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Los sistemas de justicia en el proyecto de nueva Constitución: una propuesta que causa mayor desigualdad y que discrimina a las personas según la raza o etnia

"...Las personas ya no serán juzgadas necesariamente bajo un mismo procedimiento y tampoco se les aplicará la misma legislación sustantiva. ¿En base a qué normas procesales y sustantivas resolverá la autoridad indígena? Casos sustancialmente parecidos podrán ser resueltos de manera diametralmente diferente, lo cual no se condice con el anhelo de igualdad que reclamaría la sociedad chilena..."

Martes, 02 de agosto de 2022 a las 13:15
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Jaime Carrasco
En relación con la propuesta de nueva Constitución Política de la República, nos parece indispensable hacer algunos comentarios sobre los sistemas de justicia que se proponen.

Un primer punto que es preocupante es el cambio de denominación de “Poder Judicial” a “Sistemas de Justicia”. Esta modificación es perjudicial porque el Estado de Derecho exige una relación de frenos y contrapesos entre los tres poderes del Estado, controlándose recíprocamente, con la finalidad de evitar que alguno de ellos concentre todo el poderío del Estado. Los poderes del Estado solo podrán limitarse mutuamente si se les reconoce la misma fuerza.

En efecto, es al menos dudoso que una entidad inferior pueda efectuar un control efectivo sobre una entidad superior, siendo imprescindible entonces que el poder controlador se encuentre en un plano de igualdad frente al poder controlado. Esto no ocurre en el proyecto de nueva Constitución porque no se establece una relación de igualdad efectiva entre los tres poderes del Estado. La propuesta minusvalora al Poder Judicial porque lo trata como Sistemas de Justicia, asimilándolo a otros órganos en los cuales tendrá injerencia directa el Poder Ejecutivo como son, entre otros, el Sistema de Educación Pública, el Sistema Nacional de Salud, el Sistema de Seguridad Social.

Por otra parte, la propuesta de nueva Constitución señala que “no existirá jerarquía entre quienes ejercen jurisdicción” y “no recibirán tratamiento honorífico alguno” (art. 324.1). Es decir, los jueces ya no recibirán el tratamiento de “señoría” que actualmente les concede el Código Orgánico de Tribunales (art. 306 COT) y al parecer también se eliminarían los honores de los tribunales superiores de justicia. Esta propuesta es incorrecta porque el tratamiento honorífico de los jueces permite proyectar la solemnidad del Poder Judicial ante los demás poderes del Estado y frente a la ciudadanía. No se trata de un privilegio ni de una dádiva elitista, sino que se explica por la dignidad del cargo que ejercen.

En definitiva, la modificación del nombre del Poder Judicial, junto a la eliminación del tratamiento honorífico de los jueces, en nuestra opinión, desmedra el estatus que goza actualmente el Poder Judicial y no contribuye a la pretendida igualdad que debe existir entre los tres poderes del Estado.

Un segundo aspecto tiene que ver con el ejercicio de la jurisdicción, cuya regulación es clave para que un país logre y mantenga la anhelada paz social. La propuesta de nueva Constitución señala que la jurisdicción la “ejercen exclusivamente los tribunales de justicia y las autoridades de los pueblos indígenas reconocidos por la Constitución o las leyes dictadas conforme a ella” (art. 307.2). Esta desmembración del “Poder Judicial” es contraproducente para alcanzar la paz social por varias razones.

En primer lugar, porque la propuesta valida el ejercicio de la jurisdicción diferenciada fundado en una categoría odiosa: la raza o etnia. Actualmente, los tribunales de justicia se diferencian principalmente por las materias que conocen y no según la raza o etnia de las partes o intervinientes. En los actuales tribunales de justicia, tanto las normas de derecho común como las procesales se aplican a todos los habitantes de la República (art. 14 CC), sin distinguir su edad, sexo, estirpe o condición (art. 55 CC). Dicho diseño jurisdiccional contribuye a la igualdad ante la ley, porque todas las personas que están en una misma situación deben recurrir al mismo tribunal, no pudiendo elegirse un foro distinto a aquel que ha establecido la ley con efectos generales.

Conferir potestad jurisdiccional a las autoridades indígenas, en los amplios términos que establece la propuesta (nada se dice sobre su organización, atribuciones ni competencias), provocará desigualdad en el trato que otorga un tribunal al justiciable y en la aplicación de la ley. En efecto, las personas ya no serán juzgadas necesariamente bajo un mismo procedimiento y tampoco se les aplicará la misma legislación sustantiva. ¿En base a qué normas procesales y sustantivas resolverá la autoridad indígena? Casos sustancialmente parecidos podrán ser resueltos de manera diametralmente diferente, lo cual no se condice con el anhelo de igualdad que reclamaría la sociedad chilena, afectándose la paz social.

El diseño propuesto permite que cada jurisdicción indígena tenga un estatuto propio, distinto del Sistema Nacional de Justicia, lo cual profundiza el desmembramiento de la función jurisdiccional y genera inseguridad jurídica. Esto se agudiza si se tiene en cuenta que a los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas se les reconoce el derecho a la libre determinación (arts. 5.3 y 309.1) y el pluralismo jurídico (art. 322.1). Lo más grave es que esta diferenciación se fundamentará simple y llanamente en la raza o etnia de los justiciables, lo cual es jurídicamente reprochable y crea mayor desigualdad entre los justiciables.

En segundo lugar, ante la omisión de la propuesta constitucional sobre las reglas mínimas de funcionamiento y organización de los sistemas indígenas cabe legítimamente preguntarse: ¿cómo se asegurará la idoneidad de las autoridades indígenas que ejercerán jurisdicción?, ¿cuáles serán sus responsabilidades y prohibiciones?, ¿quién los calificará y removerá?, ¿cuál será su competencia?, ¿a qué personas podrán juzgar?, ¿cuáles son los límites de su jurisdicción?, ¿en qué grado jurisdiccional conocerán los asuntos?, ¿cómo podré inhabilitar a la autoridad indígena si existen dudas en cuanto a su imparcialidad?, ¿cuáles son los sistemas normativos de los pueblos indígenas?

Probablemente algunos afirmarán que los sistemas de justicia indígena deberán ser coordinados por el Consejo de la Justicia, pero ello no es efectivo. Las normas que regulan el Consejo de la Justicia (arts. 342 al 349) solo le encomiendan el nombramiento, gobierno, gestión, formación y disciplina del Sistema Nacional de Justicia (art. 342.1), sin incluir los sistemas de justicia indígena. Por otra parte, el art. 309.1 de la propuesta señala expresamente que los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas coexisten con el Sistema Nacional de Justicia, lo que refleja que cada sistema es independiente del otro.

Finalmente, hay que dejar claro que en Chile nunca se ha conferido potestad jurisdiccional a las autoridades indígenas. Lo que sí ha existido en épocas pasadas es un tribunal especial para la división de comunidades indígenas (creado por la Ley N° 4169 de 29 de agosto de 1927) y luego los Juzgados de Indios (creados por la Ley N° 4802 de 1930, cuyo texto fue refundido en el Decreto N° 4111 de 1931), con el mismo objeto. Sin embargo, esos tribunales no estaban compuestos por indígenas ni por autoridades indígenas sino que por jueces letrados, nombrados por el Presidente de la República, a los que se les aplicaban ciertas normas de la Ley Orgánica de Tribunales de 1875 (actual COT) y su competencia era principalmente la división y liquidación de comunidades indígenas. Esos tribunales fueron derogados por la Ley N° 17.729 de 1972. En la actualidad, la Ley N°19.253 de 1993 (Ley Indígena) no establece tribunales indígenas ni confiere potestad jurisdiccional a las autoridades indígenas.

La propuesta de nueva Constitución sin duda es errada e intenta refundar toda la organización judicial chilena. Es errada porque es injustificado que cada pueblo tenga un sistema de justicia propio, lo que implicará la existencia de tribunales especiales que juzgarán a ciertas personas (solo a indígenas o a estos y a los no indígenas), generará privilegios para ciertas personas, constituirá una discriminación arbitraria y odiosa que distingue la raza o etnia de una persona para efectos de determinar el juez natural, generará conflictos de competencia entre los tribunales de justicia pertenecientes al Sistema Nacional de Justicia y los tribunales indígenas y también entre los diferentes sistemas de jurisdicción indígena, no existirá seguridad jurídica en cuanto a los procedimientos sustanciados ante la autoridad indígena ni en cuanto a las normas que resolverán la controversia, constituirá una evidente desigualdad ante la ley tanto desde el punto de vista procesal como sustantivo, y compromete gravemente la independencia judicial.

* Jaime Carrasco Poblete es doctor en Derecho, magíster en Derecho Público y máster en Derecho de la Empresa por la Universidad de los Andes y profesor de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo.

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