 85.
2 23° Juzgado Civil de Santiago, Rol C-497-2023, solicitud presentada por KfW IPEX-Bank GmbH (“KfW”) el 09.01.2023.
3 Decreto con Fuerza de Ley N° 4, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 2007, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del Ministerio de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos en materia de Energía Eléctrica.
4 Respecto de la institucionalidad regulatoria en el sistema eléctrico chileno, ver FERRADA, Juan Carlos y TAPIA, Javier, Potestades Públicas y ámbito privado en el sector eléctrico chileno: El caso de los CDEC [Centros de Despacho Económico de Carga] como organismos autorreguladores, en Revista Chilena de Derecho,Vol. 42 (2015) N° 1, pp. 123-151.
5 FARÍAS, Cristóbal, La continuidad de las actividades económicas del deudor. Análisis de la Ley 20.720 sobre la continuidad de las actividades económicas de la empresa deudora (Santiago, Facultad de Derecho - Universidad de Chile, 2020), Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, pp. 100-106.
6 SANDOVAL, Ricardo, cit. (n. 3), p. 389. En el contexto de la Ley 20.720, en contra, ver PUGA, Juan Esteban, Derecho Concursal: Del Procedimiento Concursal de Liquidación. Ley N° 20.720 (4ta edición actualizada, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2014), p. 588, quien señala que: “El objeto de la continuación del giro es, mirado desde el punto de vista de la ejecución, desinteresar a los acreedores, no ya con la venta del activo, sino con los frutos, productos o rentas que provengan del ejercicio de la actividad del deudor. Puede establecerse una cierta equivalencia, mirada así las cosas, entre este instituto y el instituto de la prenda pretoria prescrita para la ejecución singular”.
7 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE, Historia de la Ley N° 20.220. Modifica el Decreto con Fuerza de Ley N° 4, de 2007, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Servicios Eléctricos, en lo relativo a la Seguridad y Continuidad del Suministro Eléctrico, a los clientes regulados y la suficiencia de los Sistemas Eléctricos, p. 21.

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