Si bien la Constitución Política de la República de Chile contempla como derecho fundamental que ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención de la justicia, lo cierto es que, si bien existe el acceso a esta, por su lentitud, hace pensar que no existe justicia en nuestro país.

En las últimas décadas se han reformado los procedimientos laborales, de familia y penales, sin embargo, la tan necesaria reforma procesal civil sigue en la sala de espera, sin que se haga aún realidad. Al parecer, la gran piedra de tope sería el costo que esta implica para el presupuesto de la nación.

Dicha reforma hoy es más necesaria que nunca. Si bien los tribunales civiles llevan años funcionando sin el presupuesto, el personal e infraestructura necesarios, la pandemia agudizó las consecuencias de esto y el número de litigios acumulados ha sido más que exponencial. Esto, a causa de la promulgación y aplicación de la Ley 21.226, que facultó a la Corte Suprema para que durante el estado de excepción ordenara suspender las audiencias en tribunales, así como diligencias y actuaciones judiciales que pudieran causar indefensión a alguna de las partes o intervinientes. Ahora, en el último día del estado de excepción se promulgó y publicó la Ley 21.379, modificando la anterior, buscando, entre otras cosas, que los términos probatorios de los procedimientos ordinarios, especiales y arbitrales suspendidos se reanuden, junto con extender la aplicación de esta ley hasta el 30 de noviembre de 2021.

Esto claramente no basta. Los tribunales tendrían un atraso de tres años en la tramitación de los juicios que están conociendo, ya que en los 30 juzgados civiles de Santiago tan solo la suspensión de la etapa probatoria, por ejemplo, implicaría que hay más de 20 mil procedimientos paralizados. En algún momento próximo estos juicios volverán a reanudarse y los jueces deberán resolver las controversias que en estos se disputan. Sin embargo, a lo largo de nuestro país las cifras muestran elocuentemente el trasfondo tras todo esto. En Chile existen apenas 100 tribunales civiles a los que, de acuerdo con las estadísticas publicadas en el Poder Judicial, ingresaron un promedio de 1.948.927 juicios entre los años 2015 a 2019. En 2020, no obstante, el número de causas ingresadas solo alcanzó 1.085.225, una baja considerable. Esto lleva a preguntarse si existió necesidad de recurrir a la justicia el año pasado; si, dado la pandemia, las personas prefirieron un mecanismo distinto para solucionar sus controversias o si, muy grave, han perdido la confianza en la justicia chilena dado todo lo que tarda en llegar.

Dejando de lado la justificable alteración que supuso una pandemia, lo cierto es que ya la justicia civil iba rezagada antes de esta. Se requiere con urgencia de un presupuesto extraordinario, asociado a aumentar el número de funcionarios, y aprobar una reforma del sistema judicial tendiente a modificar procedimientos posiblemente arcaicos, así como a pensar en tribunales especializados y en revisar o hacer más eficiente el rol de los auxiliares de la justicia. La tan esperada reforma procesal civil debe concretarse a la brevedad.

* Pedro Eguiguren Cosmelli es socio de Eguiguren Abogados.