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Proyecto de reforma tributaria y la nueva figura del “denunciante anónimo tributario”

"...Si bien existen adherentes y opositores a esta nueva figura tributaria y, en específico, a cómo se encuentra plasmada la norma, debemos tener en consideración que el proyecto de reforma en su conjunto se encuentra en proceso de deliberación congresal y, por lo tanto, resulta probable y razonable que parte de las normas y mecanismos contenidos en esta resultan sustancialmente modificados..."

Jueves, 04 de agosto de 2022 a las 9:06
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Javier Valdivieso
Como es de público conocimiento, el pasado 7 de julio de 2022 el Ejecutivo ingresó a la Cámara de Diputados la nueva reforma tributaria con la cual se espera que se recaude en arcas nacionales 4.1 puntos adicionales del PIB. Uno de los puntos esenciales del propuesto pacto tributario dice relación con la implementación de una serie de medidas destinadas a combatir la evasión y elusión fiscal.

Es en este contexto que se incorpora en el proyecto legislativo una nueva figura denominada “denunciante anónimo tributario”. Esta configuración nace, para algunos, como un símil jurisdiccional al denunciante de delitos relativo al mercado de valores que se estableció en la Ley Orgánica de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y que tiene como función colaborar con investigaciones mediante aporte de antecedentes para la constatación de infracciones de las leyes que sean materia de competencia de la Comisión.

Dicha nueva figura denunciante se establece, en palabras del texto de reforma, particularmente en dos situaciones:

A) Para el caso de un “tercero que detecte delitos tributarios y haga una denuncia de manera anónima (…)”. En dicho evento, este tercero denunciante “podrá recibir como beneficio un porcentaje de la sanción económica en caso que se determine que haya delito”.

B) Para el caso en que “una parte involucrada en un delito tributario podrá autodenunciarse, recibiendo como beneficios evitar sanciones penales o rebajarlas por hasta dos grados”, es decir, dichos involucrados podrán acogerse a una “delación compensada” en caso de autodenunciarse y prestar total colaboración, ya sea mediante la entrega de información pertinente o delatando a otros evasores.

Como se puede apreciar, la nueva figura se estructura en base a dos hipótesis; la primera, en el caso de un tercero que detecta y denuncia al Servicio de Impuestos Internos (SII) un delito tributario, en cuyo evento recibirá un porcentaje de la sanción económica una vez que se determine el ilícito, y, la segunda, cuando el mismo involucrado en el delito se autodenuncia, pudiendo, en este caso, la sanción ser condonada o rebajada.

Con motivo de lo anterior, resulta particularmente interesante referirse a la figura del tercero denunciante indicado en el numeral A), anterior. El proyecto de reforma establece a este tercero denunciante un pago del 10% de la multa efectivamente enterada en arcas fiscales, en el evento que el infractor sea efectivamente condenado a pagar con motivo de verificarse la determinada infracción.

Ahora bien, dicho beneficio ha ocasionado, dentro de la opinión pública, una serie de dudas motivadas por un eventual exceso de denuncias que ocasionen un colapso del sistema. Este argumento es rebatido por el Gobierno aludiendo a la sanción expresa contenida en el proyecto de reforma, que dispone que “la persona que entregue información maliciosamente falsa será sancionada con multa de 100 unidades tributarias anuales”, sanción que ha tenido, a su vez, retractores, toda vez que la referencia de la norma a la palabra “maliciosa” refiere a un eventual dolo, cuestión que es de difícil comprobación en instancia probatoria.

Si bien existen adherentes y opositores a esta nueva figura tributaria y, en específico, a cómo se encuentra plasmada la norma, debemos tener en consideración que el proyecto de reforma en su conjunto se encuentra en proceso de deliberación congresal y, por lo tanto, resulta probable y razonable que parte de las normas y mecanismos contenidos en esta resultan sustancialmente modificados. En consecuencia, solo cabe esperar el debate legislativo para arribar a una correcta ponderación a la citada figura denunciante.

* Javier Valdivieso Cifuentes es socio de AVC Partners.

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