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Corte Suprema y arbitraje

"...El fallo en cuestión prescinde de otras buenas razones jurídicas que habrían permitido a la Corte Suprema fallar en igual sentido (...) En resumidas cuentas, existían otras vías o posibilidades que habrían permitido a nuestro máximo tribunal llegar en este caso a un mismo resultado, pero ocasionando menos tensiones a la institución del arbitraje..."

Lunes, 20 de septiembre de 2021 a las 19:45
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Gerardo Ovalle y Fernando Salas
Por medio de un fallo dictado en mayo del presente año (causa ingreso N°14.990 de 2019), la Corte Suprema ha dado bastante que hablar al círculo de abogados que se dedican al arbitraje. Ello, toda vez que ha fijado ciertas directrices y limitaciones respecto de las materias que pueden o deben entenderse incorporadas en una cláusula arbitral.

No será este el lugar para extenderse en los detalles del mérito y las razones de justicia del caso particular, basta con indicar que el juicio a que se refiere el asunto se inició mediante una demanda presentada ante un tribunal ordinario por una compañía de servicios de asesoría en licitaciones contra una importante empresa dedicada a la manufactura de productos eléctricos. Bajo el amparo de un contrato entre las partes, la demandante buscaba que se condenara a la demandada a pagar una última cuota del valor de ciertos servicios prestados.

Sin perjuicio de haberse defendido la demandada oponiendo la excepción de contrato no cumplido, fue en definitiva condenada en primera instancia a pagar. Agraviada por el resultado, se alzó en contra de la sentencia —y recién en los alegatos— destacó que el contrato celebrado entre las partes incluía una cláusula arbitral, por medio de la cual se había acordado que “(…) toda controversia respecto a la interpretación, ejecución o validez de este contrato, [deberá] ser resuelta en única instancia por un árbitro arbitrador (…)”. En virtud de ello, la demandada solicitó a la corte de Apelaciones que se declarara la nulidad de la sentencia. El tribunal de alzada resolvió invalidar el fallo dictado por el tribunal de primera instancia, razonando que este habría sido incompetente.

En contra de lo resuelto por la corte de Apelaciones, la demandante interpuso un recurso de casación en el fondo y, conociéndolo, la Corte Suprema resolvió acogerlo. ¿Por qué? Porque estimó que, si bien no había dudas acerca de la existencia de un acuerdo entre las partes para resolver mediante arbitraje cualquier controversia relativa a la interpretación, ejecución y validez del contrato, dicho acuerdo no se extendía a nada más y, en consecuencia, no resultaba aplicable a controversias referidas al cumplimiento del mismo contrato. De ese modo, considerando que se había acudido al juez ordinario para que este resolviera respecto del cumplimiento del contrato entre las partes, entonces ese juez ordinario sí era competente para conocer y fallar la controversia. Sobre la base de ese razonamiento, la Corte Suprema dispuso que la causa volviera a la corte de Apelaciones, para que una sala no inhabilitada resolviera derechamente el asunto.

En relación con lo anterior, llama en primer lugar la atención lo hasta cierto punto “forzado” que resulta hacer una distinción tan tajante entre la “ejecución” y el “cumplimiento” de un contrato, toda vez que, desde un punto de vista meramente lingüístico, la voz “ejecución” significa, entre otros, llevar a la práctica, realizar. De este modo, y para este caso particular, es a lo menos discutible que el “cumplimiento” del contrato deba entenderse excluido de la jurisdicción arbitral.

Por otro lado, el fallo en cuestión prescinde de otras buenas razones jurídicas que habrían permitido a la Corte Suprema fallar en igual sentido, como es, por ejemplo, el hecho que la demandada no opuso oportunamente la correspondiente excepción de cláusula compromisoria, impropiamente subsumida bajo la más genérica de incompetencia. Según ello, era perfectamente posible entender que la demandada había reconocido tácitamente la jurisdicción del tribunal ordinario y, consecuencialmente, renunciado a la justicia arbitral.

En resumidas cuentas, existían otras vías o posibilidades que habrían permitido a nuestra Corte Suprema llegar en este caso a un mismo resultado, pero ocasionando menos tensiones a la institución del arbitraje.

* Gerardo Ovalle Mahns y Fernando Salas Reyes son socios de Yrarrázaval, Ruiz-Tagle, Ovalle, Sals & Vial.

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