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Una respuesta a la crítica presentada al proyecto de ley que obliga a las instituciones financieras a informar sobre el impacto ambiental de sus inversiones

"...Para inversionistas puede ser relevante contar con una normativa que se refiera a los riesgos climáticos que afectan a sus fondos, pero eso no puede ocultar la pregunta por el papel del sector financiero ante la crisis ambiental y la respuesta regulatoria que podamos dar para encauzar un mayor compromiso del sector a favor de la acción climática y la biodiversidad..."

Martes, 12 de octubre de 2021 a las 18:00
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Pilar Moraga y Camilo Cornejo
Tal como rescata una reciente columna publicada en este medio, en abril de 2021 se presentó un proyecto de ley que tiene por finalidad que las instituciones financieras publiquen el impacto o rendimiento ambiental de sus inversiones (Boletín N°14.167-12). Por él se busca saber qué proyectos avala una inversión y cuáles son sus impactos ambientales (vg.r. conocer si se financia una termoeléctrica o un proyecto de hidrógeno verde).

Afirma esta iniciativa que para obtener la carbono neutralidad se necesita involucrar al sector financiero y que este sea consciente de que sus inversiones tienen un impacto en el nivel de emisiones de gases con efecto invernadero. Así, en un único artículo, y como precisamente destaca el comentario publicado, el proyecto de ley se limita a crear una medida de publicidad para este sector, el que deberá informar a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) los impactos ambientales de los proyectos que apoyó directa o indirectamente con sus fondos.

A esta idea el columnista presenta una aguda crítica que se fundamentó en que sería errada la propuesta ya que la finalidad de las leyes sobre publicidad de riesgos climáticos tiene por objeto resguardar la estabilidad del sistema financiero, ya que los efectos del cambio climático potencialmente afectarán el precio de los activos y con ello es necesario proteger a los inversionistas para que sepan si sus fondos están o no expuestos a pérdidas producto de la crisis climática. Por esto agrega que es equivocado que el proyecto de ley no hable de riesgos (lenguaje más afín al mercado de capitales), que solo se dirija a inversionistas y no demandantes de capital, que no se presenten métricas para evaluar los riesgos que tiene un fondo por eventos climáticos o que no se considere que ciertas entidades deban quedar excluidas de entregar información.

Con todo, si fuera efectivo que el proyecto busca resguardar a los inversionistas y al capital de las contingencias que genera la crisis climática, todas estas observaciones parecen muy atingentes y necesarias de analizar. Pero, desde una lectura puramente académica, se advierte que esta no es la finalidad que se persigue, con lo que la columna ha construido un hombre de paja, un proyecto imaginario, para luego criticarlo y reprocharle una serie de defectos.

En efecto, la iniciativa legislativa plantea otra pregunta regulatoria: ¿es razonable que el sector financiero informe a la comunidad qué proyectos apoya con sus fondos y cuáles son los efectos sobre el medio ambiente de esos proyectos? ¿Es relevante para una comunidad políticamente organizada conocer si las carteras de inversión están financiando proyectos con altos impactos ambientales como lo sería una termoeléctrica? ¿Se puede resguardar el medioambiente con estas medidas?

Vale hacer presente que esto no es un fenómeno del todo novedoso ni ajeno al mundo financiero. En este sentido, (i) el propio sector se ha intentado autorregular con los denominados Principios del Ecuador, gracias a los cuales algunas instituciones publican los efectos ambientales de los proyectos en los que invierten; (ii) organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) promueven dispositivos ambientales similares (en este sentido, FMI y el medioambiente); (iii) los Objetivos para el Desarrollo Sustentable son explícitos en buscar que todos los sectores interioricen una preocupación ambiental y no se descuide el entorno so pretexto de la preocupación económica, y (iv) la ONU ha establecido una serie de directrices para involucrar al sector privado en el respeto de los derechos humanos en general y de su vínculo con el medio ambiente (DD.HH. y empresas). Fuera de esto, parecen existir otras razones desde el derecho ambiental que justifican la medida, como por ejemplo al introducir una medida de publicidad, por la cual las personas conocen qué proyectos están sustentando sus fondos, se favorece una participación ambiental informada en la vida económica.

Adicionalmente, esto explica por qué el proyecto da una breve cuenta del caso neozelandés, así como también recuerda que el Banco Mundial ha desarrollado un engranaje encargado de encausar un mejor el rendimiento ambiental de las inversiones (Programa Medio Ambiente del Banco Mundial). Más aún, con los hipervínculos de los casos respectivos la iniciativa destaca que la institución ha analizado casos chilenos como Alto Maipo o Empresa Pangue Alto Biobío, este último en el cual se cuestionó el rol de los financistas e incluso se terminó desfinanciando la iniciativa.

Sin lugar a duda, para inversionistas puede ser relevante contar con una normativa que se refiera a los riesgos climáticos que afectan a sus fondos, pero eso no puede ocultar la pregunta por el papel del sector financiero ante la crisis ambiental y la respuesta regulatoria que podamos dar para encauzar un mayor compromiso del sector a favor de la acción climática y la biodiversidad, ya que sus acciones u omisiones no son inocuas. De hecho, uno de los grandes desafíos de esta crisis ambiental sin precedentes consiste en cuestionar si solo el derecho ambiental está en condiciones de dar respuesta, o si será necesario pensar esta materia de forma transversal al ordenamiento jurídico, exigiendo a cada área una reacción transformativa.

Con ello, la invitación es cuestionar qué tan cierta es la afirmación tan categórica y sin aparentes excepciones que se indica en la columna, por la cual se da a entender que las leyes sobre publicación de impactos/riesgos climáticos de los fondos de inversión (como el boletín comentado) solo pueden tener por objeto resguardar a los dueños de los recursos expuesto a la degradación de los activos producto del cambio climático, o si por el contrario, es plausible pensar que estas normativas sectoriales también puedan involucrar al sector financiero en una necesidad de actuación ambiental impostergable, superando con esto una lectura aislada de la regulación financiera y comprometiendo a un sector que está muy lejos de ser ajeno a los conflictos ambientales.

* Pilar Moraga Sariego es directora del Centro del Clima y la Resiliencia CR(2), abogada y profesora titular de la Universidad de Chile, así como doctora en Derecho y máster en Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lille2-Francia, mientras que Camilo Cornejo Martínez es instructor del Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho, abogado y magíster (c) de la U. de Chile.

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