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Exclusión de la protección constitucional a la propiedad industrial

"...La adecuada protección, tanto de la propiedad Industrial como intelectual, ha cobrado una importancia enorme para la credibilidad interna e internacional de un país, por lo que su determinación no puede tener diversas interpretaciones, sino que el establecimiento de derechos de propiedad con rango constitucional, claramente definidos, será la clave para el fomento de las iniciativas internas y la atracción de las inversiones extranjeras..."

Viernes, 13 de mayo de 2022 a las 11:50
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Max Villaseca
El 27 de abril el pleno de la Convención aprobó la protección constitucional de los derechos de autor sobre sus obras intelectuales, científicas y artísticas, incluidos los derechos morales y patrimoniales. Asimismo, los derechos de los intérpretes o ejecutantes. Lo anterior mejora parcialmente la primera propuesta de la Comisión, que dejaba todo entregado a la determinación de la ley.

Sin embargo, parece muy preocupante el rechazo a la garantía constitucional de la propiedad industrial, que volvió nuevamente a producirse por parte del pleno, al no haber conseguido la mayoría necesaria el artículo que señalaba: “La Constitución asegura la protección de los diversos títulos de protección de propiedad industrial. La ley reglará los derechos que se confieren a su titular, su duración y las limitaciones derivadas de su función social”.

La propiedad industrial, integrada por las marcas comerciales, patentes de invención, protección a las nuevas variedades vegetales y secretos industriales, entre otros, requiere del reconocimiento constitucional que tradicionalmente recibió en las cartas de 1833, 1925 y 1980, no por un mero preciosismo, sino porque ella tiene características que no permiten encuadrarla del todo en la propiedad común. En efecto, la propiedad industrial refiere a bienes inmateriales, se protege temporalmente y puede ser ocupada simultáneamente por un número indefinido de personas. Todo ello requiere, para evitar equívocos, de una protección especial consagrada en la Carta Fundamental, con las garantías que se reconocen a la propiedad ordinaria, para que su resguardo sea eficiente, eficaz y completo. Esto, para incentivar y amparar debidamente las producciones del talento y del ingenio que, en materias de la manufactura y del comercio, movilizan y ayudan a miles de emprendedores e innovadores, en un principio con empresas pequeñas o medianas, que se esfuerzan a diario por discurrir y dar valor a esos intangibles que, algún día, harán posible para nuestro país no seguir siendo un mero productor de materias primas y acercarse al tan anhelado desarrollo.

Precisamente eso es lo que motiva universalmente a los países, que han progresado o que pretenden hacerlo, a proteger específicamente la propiedad industrial al más alto nivel institucional y, definitivamente, con rango constitucional en todos los países relevantes de América partiendo, a vía ejemplar, por Canadá y pasando por Estados Unidos, México, Brasil y todos nuestros países limítrofes. El borrador de la Convención Constitucional constituye, entonces, no solo una regresión en nuestra historia, sino que caminar en contra de la senda del progreso científico y tecnológico que mueve a gran parte del mundo.

Esto es particularmente contradictorio cuando no son pocos los ejemplos de emprendimientos recientes chilenos, como Cornershop y NotCo, que ayudaron a nuestro país a surfear de mejor forma la crisis sanitaria y económica. También hay varios emprendimientos internacionalmente reconocidos, como Viña Montes, Crystal Lagoons, Sonda, Cencosud, Grupo Alto, Drillco Tools y Hortifrut, entre otras, que, habiendo empezado de la nada, se desarrollaron y se valorizaron, creando muchos empleos y retornos para Chile, lo que seguramente no habrían logrado sin la adecuada protección de sus esfuerzos por investigar y desarrollar.

En el ámbito externo, esta protección constitucional parcial también resulta poco coherente con la voluntad del presidente Boric de ratificar hace pocas semanas el Protocolo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, referido al reconocimiento y protección de marcas comerciales, el que se viene a sumar a un sin número de tratados internacionales ya suscritos por Chile, de los 27 que administra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), a través de los cuales se realizan transferencias tecnológicas y de know-how que benefician y se capitalizan en nuestro país.

En el mundo de hoy, la adecuada protección, tanto de la propiedad Industrial como intelectual, ha cobrado una importancia enorme para la credibilidad interna e internacional de un país, por lo que su determinación no puede tener diversas interpretaciones, sino que el establecimiento de derechos de propiedad con rango constitucional, claramente definidos, será la clave para el fomento de las iniciativas internas y la atracción de las inversiones extranjeras que tanto requiere nuestro país para salir de la crisis que lo abate y abrir nuevamente las perspectivas al desarrollo.

* Max Villaseca Molina es socio de Villaseca Abogados.

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"...A partir de la experiencia acumulada por los juzgados de policía local, habrá que ver cómo la jurisprudencia va delineando los distintos aspectos de esta acción (...), que reformula la pretensión de supresión, modificación o reemplazo que contenía la Ley 19.537, y también si el reglamento de dicha ley agrega algún aspecto nuevo. Sin duda, son muchos los aspectos relacionados que pueden generar controversia..."

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"...Resulta ser una plataforma por medio de la cual la propiedad intelectual se encuentra igualmente vulnerable y no es suficiente que las empresas registren sus marcas para la clase que corresponda, sino que, con una visión de negocio, deberían registrarlas de manera tal que queden protegidas en el mundo digital. Igualmente importante para la industria es instalarse en ella y así marcar presencia con activos digitales..."

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"...La sentencia de la Corte Suprema razona correctamente. Otra línea jurisprudencial sobre la misma cuestión no lo hace; aquella que siguió la Corte de Apelaciones, según la cual la existencia de un título determinaría que la tenencia no se explicara por la ignorancia o mera tolerancia del dueño, con independencia de si le resulta o no oponible al dueño..."

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"...La regulación de esta materia implicó hacerse cargo de una serie de desafíos de no fácil tratamiento, pues comprende situaciones innovadoras en el plano laboral, varias de ellas rupturistas con lo clásico en la materia y siguiendo las aguas de la regulación de los teleoperadores el año 2019 (Ley 21.142) y del trabajo a distancia y del teletrabajo en el año 2020 (Ley 21.220)..."

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