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Comentario al libro “La carga de la prueba del incumplimiento contractual en el Código Civil chileno”, de Andrés Erbetta

"...Una obra de gran calidad sobre un tema de enorme importancia dogmática y práctica, que ofrece al lector los resultados de un estudio profundo y meditado, lleno de reflexiones agudas y que no olvida en ningún momento que su función es construir desde y para el derecho chileno. Ese equilibrio lo hace un libro de gran interés tanto para académicos como para operadores —abogados y jueces—..."

Miércoles, 27 de octubre de 2021 a las 16:40
Ficha técnica
Título: La carga de la prueba del incumplimiento contractual en el Código Civil chileno
Autor: Andrés Erbetta Mattig
Editorial: DER Ediciones
Edición: 2021
Precio: $45.000
650 páginas
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Por Gonzalo Severin
–Profesor… —interviene una estudiante—, si una persona demanda la indemnización de daños por incumplimiento contractual, ¿debe probar que el deudor incumplió el contrato?

—Mire… —le responde el profesor—, esto viene resuelto por el artículo 1698 del Código Civil, que señala que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta […],por tanto, puesto que la extinción de la obligación ocurrirá normalmente a través del pago, es el deudor quien tiene la carga de la prueba del cumplimiento […].

—Pero, profesor —insiste la alumna—, si el incumplimiento del contrato es uno de los presupuestos de la obligación indemnizatoria, ¿no deberíamos concluir que la carga de la prueba del incumplimiento recae sobre el acreedor, porque a él incumbe probar la existencia de esa obligación?

—Es una buena pregunta…

Esa pregunta es la que ha guiado el trabajo de investigación doctoral del profesor Andrés Erbetta Mattig, cuya tesis, titulada La carga de la prueba del incumplimiento en el derecho civil chileno, defendió exitosamente en la Universidad de los Andes el año 2020 y que este año ha publicado bajo el sello de DER Ediciones. Una pregunta cuya respuesta no solo es interesante desde un punto de vista dogmático, sino que tiene —es evidente— una enorme importancia práctica.

Como suele ocurrir tratándose de la publicación de tesis doctorales, el libro ofrece, al comienzo, una breve introducción general, en la que el autor explica el problema a abordar y su contexto, justifica su importancia, da cuenta de la metodología empleada y de la estructura del trabajo. En esta parte el profesor Erbetta Mattig explicita su hipótesis: que, por regla general, el acreedor debe acreditar el contrato y su contenido, y le basta con alegar el incumplimiento para que el deudor tenga que probar el cumplimiento u otra forma de extinción. Solo excepcionalmente el acreedor debe probar el incumplimiento del contrato.

A través de cuatro extensos capítulos —que sobrepasan en conjunto las 500 páginas—, el autor desarrolla con profundidad los diversos aspectos y argumentos que le permiten demostrar esa proposición. Ya desde el comienzo el lector advertirá un destacable manejo de las fuentes doctrinales y, muy especialmente, un hondo trabajo de lectura y sistematización de una gran cantidad de sentencias, a las que recurre frecuentemente para ilustrar las diversas posiciones e interpretaciones de las normas y soluciones que analiza.

En el primer capítulo el autor presenta los distintos criterios con los que la jurisprudencia y la doctrina han justificado la distribución de la carga de la prueba del incumplimiento (el recurso al criterio de la normalidad; el recurso a la clasificación de los hechos: constitutivos, extintivos, impeditivos, modificativos; el principio de aportación de parte), adoptando una posición crítica. En estas páginas, quien se acerque por primera vez a este tema encontrará muy bien planteadas las diversas posiciones doctrinales y las consecuencias de asumir tales criterios, cada una de ellas pertinentemente ilustradas con sentencias de nuestros tribunales.

En el segundo capítulo el profesor Erbetta Mattig desarrolla principalmente su posición acerca del rol central de la regla contenida en el artículo 1698 del Código Civil (CC) para resolver la pregunta acerca de la carga de la prueba del incumplimiento contractual. Para ello ofrece una interpretación de dicha regla, que considera sus antecedentes históricos y su tenor literal, además de los argumentos de interpretación lógica y sistemática. La norma, a su entender, distribuye el riesgo de la falta de prueba entre el acreedor y el deudor, partiendo de la base de que los conceptos jurídicos de cumplimiento e incumplimiento son opuestos y excluyentes, una idea sobre la cual vuelve en varias oportunidades a lo largo del trabajo. El acreedor que alega el incumplimiento contractual no debe probar dicho hecho; le basta probar la existencia de la obligación, la existencia del contrato y su contenido. Probada la existencia de obligación contractual, el acreedor no debe probar que está incumplida, pues ella se entiende subsistente: existe una “presunción de permanencia de la obligación contractual”, siendo así el deudor quien soporta el riesgo de la falta de prueba de su extinción (por cumplimiento). Parece natural preguntarse, entonces qué significa que el acreedor deba probar el contrato. Por eso, en forma sucinta, Erbetta Mattig recuerda, primero, el alcance de la “presunción de validez” de los actos jurídicos y repasa sobre en quién recae la carga de probar los elementos del acto (consentimiento, capacidad, objeto, causa, solemnidad); luego, analiza los casos específicos contenidos en el Código Civil, en los que existe una regla especial referida a la prueba del contenido de la obligación.

En este mismo capítulo el autor aborda otros tres aspectos claves —y de gran importancia práctica— para resolver a la pregunta sobre la carga de la prueba del incumplimiento: si incide si la obligación es de medios o de resultado; si incide la elección del remedio frente al incumplimiento (pretensión de cumplimiento, facultad resolutoria, indemnización de daños), y si incide el hecho de que el incumplimiento alegado es un incumplimiento imperfecto. El profesor Erbetta Mattig analiza cada una de estas cuestiones con profundidad, dando cuenta de las diversas posiciones doctrinales y de las soluciones adoptadas por la jurisprudencia. Frente a cada una de esas preguntas sostiene su posición de que la regla general sobre la carga de la prueba del incumplimiento se mantiene inalterada.

Tras explicar el fundamento y alcance de la regla general que se construye a partir del tenor del artículo 1689 del CC, el profesor Erbetta Mattig identifica algunos casos excepcionales, esto es, casos en los que el riesgo por la falta de prueba del incumplimiento contractual recae en el acreedor. Entre ellos, el caso en que el deudor acredita un hecho que la propia ley considera revelador de la extinción de la obligación (las llamadas presunciones de pago); el hecho de que el acreedor haya aceptado la prestación (principio de prueba del cumplimiento conforme), y el caso del incumplimiento de las obligaciones negativas. El tercer capítulo del libro se dedica precisamente al estudio de estos y de otros casos más específicos. Tal como en el capítulo anterior, las diversas posiciones doctrinales son ilustradas y analizadas críticamente a partir de la doctrina nacional y de numerosas sentencias de nuestros tribunales, que demuestran un esfuerzo consciente y un objetivo claro y bien logrado en orden a construir estas reglas o principios desde el derecho positivo chileno, sin perjuicio de que en ocasiones recurra a una norma extranjera para ofrecer un contexto o un contrapunto (como ocurre con el análisis que ofrece del parágrafo 363 del Código Civil alemán, en relación con la aceptación del cumplimiento).

En el cuarto y último capítulo el profesor Erbetta Mattig centra su interés en la disposición del artículo 1547 inciso 3º del CC, en relación con uno de los remedios frente al incumplimiento: la pretensión indemnizatoria. Primero, analiza la relación que existe entre dicha regla y la del artículo 1689 del CC, para concluir que esta última regla aborda la cuestión de la carga de la prueba del incumplimiento en forma más general y menos particularizada que la del artículo 1547 del CC, que solo asigna la prueba de dos elementos concretos: el caso fortuito y el empleo de la diligencia. Con ello reafirma, de paso, el rol central que atribuye al artículo 1689 del CC. El autor pone de relieve que la comprensión predominante en los sistemas de derecho continental es que la indemnización por incumplimiento tiene un fundamento subjetivo y, puesto que se requiere acreditar la existencia de culpa, ello invita a preguntarse acerca de la carga de la prueba de la culpa del deudor. El profesor Erbetta Mattig da cuenta de un estudio profundo de esta materia en el derecho chileno, identificando diversas posiciones doctrinales, que analiza pormenorizada y críticamente, para, al final, y tal como en los capítulos anteriores, ofrecer su propia propuesta de interpretación sobre el sentido y alcance de la regla del inciso 3° del artículo 1547 del CC. Cierra el libro un apartado de conclusiones.

Se trata, en fin, de una obra de gran calidad sobre un tema de enorme importancia dogmática y práctica, que ofrece al lector los resultados de un estudio profundo y meditado, lleno de reflexiones agudas y que, sobre todo, no olvida en ningún momento que su función es construir desde y para el derecho chileno. Ese equilibrio hace de este libro una obra de gran interés tanto para académicos como para operadores —abogados y jueces— y refleja, en buena medida, el talante de su autor, quien combina su vocación científica y académica con el ejercicio práctico de la profesión.

Con todo, es muy probable —como sugiere el profesor Jorge Baraona en el prólogo de la obra— que muchas de las cuestiones planteadas en esta obra sigan siendo objeto de discusión, pero desde hoy tales discusiones, si pretenden abordarse seriamente, deberán tomar en consideración el resultado del estudio y las opiniones que —con muy buena pluma, por lo demás— ofrece el profesor Erbetta Mattig en este libro, por el que le felicito muy sinceramente.

* Gonzalo Severin Fuster es profesor de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

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