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La justicia como base de la paz social

"...Las tres medidas que proponemos buscan de algún modo reparar las perniciosas consecuencias que la violencia descontrolada desatada luego del 18 de octubre de 2019 generaron para diversos y disímiles sectores de la población (...) No se trata de premiar a héroes, sino simplemente de tomar medidas viables y racionales que permitan avanzar en la necesaria pacificación del país..."

Martes, 23 de noviembre de 2021 a las 9:45
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Manuel Guerra
Sin lugar a dudas, hemos vivido un fuerte clima de enfrentamiento y polarización política, en el cual el ejercicio de la violencia como mecanismo de acción política incluso se ha validado en ocasiones por parte de algunos actores.

Esto originó una espiral de hechos violentos, muchos de ellos constitutivos de delitos de las mas diversas índoles. Pero, si pudiéramos buscar un denominador común lo encontraríamos en los episodios ocurridos desde el 18 de octubre de 2019 en adelante.

A efectos de no caer en lugares comunes y en aras de buscar soluciones mas que profundizar diagnósticos, considero necesario proponer medidas que contribuyan a alcanzar justicia, entendiendo que esta jamás es completa, pero que cuando existe en oposición a la impunidad es capaz de contribuir a un objetivo que hoy debe convocarnos a todos mas allá de nuestra naturales y particulares diferencias, dicho objetivo es la paz social.

No se trata de abdicar de las ideas propias y abrazar las ajenas, sino que de entender que en cada drama humano existe parte de una verdad y parte de la legitimidad que muchas veces nos pretendemos atribuir exclusivamente.

Luego de analizar los distintos fenómenos delictuales surgidos como consecuencia del estallido he estimado adecuado hacer propuestas en torno a tres de ejes esenciales.

Indulto a presos por delitos cometidos con ocasión de movilizaciones originadas desde el 18 de octubre

Existe un proyecto presentado por un grupo de senadores de oposición que pretende indultar a personas condenadas y enjuiciadas con ocasión del estallido social. Si bien, a dicho proyecto se le denomina indulto, en definitiva se trata de una amnistía, ya que busca, por una parte, eliminar el delito cometido así como la pena impuesta y abarca hechos de la más diversa naturaleza.

No obstante, existe un área en la cual se genera un fenómeno indesmentible y que tiene como consecuencia uno de los efectos denunciados por los autores del proyecto, cual es la extensión de la prisión preventiva y, además, el cumplimiento de una pena efectiva para quien antes de la conducta objeto de juzgamiento no ha sido condenado con anterioridad.

El caso al que hago referencia es el de los condenados o los formalizados por cometer el delito contemplado en el artículo 14 D de la Ley 17.798 sobre control de armas, a saber, “el que arrojare o fabricare artefactos incendiarios”, ilícito al cual, por disposición de lo expresado en el artículo de dicho cuerpo legal, en primer lugar no se aplican las reglas generales sobre determinación de pena contenidas en los artículos 65 a 69 del Código Penal, es decir, se le quita al juez la facultad de bajar, en el caso de haber dos o más circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal, uno o más grados de la pena base asignada al delito, que en este caso es de presidio menor en su grado máximo, es decir de 3 años y un día a 5 años de privación de libertad.

Por otra parte, por disposición del artículo 1 de la Ley 18.216, que establece el régimen de penas sustitutivas, el condenado por el referido delito contenido en el artículo 14 D ya indicado de la Ley 17.798 sobre control de armas no tendrá derecho a que se le aplique alguna de las penas sustitutivas indicadas en la ley.

Frente a esta realidad es que considero que se debe buscar un punto intermedio que contribuya a la paz social en el país. No parece bueno el proyecto de ley presentado ya que simplemente establece impunidad para delitos que existieron y que fueron juzgados conforme las normas que el propio Congreso aprobó en su momento.

Pero tampoco parece razonable establecer normas que crean delitos inexcarcelables para personas que poseen irreprochable conducta anterior y que si colaboran con el esclarecimiento de los hechos de la investigación no tienen beneficio o ganancial alguno.

Sobre esa base, la propuesta que sostengo es la de modificar el art. 17 B inciso segundo de la ley de control de armas, derogando la disposición que hace inaplicable lo dispuesto en los arts. 65 a 69 del Código Penal y, a su vez, eliminar el artículo 14 D del catálogo de delitos a los cuales no se aplica pena sustitutiva, norma, por lo demás, de cuestionada constitucionalidad.

De aprobarse una modificación como la propuesta se podrían revisar muchas de las sentencias condenatorias existentes, posibilitando la aplicación de una pena sustitutiva a personas condenadas, y revisar la situación de personas hoy privadas de libertad, que entiendo es el objetivo final de los autores del proyecto, pero sin dar margen a la impunidad.

Compensación a víctimas de la violencia institucional en el contexto del denominado estallido social

Existen diversas cifras que dan cuenta de numerosos hechos constitutivos de delitos que afectaron seriamente derechos fundamentales de muchos compatriotas por parte de agentes del Estado en el marco de las movilizaciones originadas desde el 18 de octubre de 2019 en adelante. Estas van desde casos que se tradujeron en la muerte de personas, pasando por los graves casos de mutilaciones, lesiones graves, torturas, apremios ilegítimos y abusos contra particulares, por mencionar a vía de ejemplo algunos de ellos.

Ala fecha es claro que será tarea imposible acreditar la responsabilidad penal de quienes participaron en estos hechos. Lo anterior es consecuencia de las dificultades que hubo para obtener información en forma oportuna sobre la forma en que ocurrieron los hechos y eso ha conspirado en contra de la identificación de los responsables.

No obstante lo anterior, existe claridad en que los hechos existieron, en que fueron producto de la actuación de los agentes del Estado y también existe prueba del daño originado a las víctimas.

Sobre esa base, y mas allá del curso que tengan las investigaciones penales, parece ineludible llevar adelante un proceso de reparación para las víctimas de los delitos cometidos por agentes del Estado en el marco del estallido social. Este proceso debe ser institucional y abarcar diversas áreas.

En primer lugar, debe generarse una comisión que reciba los casos y evalúe la pertinencia de la reparación y la forma que esta debe adoptar. Para ese fin el país tiene la experiencia de la Comisión Valech, creada en su momento por el Presidente de la República Ricardo Lagos Escobar, y el formato de la Ley 19.992.

Luego, en cuanto a la extensión de la reparación, existe una dimensión patrimonial que debe traducirse en una indemnización pagada por el Estado en función del daño ocasionado, así como lo relativo a los costos de tratamientos médicos de la más diversa índole, junto con las terapias de reparación que resulten necesarias, sin límite temporal.

Lo anterior no elimina la gravedad de los hechos, pero, en primer lugar, significa un reconocimiento del Estado a las víctimas en su condición de tales y permite que las compensaciones por el daño ocasionado lleguen en forma oportuna y no a través de juicios eternos. Bien sabemos que si la justicia es tardía, no es justicia.

Reparación a víctimas de violencia social en sus propiedades y establecimientos comerciales

Qué duda cabe que otro efecto indeseable pero real del estallido social y de la violencia generada por él fue la afectación a miles de ciudadanos en sus fuentes de trabajo. Así, múltiples establecimientos de comercio, muchos de ellos muy modestos, se vieron afectados por incendios, saqueos y destrozos de sus instalaciones, con la consecuente pérdida de empleos y afectación económica para trabajadores y propietarios. Los lugares donde se encontraban estos locales comerciales, que en muchos casos eran adyacentes a las viviendas de sus propietarios, se transformaron en verdaderas zonas de sacrificio, trastocando de manera lamentable la forma de vida existente hasta octubre de 2019 y perjudicando su subsistencia y tranquilidad.

Frente a lo anterior, el Estado no puede permanecer impávido. Le asiste el deber de proteger a sus ciudadanos garantizando que puedan desarrollar libremente sus actividades económicas y cuenten con la adecuada seguridad para afrontar la vida diaria.

Ante esta realidad, es imprescindible generar mecanismos de compensación económica concretos para estas víctimas del estallido social, que solo tuvieron la mala fortuna de estar en lugares en que la violencia arrasó con sus establecimientos, privándoles del legítimo derecho a ganarse la vida en forma honesta y destruyendo miles de puestos de trabajo producto de la acción delictual de sujetos que, amparados en la protesta social, no trepidaron en destruir aquello que estuviera a su paso.

Las tres medidas que proponemos buscan de algún modo reparar las perniciosas consecuencias que la violencia descontrolada desatada luego del 18 de octubre de 2019 generaron para diversos y disímiles sectores de la población y, además, tienen por finalidad contribuir a la paz social. No se trata de premiar a héroes, sino simplemente de tomar medidas viables y racionales que permitan avanzar en la necesaria pacificación del país. No son medidas fáciles de adoptar y no constituyen ideales, pero son un avance.

* Manuel Guerra Fuenzalida es abogado, académico de la Universidad San Sebastián y ex fiscal regional del Ministerio Público.

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