Durante los últimos años, la visión sobre la corrupción en Chile ha mutado, no solo desde la perspectiva legislativa y del diseño e implementación de políticas públicas, sino también en relación con la opinión de la ciudadanía que, de manera creciente, ha manifestado su rechazo a dicho fenómeno global.

Lamentablemente, esta nueva conciencia no ha sido suficiente para ponerle freno al problema, tal como se ha evidenciado en los distintos escándalos y casos de corrupción que han involucrado transversalmente tanto a la esfera pública como a la privada de nuestro país. Lo anterior ha contribuido a una —cada vez más acelerada— pérdida de la confianza en las instituciones por parte de la población y, asimismo, al incremento del recelo respecto de quienes sirven en ellas o, en muchos casos, se sirven de ellas.

En efecto, según un estudio publicado en diciembre de 2020 por la Contraloría General de la República, el 77,4% de los encuestados considerara que el país es “muy o totalmente corrupto”, mientras que un 46,3% considera que en cinco años más el país será “más o mucho más corrupto”¹.

Asimismo, desde el año 2012 Chile ha bajado cinco puestos en el Índice de Percepción de la Corrupción que anualmente publica Transparencia Internacional, ubicándose en el segundo mejor lugar en la región y siendo únicamente superado por Uruguay².

En este contexto, cobran suma importancia los planes y el enfoque que adopten las autoridades y principales órganos nacionales durante el ejercicio de sus funciones, ya que, como bien lo señalaba Piero Calamandrei respecto de los jueces y la corrupción —y cuyas apreciaciones respetuosamente nos permitimos extender a los funcionarios públicos en general—, “el verdadero peligro no viene de fuera; es un lento agotamiento interno de las conciencias, que las hace aquiescentes y resignadas”³.

Tal como en el Compliance privado, que ha acuñado el concepto del “tone from the top”, la forma en que las autoridades se conduzcan mientras ejercen las principales magistraturas del país será fundamental, pues denotará su compromiso —o falta del mismo— con la ética y con el ejercicio de liderazgos honestos, así como fundados en la probidad y en la fe pública.

Téngase presente que ello no es trivial, pues, tal y como ha señalado el contralor general de la República, “el más grave problema que plantea la corrupción está en el socavamiento permanente de la democracia”⁴.

Desde una mirada al escenario político actual, pareciera ser que se ha dado inicio a una lenta transición en cuya virtud la necesidad de prevenir y luchar contra la corrupción se ha convertido en una exigencia social transversal. Así, el programa de gobierno presentado por el presidente electo Gabriel Boric propone distintas medidas sobre el particular, que apuntan tanto al aparato público como a los privados.

Vale la pena destacar, entre ellas, (i) el fortalecimiento de la institucionalidad en materia de persecución de abusos empresariales y delitos como la corrupción a través de la extensión de las figuras de delación compensada y denunciante anónimo; (ii) el robustecimiento de las competencias de la Unidad de Análisis Financiero; (iii) el estudio de reformas para que los cargos de planta sean llenados por concursos periódicos anónimos, con el propósito de seleccionar a las personas que cumplen requisitos habilitantes de formación idónea bajo los principios de profesionalismo, integridad, paridad de género y respeto de la diversidad; (iv) el reimpulso de un proyecto de ley para crear una “Ficha Limpia de Candidatos” y (v) una propuesta de reforma al sistema para optimizar la competencia y eficiencia en las compras públicas mediante un proceso que sea óptimo, eficiente y transparente.

Por otra parte, el 22 de diciembre recién pasado, un grupo de convencionales constituyentes, liderado por Bernardo de La Maza y entre los que se encuentran Patricia Politzer y Agustín Squella, presentó una iniciativa de norma constitucional destinada, entre otras materias, a establecer la obligación para los titulares de las funciones públicas de dar estricto cumplimiento a los principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas en todas sus actuaciones, así como a instaurar como deber del Estado promover la integridad de la función pública y erradicar la corrupción en todas sus formas, tanto en el sector público como en el privado.

Si bien lo señalado en los párrafos precedentes pareciera ser auspicioso y permite abrigar esperanza de que las autoridades lleven a cabo un verdadero cambio de enfoque en el que primen la transparencia, la probidad y la ética, resta por verse si el mundo privado se embarcará de lleno en este desafío.

En efecto, la lucha contra la corrupción es y será un proceso multisectorial, complejo y probablemente incesante, en el que resulta imprescindible la confluencia del mundo público y el mundo privado, y el compromiso transversal de los distintos actores con la educación y formación de las generaciones venideras. Al fin y al cabo, “no es el pueblo naciente el que degenera; este no se pierde más que cuando los hombres maduros ya están corrompidos”⁵.

Se dice que en el año 1820 se leían inscritos los siguientes versos de don Bernardo Vera y Pintado en el proscenio del primer teatro de Santiago: “He aquí el espejo de virtud y vicio / Mirad en él, y pronunciad el juicio”.

Esperamos que, como protagonistas de nuestro devenir, podamos en unos años mirarnos en ese espejo y observar que de su reflejo destella más virtud que vicio.

* Diego Madariaga Urrutia es asociado del equipo de Compliance de Prieto Abogados.