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Respuesta a las críticas del proyecto de ley sobre plataformas digitales

"...Atacan los aspectos más gravosos para las plataformas digitales del referido proyecto de ley, sosteniendo que serían exactamente lo contrario: cargas para los usuarios. Con ello, dan pie a la sospecha de que defienden los intereses de dichas plataformas como lobbistas disfrazados de activistas..."

Jueves, 21 de octubre de 2021 a las 11:30
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Carlos Amunátegui, Isabel Cornejo, Lorena Donoso, Paulina Ramos, Nathalie Walker y Guido Girardi
El recién presentado proyecto de ley sobre plataformas digitales (Boletín N° 14.561-19) ha sido objeto de comentarios de distintos sectores, algunos de los cuales con evidente conflicto de intereses —al ser financiadas por las propias plataformas que se pretende regular— han presentado numerosas objeciones, en general, algo inconsistentes con el texto del proyecto. Si hacemos el ejercicio de agruparlas, en principio, cubren cuatro materias. La primera es la idea de someter a las plataformas digitales a la regulación de consumidores; la segunda es el concepto de libertad de expresión digital; la tercera se refiere a la responsabilidad objetiva de las plataformas digitales y, finalmente, la cuarta alude a un tratamiento inorgánico a materias como la protección a la infancia.

La primera es una de las críticas más curiosas que podrían efectuarse al referido proyecto. En ella se lamenta la emergencia del concepto de consumidor digital, puesto que alejaría la discusión de la órbita de los derechos y la enmarcaría en el consumo. En apariencia, es la palabra consumidor la que molesta, lo cual recuerda a los nominalistas del s. XIV. No obstante, como nos recuerda Celso, conocer las leyes no es solo entender sus palabras, sino su alcance y poder (D.1.3.17. Celsuslibro 26 digestorum. Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem). En este momento, el usuario de plataformas digitales no está generalmente amparado por los derechos del consumidor. En efecto, las relaciones de consumo deben ser onerosas y, al no exigir las plataformas digitales una contraprestación pecuniaria, dejan a sus usuarios desprovistos de los más elementales derechos que amparan las relaciones jurídicas de los particulares. Las condiciones generales de contratación de carácter abusivo, la posibilidad de adoptar decisiones en forma unilateral, los contratos de adhesión y una amplia gama de abusos se abren espacio ante este vacío. El proyecto de ley, justamente, cierra esa posibilidad, protegiendo a los usuarios de plataformas digitales de una manera más profunda a través del derecho del consumo.

La segunda crítica está referida al concepto de libertad de expresión digital, que garantiza que los contenidos subidos por personas naturales no puedan ser retirados por las plataformas sino en cuanto sean constitutivos de injuria civil, amenaza o que constituyan delitos tipificados en el ordenamiento. Es decir, los límites tradicionales de la libertad de expresión en el mundo físico, todos conceptos centenarios y bien definidos en la doctrina y jurisprudencia. Extrañamente, las críticas entienden el contenido de la referida libertad de manera exactamente contraria a su tenor, sosteniendo que se establecería una suerte de censura del contenido digital. La verdad es que la argumentación es difícil de seguir por su profundo ilogismo. Una norma que prohíbe retirar contenidos es convertida en una norma que obliga a eliminarlos mediante una suerte de “prestidigitación intelectual” mal lograda. Por lo demás, el principio que guía toda la ley es, justamente, la equivalencia normativa, en el sentido de que la regulación de la conducta en el espacio virtual debe ser equivalente a la que impera en el espacio físico, aunque los críticos parecen entender lo contrario.

La tercera crítica se relaciona con la responsabilidad objetiva de las plataformas digitales por los daños que causen a los usuarios. Al respecto, resulta extraño concluir que al hacer responsables a las plataformas digitales se debilitaría la posición de los usuarios de las mismas. Es paradójico y contradictorio, sobre todo cuando algunas críticas al proyecto intentan hacer creer que la responsabilidad no es de las plataformas sino de los usuarios, cuestión completamente contraria a lo planteado en el proyecto.

Respecto de la cuarta crítica, ponemos especial acento en la consideración de los niños, niñas y adolescentes (NNA) como sujetos de derecho, lo que implica el pleno respeto de su dignidad y reconocimiento de todos sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho a ser oído, su privacidad y libertad de expresión, los cuales, por cierto, deben ejercerse de acuerdo al principio de autonomía progresiva y velando por el interés superior de la niñez. En esta línea, ha sido considerada la Convención de los Derechos del Niño, así como las recomendaciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA y la CIDH, que publicó un informe sobre Niñez, libertad de expresión y medios de comunicación (2019), así como otros informes de Unicef.

En definitiva, las críticas atacan los aspectos más gravosos para las plataformas digitales del referido proyecto de ley, sosteniendo que serían exactamente lo contrario: cargas para los usuarios. Con ello, dan pie a la sospecha de que defienden los intereses de dichas plataformas como lobbistas disfrazados de activistas.

* Carlos Amunátegui Perelló, profesor de Derecho Civil de la Universidad Católica; Isabel Cornejo Plaza, profesora de Derecho Civil de la U. Autónoma; Lorena Donoso Abarca, profesora de Derecho Procesal de la U. de Chile; Paulina Ramos Vergara, profesora de Bioética de la U. Católica; Nathalie Walker Silva, profesora de Derecho Civil de la U. Andrés Bello, y Guido Girardi Lavín, presidente de la Comisión de Futuro del Senado.

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