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Comentario al libro “Derecho Procesal Ambiental”, de Cristián Peña y Lillo

"...Es de destacar que hasta la fecha, según mi opinión, no existen otras obras que traten con profundidad material este tema, por lo que en cuanto al desarrollo doctrinario del área esta resulta de igual forma ser valiosa para nutrir aspectos que a más de un lector le quedaron pendientes..."

Viernes, 12 de noviembre de 2021 a las 19:45
Ficha técnica
Título: Derecho Procesal Ambiental
Autor: Cristián Peña y Lillo Delaunoy
Editorial: Thomson Reuters
Edición: 2021
Precio: $66.000
596 páginas
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Por Pablo Miranda
Si bien el Derecho Ambiental es una de aquellas áreas que dentro de la doctrina jurídica recibe con cierta regularidad aportes científicos, resulta prudente tomarse un tiempo para estudiar el enfoque procedimental a través del cual nuestra legislación hace efectivo el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. En esta oportunidad, la invitación estaba hecha: teníamos a la mano un ejemplar que prometía mucho por su título y merecía ser analizado con detención, ya que nadie hasta la fecha se había dado el tiempo de escribir con deferencia sobre las formas en que se desarrolla el derecho ambiental sustantivo ante la judicatura ambiental especializada en Chile, como para dedicarle un tomo completo al análisis de sus pormenores.

El texto, en las 545 páginas que trabajó esmeradamente Cristián Peña y Lillo, se nos plantea como una revisión estructurada a los remedios procedimentales que la institucionalidad ambiental provee para resolver los conflictos socioambientales tanto con la administración como entre particulares, asunto que resulta de gran importancia considerando que la mayoría de las obras en el área tocan cuestiones sustantivas, sin tener estas un enfoque hacia la orientación técnica del operador del aparato jurisdiccional del ramo. En consecuencia, el trabajo realizado por el autor es una valiosa herramienta para la comprensión o consulta específica de temas de importancia significativa en el desarrollo de la judicatura ambiental.

Lo anterior, me atrevo a señalar, implica que la obra es apta para todo público dado el carácter catedrático que la empapa, lo que es consecuente con el conocimiento especializado del autor y su grado de magíster en Derecho Ambiental; por lo anterior, el presente libro no tan solo será idóneo para el que tenga interés en impregnarse o profundizar aspectos procedimentales, sino también para aquellos consultores que requieran dar enfoques proyectándose en los pormenores de casos de importancia que han sido refrendados a través del exquisito trabajo de su autor.

En la obra que es publicada por Thomson Reuters —en cuanto a lo que al operador jurídico interesa— su autor recorre y desarrolla de forma adecuada los aspectos procedimentales mediante los cuales se sustenta la resolución de los conflictos socioambientales al tenor de la Ley N° 20.600, dando un enfoque sistemático que resulta necesario para cumplir el objetivo de ser un texto de consulta frecuente y, al mismo tiempo, expone postulados con prolijidad sobre el desarrollo procedimental del área. En ese sentido, puede visualizarse el enfoque procesal de la obra, que va desde lo orgánico a lo funcional en términos conceptuales —según alguna vez distinguió el destacado profesor Casarino Viterbo y otros tratadistas en la otrora época de la conceptualización del Derecho Procesal—, teniendo también toques precisos de doctrina y pertinentes citas a jurisprudencia destacada actualizada, cuestiones que sin duda aportan generosamente a la comprensión de los temas expuestos.

En las primeras páginas, luego de la presentación que realiza el destacado profesor costarricense Mario Peña Chacón y del prólogo que le dedica el maestro argentino Néstor A. Cafferatta, pueden apreciarse los primeros enfoques en lo que Peña y Lillo entiende como importante para el lector que comienza su inmersión en el área. Se le invita a reflexionar sobre las nociones y elementos de la justicia ambiental, que servirán de llave para poder abrir las puertas siguientes que se presentarán en el desarrollo de la obra. Cabe destacar que lo anterior lo logra de manera inteligente, tomando cuestiones fundamentales y problemáticas actuales que ordena para que sirvan de base al enfoque sistemático con el que postula el texto.

Dada su importancia, amerita una mención especial la parte que se refiere a las Bases del Derecho Procesal Ambiental, que es la piedra angular de esta inaugurada rama del Derecho Procesal. El autor pasa de un respetuoso repaso a la conceptualización clásica de la matriz Procesal en nuestro sistema para luego presentar al Derecho Procesal Ambiental conceptualmente relacionándolo con la institucionalidad ambiental, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el desarrollo sostenible y los medios que el legislador ambiental dispuso para su cautela. De esta forma, gracias al abordaje serio y dedicado que el autor realiza sobre su conceptualización, la obra aporta luces claras sobre la consolidación de la materia como una rama pública, instrumental, autónoma y social. Esta última característica del Derecho Procesal Ambiental que nos presenta su autor es de capital importancia, pues, a través suyo, es posible explicar la intervención oficiosa del órgano jurisdiccional en el desarrollo del proceso y la tutela de los derechos supraindividuales a su cargo.

No podría hablarse de Derecho Procesal Ambiental sin referirse a la forma en que orgánicamente se desarrolla la jurisdicción especializada y, en este caso, el autor lo hace de una forma práctica, en la cual revisa lo que han significado más de nueve años de vigencia de la Ley N° 20.600, que crea los tribunales ambientales, partiendo desde los sucesos previos a su creación, posterior conceptualización, características, conformación y funcionamiento. Es de destacar que hasta la fecha, según mi opinión, no existen otras obras que traten con profundidad material este tema, por lo que en cuanto al desarrollo doctrinario del área esta resulta de igual forma ser valiosa para nutrir aspectos que a más de un lector le quedaron pendientes.

Continuando con lo que sería materialmente útil para el operador, la obra desarrolla de lleno la competencia contenciosa administrativa de los tribunales ambientales planteada en los numerales del artículo 17 de la Ley N° 20.600, por medio de las cuales estos conocen las reclamaciones de ilegalidad de determinados actos administrativos y normas dictadas por el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, el Comité de Ministros y otros organismos del Estado con competencia ambiental. Además, analiza la competencia contenciosa para obtener la reparación por daño ambiental y la participación que los tribunales realizan de forma preventiva y previa consulta respecto de medidas temporales, suspensiones y ciertas sanciones aplicadas por la Superintendencia del Medio Ambiente, recogiendo de manera precisa los pormenores que pueden generar dudas en la práctica. Tal cuestión refleja el trabajo dedicado del autor, ya que toma para basar su desarrollo diversas referencias a casos que el lector podrá consultar para apoyarse de forma ilustrativa.

Tal como habíamos indicado anteriormente, dentro de las bondades de la obra podemos apreciar la destacada caracterización que realiza el autor del Derecho Procesal Ambiental como orgánico y funcional. Lo primero, relacionado con el estatuto jurídico de la Ley Nº 20.600, mientras que lo segundo comprende las cuestiones sustantivas elementales que nutren la doctrina inculcada en las cátedras de los procesalistas del siglo pasado, pero gracias a la sutileza del autor, podemos notarlo con nociones claras de los conceptos vigentes que son de plena aplicación a la materia. Lo anterior demuestra las justificadas credenciales de Peña y Lillo, quien haciendo gala de estas plantea con habilidad aspectos que servirán para nutrir la doctrina especializada y de seguro serán material de estudio para los neófitos del nicho.

En consecuencia, el autor nos ofrece un recorrido por tópicos que antes de su obra parecían agrestes, como normas sobre disposiciones comunes, un destacable título completo dedicado a los orígenes y la intervención procesal de los amicus curiae, principios, incidentes, medidas cautelares, algunas menciones sobre la valoración de la prueba y el contenido de las sentencias.

Luego, a la altura de los mejores manuales jurídicos, nos encontramos con un apartado completo orientado al desarrollo de los procedimientos seguidos ante los tribunales ambientales, en que el autor de la obra trata asuntos de significativa importancia. De esta forma, recorre la reclamación jurisdiccional, identificando con inteligencia sus distintas fases y realiza un correcto diagnóstico sobre cómo se sustancian ante la judicatura ambiental los reclamos frente a una decisión de la administración. Por supuesto, el autor también trata con generosa extensión la forma en que se tramita la demanda de reparación por daño ambiental, repasando cuestiones procedimentales esenciales, desde los requisitos formales del libelo, la etapa probatoria, y continúa con una importante reflexión sobre el principio de indemnidad. Además, se refiere con precisión a la etapa de sentencia y realiza algunos comentarios sobre la prescripción, temas, sin duda, destacados entre otros de igual importancia.

Considerando lo expuesto anteriormente, podemos indicar que el libro de Cristián Peña y Lillo cumple con creces la expectativa que nos crea su título, conceptualiza el Derecho Procesal Ambiental con eficiencia, inaugurando y dotando de contenido un área que parecía estar esperando un pionero que se aventurara a explorarla y compartirla con el resto. Es de mi parecer indicar que esta obra servirá como herramienta de consulta obligatoria y, si la recepción lo permite, como material de formación para las futuras generaciones que compartan el interés en el área.

* Pablo Miranda Nigro es abogado, máster en Derecho del Washington College of Law, ex ministro suplente abogado del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia y actualmente se desempeña como primer relator del Primer Tribunal Ambiental, con asiento en Antofagasta.

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