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Duplicidad sancionatoria en materia de consumidor: una tarea pendiente del legislador

"...Consideramos que el planteamiento del máximo tribunal es correcto al invocar una vulneración al principio non bis in ídem en lo que respecta a responsabilidades infraccionales, protegiendo así una serie de principios y garantías constitucionales. Sin embargo, la solución plantea una serie de dudas para casos futuros que no se logran solucionar del todo..."

Lunes, 23 de mayo de 2022 a las 18:15
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Agustín Prado y Cristóbal Ipinza
Varios autores, nacionales y extranjeros, se han aventurado a decir que vivimos una época del derecho fuertemente marcada por el proceso de descodificación. Nuestras naciones se han ido desmarcando de la normativa recogida en los distintos códigos civiles y han optado por entregar una regulación específica a cada ámbito sectorial. Ejemplos de descodificación hay muchos en la legislación chilena, entre ellos, la aplicación del estatuto que protege a los consumidores y su conjugación con la ley eléctrica.

Recientemente, la Corte Suprema dictó un fallo para el caso que tiene su origen en una interrupción del servicio eléctrico ocurrida en junio de 2017 en algunas comunas de las regiones de Los Lagos y Aysén, por lo que el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) dedujo una acción colectiva contra la Empresa Eléctrica de Aysén S.A. por infracciones a la Ley N° 19.496 (LPDC).

En primera instancia, la demanda del Sernac fue acogida, condenando a la empresa eléctrica al pago de una multa y de las indemnizaciones correspondientes por cada consumidor afectado. Esta decisión fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Valdivia, aunque rebajando la multa. Ante tal decisión, posteriormente Empresa Eléctrica de Aysén S.A. dedujo recurso de casación en la forma y en el fondo, para la resolución del caso por la Corte Suprema.

Este fallo del máximo tribunal nos ilustra una situación en que dos estatutos legales de regulación especial (el energético y el de protección al consumidor) resultan aplicables para un mismo caso concreto. Esto, pues, además de la demanda deducida por el Sernac durante 2017, se condenó a la empresa eléctrica en un procedimiento sancionatorio conocido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y originado en la misma interrupción de suministro energético, cuya resolución administrativa fue revisada por la Corte Suprema, aplicándose multas a beneficio fiscal y compensaciones a los usuarios de conformidad a la ley eléctrica.

Ante esta duplicidad de estatutos, finalmente, la Corte Suprema optó por exonerar a la empresa eléctrica, tanto en lo relativo a la infracción como a los daños sufridos por los consumidores. La no concurrencia de responsabilidad infraccional se sustenta en la vulneración del principio non bis in ídem, que establece que un administrado —como sin duda lo es la empresa eléctrica— no puede ser objeto de dos procedimientos sancionatorios que busquen tutelar un mismo bien jurídico protegido.

Notamos que, tanto el estatuto de derecho del consumidor como el que regula al sector de suministros eléctricos, otorgan soluciones ante la misma problemática: por un lado, una sanción administrativa, y, por otro, una compensación o indemnización a favor del consumidor. Ante tal disyuntiva la pregunta central es: ¿pueden coexistir estas soluciones o son excluyentes?

La Corte Suprema estimó que, en lo infraccional, existiendo un pronunciamiento anterior de la Superintendencia del ramo y que además fue revisado por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, se verificaba en la especie una vulneración al principio non bis in ídem, dando lugar al rechazo de la denuncia infraccional, absolviéndose a la empresa de suministro eléctrico.

Muy acertadamente, la Corte Suprema señala que la vulneración al principio non bis in ídem se vincula a los principios de legalidad y tipicidad, buscando impedir la doble punición y relacionándolo con las garantías relativas al debido proceso. Por otro lado, la Corte Suprema optó por rechazar la acción civil de indemnización de perjuicios deducida por el Sernac, ya que los daños alegados se encontraban indemnizados con las compensaciones otorgadas por la ley eléctrica.

Consideramos que el planteamiento del máximo tribunal es correcto al invocar una vulneración al principio non bis in ídem en lo que respecta a responsabilidades infraccionales, protegiendo así una serie de principios y garantías constitucionales. Sin embargo, la solución plantea una serie de dudas para casos futuros que no se logran solucionar del todo. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si una duplicidad de juzgamientos (similar a la abordada en este caso) se verificara de manera coetánea y no uno tras el otro como ocurrió aquí? ¿Qué sucede respecto del daño moral? Este último no está contemplado en los montos que se compensan vía normativa eléctrica, no obstante, modificaciones recientes a la LPDC sí contemplan la procedencia de este tipo de indemnizaciones, dando ciertas soluciones a la problemática de existir posibles duplicidades de juzgamiento en este sentido.

Si bien las reformas incorporadas a la LPDC abordan aspectos de la responsabilidad civil, dichas correcciones legislativas no resuelven qué ha de ocurrir con la duplicidad de responsabilidades infraccionales. En un contexto de progresiva descodificación, en donde la ley va situándose en presupuestos cada vez más específicos, somos de la opinión de que es tarea primordial del legislador dictar una normativa que, en este caso y en cualquier otro similar, sea respetuosa de garantías fundamentales y principios procesales elementales como los recogidos por la Corte Suprema en su reciente fallo. Dicha normativa debe ser concordante con lo dispuesto en la Ley N° 18.575, que instruye a los órganos que integran la Administración del Estado la obligación de cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción.

En esa línea, el criterio tomado por el máximo tribunal en el fallo comentado es valorable como un avance que debe materializarse en un pronunciamiento legal categórico, que excluya la duplicidad de juzgamientos, y no deje espacio para vacilaciones que produzcan incertidumbre a todos estos actores: consumidores, usuarios y empresas.

* Agustín Prado Villegas y Cristóbal Ipinza Mursell son abogados del equipo Judicial de Prieto.

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