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Sobre proyecto de ley que establece imprescriptibilidad de la acción penal en delitos sexuales

"...Si lo que se pretende es proteger a la víctima de este tipo de delitos y subsanar de alguna forma el hecho de que el afectado normalmente no puede o no se atreve a denunciar estas agresiones (...), dicho objetivo se desvirtúa completamente, desde la óptica del inicio de la persecución penal ya no hay protección alguna que dispensar a la víctima del delito..."

Miércoles, 17 de noviembre de 2021 a las 10:10
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Loreto Hoyos
El pasado 18 de agosto la Cámara de Diputados aprobó en forma unánime el proyecto de ley que declara imprescriptible los delitos sexuales.

En dicha iniciativa se propone la reforma del artículo 94 bis del Código Penal —que refiere a la prescripción de la acción penal que emana de los delitos sexuales— por medio del reemplazo del texto actual (que refiere a las víctimas menores de edad) por la frase “cualquiera sea la edad de la víctima”. A través de esta modificación se pretende que, por las circunstancias de comisión del delito y dificultades que con frecuencia enfrentan las víctimas de los mismos, la persecución penal de dichos ilícitos pueda ser iniciada en cualquier momento.

En este sentido, y al margen de los argumentos que de perogrullo podrían esgrimirse en favor de la reforma, resulta esencial poner sobre la mesa ciertos aspectos de la discusión que no han tenido mucha vitrina en la tramitación del proyecto. En efecto, mucho se ha dicho sobre los avances que la incorporación de una norma como esta importaría en nuestro ordenamiento jurídico. Demasiado se habla sobre cómo la imprescriptibilidad de la acción penal en materia de delitos sexuales beneficiaría a las víctimas y sus intereses en el proceso penal. Sin embargo, en el marco del discurso de los impulsores del proyecto, se han obviado cuestiones procesales que son fundamentales a efectos de evaluar las consecuencias de un cambio como el antes referido. A continuación, solo un par de ejemplos que ilustran lo expuesto.

Así, y sin perjuicio de las consideraciones que sobre los atentados al principio de igualdad y seguridad jurídica podrían esgrimirse en torno a la reforma, existen ciertos aspectos procesales que no pueden soslayarse en el análisis de este proyecto. En primer lugar, cabe instalar las siguientes interrogantes desde la óptica de la acreditación y persecución del delito: ¿cuál es la real protección que dispensa la imprescriptibilidad de la acción penal en aquellos casos en que —y como sería lo habitual—, por el tiempo transcurrido entre la comisión del hecho y la denuncia, la única prueba que existe es la declaración de la propia víctima del delito? ¿Tiene algún sentido procesal-práctico la pervivencia de un proceso penal bajo esas condiciones probatorias? En ese mismo tenor y de cara a la convicción judicial de la efectividad de los hechos, ¿qué utilidad en la reconstrucción del relato pueden revestir las declaraciones prestadas en una investigación o juicio si ha pasado demasiado tiempo desde la comisión del ilícito? Las respuestas a las interrogantes formuladas son bastantes obvias y, además, no se condicen con el fin protector de los intereses de las víctimas que aducen los impulsores del proyecto.

Asimismo, en cuanto al límite de las indagatorias llevadas por la fiscalía, cabe señalar que si bien el plazo máximo de dos años luego de la formalización se mantiene en este tipo de delitos, no podemos olvidar que en fase desformalizada el único límite que existe para las investigaciones es el plazo de prescripción. En este tenor, sin mediar formalización, y con la modificación del artículo 94 bis ya vigente, el Ministerio Público podría sostener una investigación sin ningún límite de tiempo, afectando con ello gravemente la presunción de inocencia del imputado en el procedimiento.

Además, si nos ponemos en el caso en que la denuncia por parte de la víctima se hubiere hecho muy poco tiempo después de cometido el delito, ¿cuál es realmente el efecto procesal que tiene la aplicación de la norma propuesta?, solo levantar los límites temporales de las indagatorias que al efecto se inicien. Así, si lo que se pretende es proteger a la víctima de este tipo de delitos y subsanar de alguna forma el hecho de que el afectado normalmente no puede o no se atreve a denunciar estas agresiones, en el supuesto recién analizado dicho objetivo se desvirtúa completamente, desde la óptica del inicio de la persecución penal ya no hay protección alguna que dispensar a la víctima del delito. Si una investigación ya se inició, las únicas consecuencias que se derivan de la imprescriptibilidad de la acción penal respectiva es la afectación de las garantías del imputado, nada más.

En definitiva, estamos frente a un proyecto que, como forma de descompresión de un conflicto social, únicamente resguarda el derecho a denuncia formal del delito respectivo, denuncia que, como ya sabemos, no trae aparejada una persecución eficaz del delito cometido.

* Loreto Hoyos Reyes es asociada del Grupo de Litigio Penal de Albagli Zaliasnik y abogada de la Universidad de Chile.

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