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Salud: avances en digitalización de documentos y firma electrónica

"...Es de esperarse que este impulso no se detenga con la atenuación o remisión del covid-19 y, así, la digitalización de procesos en el ámbito de la salud —por supuesto, con todos los resguardos necesarios— siga promoviendo el acceso, en un entorno seguro y de prestaciones de calidad. Para esto, la gestión documental no puede ser un problema o significar un mero permanente riesgos de incumplimiento..."

Martes, 12 de octubre de 2021 a las 12:30
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Felipe von Unger
El Sistema Nacional de Acreditación de Prestadores Institucionales de Salud cumple una función relevante como mecanismo impulsor de la calidad y la seguridad en salud. Su propósito es “evaluar el cumplimiento, por parte de aquellos prestadores institucionales que se sometan a él, de los estándares fijados con el objeto de velar porque las prestaciones que otorgan revistan la calidad necesaria para resguardar la seguridad de sus usuarios” (art. 1, D.S. N°15). En procura de este objetivo estratégico el sistema contempla un procedimiento de acreditación al que se someten dichos prestadores, el que es llevado adelante por las llamadas entidades acreditadoras. Todo esto bajo el alero fiscalizador de la Intendencia de Prestadores.

Como puede adivinarse, la acreditación es un trance complejo, que supone para los prestadores revisar sus procesos, tanto generales como específicos, y exhibir a la autoridad, y por supuesto a las entidades acreditadoras, documentación respecto de una multiplicidad de materias. Una de ellas, que ha ido cobrando especial relevancia, pues diversas legislaciones sectoriales sucesivas la han incorporado, consiste en las constancias que deben recabar y custodiar los prestadores en las que el paciente declare, por ejemplo, que efectivamente se ha solicitado su autorización para someterle a una determinada intervención o que ha sido informado de las prestaciones o beneficios legales a los que tiene derecho (consentimientos informados).

Estos consentimientos informados se suman a una serie de otros documentos que los prestadores están en necesidad de administrar, ya sea de naturaleza contractual o médica, o por exigencia especial de las normas que les son aplicables, y que son requeridos en los procesos de acreditación o por la autoridad en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras. Por esta razón, representan una muy buena noticia los avances en digitalización y firma electrónica que la Intendencia introdujo en agosto del año pasado a la Circular IP N°45, que compendia las normas aplicables a las entidades acreditadoras del sistema, en el sentido de finalmente permitir la firma electrónica y la digitalización de dichos consentimientos informados.

Así, por medio de la versión 5.0 de la Circular IP N°45, la Intendencia hace aplicable en general al sistema el principio de equivalencia funcional entre el soporte papel y el soporte electrónico para toda clase de documentos, así como entre la firma manuscrita y la firma electrónica, ambos consagrados en la Ley N° 19.799 sobre firma electrónica. Del mismo modo, específicamente sobre la digitalización y firma de los documentos que dan cuenta de los consentimientos informados, la Intendencia ha instruido, en primer lugar, que el prestador que hubiere optado por documentos físicos y firma manuscrita para su suscripción, luego de su obtención, puede digitalizar dicho documento, quedando incorporado como una imagen en la ficha clínica electrónica, pudiendo destruir luego la versión física. En segundo lugar, que el prestador institucional podrá incorporar el uso de documentos y firmas electrónicos como verificador de quien obtiene y quien consiente el procedimiento respectivo, para dejar aquello consignado por escrito.

Este avance regulatorio en materia de digitalización de la gestión de los prestadores institucionales de salud en materia de acreditación viene a sumarse a otros esfuerzos llevados a cabo por la autoridad y por el Poder Legislativo en el campo de la salud, de los que hemos tenido noticia especialmente durante estos ya casi dos años de pandemia. A modo de ejemplo, citamos las modificaciones al reglamento de farmacias en lo que respecta a la venta de medicamentos a través de medios electrónicos, también la Ley N° 21.267, sobre uso de receta médica electrónica, o la Circular IP N°7, de la Intendencia de Salud, sobre el otorgamiento de prestaciones en forma remota.

Es de esperarse que este impulso no se detenga con la atenuación o remisión del covid-19 y, así, la digitalización de procesos en el ámbito de la salud —por supuesto, con todos los resguardos necesarios— siga promoviendo el acceso, en un entorno seguro y de prestaciones de calidad. Para esto, la gestión documental no puede ser un problema o significar un mero permanente riesgos de incumplimiento, sino que debe constituir un pilar más en la provisión de un servicio a la altura de las necesidades de los pacientes.

* Felipe von Unger Valdés es asociado de Alessandri Abogados.

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