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CMF y su crucial impulso a los Derechos Humanos en la empresa

"...El cumplimiento de estos principios es elevado al nivel de información crítica contenida en la memoria social de la entidad informante; es decir, información continua que, como sabemos, debe cumplir con ser completa, correcta y oportuna. Luego, si la información no cumple con estos estándares, la entidad informante y sus administradores serán responsables y, eventualmente, sancionados..."

Miércoles, 24 de noviembre de 2021 a las 9:40
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Alejandra Parra
Recién salida del horno, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha publicado la Norma de Carácter General N°461, que modifica el contenido de la memoria anual de ciertas entidades, incorporando el reporte sobre factores ambientales, sociales, de Gobierno y Derechos Humanos. Esta norma exige a las entidades informantes indicar expresamente si adhiere a los principios rectores sobre DD.HH. y Empresas de las Naciones Unidas, junto con reseñar la forma de cómo la administración conduce los riesgos armonizándolos con su estrategia de negocios.

Esta nueva obligación de “información continua” con foco en los Derechos Humanos es una novedad extraordinariamente relevante para las empresas chilenas. La adhesión a estos estándares en los negocios significa transitar a un paradigma en el cual las personas y las comunidades están al centro de las preocupaciones de una empresa.

La promulgación de esta norma se enmarca en el cumplimiento de la obligación de Chile de adecuar sus normas nacionales a los tratados de Derechos Humanos ratificados.

Por efecto de la nueva norma, el cumplimiento de estos principios es elevado al nivel de información crítica contenida en la memoria social de la entidad informante; es decir, información continua que, como sabemos, debe cumplir con ser completa, correcta y oportuna. Luego, si la información no cumple con estos estándares, la entidad informante y sus administradores serán responsables y, eventualmente, sancionados.

Adicionalmente, la estrategia de implementación se basa en un modelo de autorregulación, permitiendo que el cumplimiento de la obligación sea aterrizado a la realidad de la entidad informante, que es mejor conocida por la misma empresa. La autorregulación no es un traje a la medida para amañar la aplicación de la norma según la conveniencia de cada cual, sino que puede tener consecuencias jurídicas bien concretas, pues las conductas de negocio que sean desarrolladas —luego de adoptadas las políticas— serán contrastadas con el estándar de cuidado que deben observar las empresas y su administración según lo ordena la ley general. Es decir, el estándar de diligencia es elevado y su espectro de aplicación ampliado a un nuevo orden de gobierno interno de la empresa más sofisticado y exigente.

Así las cosas, ¿es o no recomendable adherir a estándares de derechos humanos y hacerlo público?

Existen muy buenas razones de negocio para ello, amén de las sociales. Por mucho que sea parte de una tendencia mundial, esto no es una moda y debemos prestarle seria atención.

La rápida y profunda evolución que ha tenido la implementación de políticas de ESG y Derechos Humanos en la empresa está provocando sustantivos efectos en la forma de conducir los negocios o de hacer decisiones de inversión. Es decir, avanza como un vector de gobierno empresarial determinante en la responsabilidad de los administradores y se erige como un paradigma de inversión que influirá en la formación de precios en los mercados e incidiendo en la asignación capitales y recursos. Aquellos que sean pioneros podrán gozar más plenamente de los beneficios de obtener capital a mejores costos y mejorar su inserción social con las comunidades, valorizando sus marcas y agregando valor a sus relaciones con clientes y proveedores estratégicos.

* Alejandra Parra Novoa es asociada de Kunstmann Spiess Abogados.

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